Cory Swanson

La Corte Suprema de Montana rechazó una solicitud para suspender la licencia de ejercicio de la ley del principal abogado del estado, el Fiscal General Austin Knudsen.

Knudsen, Fiscal General de Montana desde 2021, había estado bajo escrutinio por un organismo designado por la Corte Suprema de Montana, encargado de investigar y evaluar el cumplimiento de los abogados de Montana con los estándares estatales de conducta profesional.

La Oficina del Consejero Disciplinario argumentó que Knudsen y los abogados del Departamento de Justicia de Montana que trabajan bajo su dirección actuaron en contra de los “preceptos” éticos, alegando que Knudsen “socavó rutinaria y frecuentemente la confianza pública en la imparcialidad y justicia de nuestro sistema judicial al intentar evadir la autoridad de la Corte Suprema de Montana y atacar la integridad del poder judicial y de los jueces que fueron debidamente elegidos por los ciudadanos de Montana para tomar decisiones”.

Timothy Strauch, un abogado de Missoula contratado por la Oficina del Consejero Disciplinario para presentar los cargos de mala conducta profesional contra Knudsen, argumentó en una presentación del 23 de septiembre de 2023 que las acciones de Knudsen podrían llevar al público a “cuestionar si el sistema judicial en sí mismo es digno de respeto”. Strauch había solicitado a la corte que disciplinara a Knudsen suspendiendo su licencia de ejercicio de la ley por 30 días y exigiéndole que pagara los gastos del procedimiento disciplinario en su contra.

En una acusación de 41 cargos, Strauch recopiló docenas de declaraciones hechas por Knudsen y los abogados del Departamento de Justicia. Strauch argumentó que, al hacer declaraciones “despectivas, indignas, descorteses y/o irrespetuosas” sobre el poder judicial, Knudsen había violado un puñado de normas de conducta profesional específicas para abogados. Strauch también argumentó que Knudsen no cumplió con el juramento que hizo al unirse al colegio de abogados del estado en 2008.

Strauch señaló secciones de presentaciones judiciales en las que Knudsen y otros abogados del Departamento de Justicia acusaron a la Corte Suprema y a su administradora de intentar “ocultar su mala conducta”, incurrir en “conducta impropia judicial” y hacer declaraciones “falsas”. Estas declaraciones se hicieron en el contexto de una prolongada disputa sobre la separación de poderes entre los legisladores de Montana y los jueces estatales.

En 2021, la Legislatura solicitó información sobre las comunicaciones por correo electrónico de Beth McLaughlin, administradora de la Corte Suprema de Montana, con los jueces con respecto a su evaluación de los proyectos de ley presentados por los legisladores a principios de ese año que se esperaba que tuvieran relación con el poder judicial. La Legislatura citó esas comunicaciones, lo que provocó una serie de declaraciones enérgicas con respecto al límite entre la capacidad de los legisladores para aprobar leyes y la autoridad de los jueces para interpretar su legalidad. McLaughlin solicitó que se anulara la citación, pero solo después de que el Departamento de Justicia recibiera unidades USB que contenían miles de correos electrónicos. Durante casi un año, en desafío a una orden de la Corte Suprema, el Departamento de Justicia se negó a devolver las unidades USB.

En la extensa orden de la corte del 31 de diciembre, el Presidente de la Corte Suprema, Cory Swanson, expresó una mayor preocupación por la negativa de Knudsen a devolver rápidamente las unidades USB que por las declaraciones hechas por Knudsen y otros abogados del Departamento de Justicia en los meses anteriores y posteriores a la devolución de las unidades.

La Oficina del Consejero Disciplinario, escribió Swanson, “simplemente no logró probar” que Knudsen desafiara las normas de conducta que prohíben a un abogado socavar las calificaciones o la integridad de un juez al hacer declaraciones falsas “o con imprudencia en cuanto a su veracidad o falsedad”. Swanson escribió que “cada una de las declaraciones de Knudsen críticas con la Corte era una declaración de hecho, que la Oficina del Consejero Disciplinario no logró probar que fuera falsa, o una declaración de opinión”. También escribió que la Oficina del Consejero Disciplinario no demostró que la conducta de Knudsen “tuviera una relación con un efecto adverso en un procedimiento judicial específico”.

La opinión mayoritaria de 91 páginas concluyó que “un litigio extenso con numerosas audiencias que se desarrollan públicamente durante años, junto con nuestra Opinión y Orden que encuentran violaciones, es mucho peor y una sanción más informativa que la admonición privada originalmente contemplada”. La orden continuó aconsejando “a todos los abogados de Montana, incluido Knudsen y sus subordinados, que obedezcan todas las órdenes legales de todos los tribunales”.

Dado que la mayoría de los jueces de la corte estaban involucrados en la controversia que precedió a la investigación ética, se abstuvieron de tomar una decisión. Swanson, un ex Fiscal del Distrito del Condado de Broadwater cuya candidatura en 2024 para dirigir la máxima corte del estado fue respaldada por destacados funcionarios republicanos, designó a cinco jueces de distrito para considerar los cargos de la Oficina del Consejero Disciplinario en lugar de los jueces habituales. Esos jueces de distrito son Jessica Fehr, Rod Souza, Luke Berger, Gregory Bonilla y Paul Sullivan.

En una declaración enviada por correo electrónico el miércoles por la tarde, Knudsen celebró la decisión de la corte.

“Agradezco a la Corte Suprema por poner fin a esta frívola queja después de tanto tiempo. Hemos dicho desde el principio que esto no fue más que una maniobra política”, escribió Knudsen. “Me alegra que esta distracción haya quedado atrás mientras continuamos con nuestro trabajo en el Departamento de Justicia para mantener a Montana como el mejor lugar para vivir y criar una familia”.

El Presidente de la Cámara de Representantes, Brandon Ler, R-Savage, también comentó sobre la orden.

“El Fiscal General Knudsen actuó dentro de su autoridad constitucional y en defensa de la separación de poderes. Los intentos de castigar a un funcionario electo por enfrentarse a la extralimitación judicial socavan nuestro sistema de gobierno y la voluntad del pueblo”, escribió Ler en una declaración enviada por correo electrónico.

Katherine Bidegaray, la otra jueza recientemente elegida de la Corte Suprema que no participó en la disputa de 2021 entre la corte y la Legislatura, redactó una opinión que coincidió con algunos aspectos de la opinión mayoritaria y contradijo varios elementos clave. Bidegaray escribió que la Comisión de Práctica, el panel que remitió la conducta de Knudsen a la Oficina del Consejero Disciplinario para cargos formales, “llegó a conclusiones que son revisables y están respaldadas por pruebas claras y convincentes”. También argumentó que la negativa de Knudsen a la orden de la corte de devolver el material citado “fue perjudicial para la administración de justicia” y que la decisión mayoritaria equivale a desestimar la denuncia contra Knudsen “sin sanción”.