Un proyecto de ley en Chile busca transformar la forma en que se financia el cuidado infantil, con el objetivo de impulsar la participación femenina en el mercado laboral y apoyar el desarrollo de los niños. Actualmente, el Código del Trabajo exige que las empresas con más de 19 trabajadoras financien salas cuna, una medida que, según expertos, puede generar discriminación al encarecer la contratación de mujeres, especialmente en pequeñas empresas.
La propuesta de Sala Cuna Universal, que se debate en el Congreso, plantea una solución: trasladar el costo del cuidado infantil a todos los trabajadores a través de una cotización patronal del 0,2% sobre las remuneraciones. Esto eliminaría el umbral actual de 20 trabajadoras y extendería el beneficio a trabajadoras independientes y a padres cuidadores. Según Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas (IPE) UNAB, esta lógica se alinea con la idea de que el cuidado infantil es una responsabilidad social.
La experiencia internacional, como la reforma de Quebec en 1997, respalda esta idea. Estudios demuestran que las madres que accedieron a programas de cuidado infantil subsidiado vieron aumentar sus ingresos, y las empresas que las contrataron mejoraron su desempeño. Investigaciones en Alemania y España han arrojado resultados similares. Un estudio chileno de 2024 (Escobar et al.) estima que una reforma similar podría elevar los salarios y el bienestar de las mujeres en Chile, además de tener un impacto positivo en el desarrollo cognitivo y la reducción de conductas problemáticas en los niños.
El contexto demográfico actual, con una tasa de fecundidad de 1,03 hijos por mujer en 2024 –una de las más bajas del mundo–, hace que esta reforma sea aún más relevante. Sin embargo, el proyecto no está exento de críticas. Algunos argumentan que el aporte máximo del fondo podría no cubrir el costo total de una sala cuna privada, lo que podría generar una carga adicional para los empleadores o una mayor demanda en el sector público, que ya enfrenta desafíos de capacidad y falta de personal.
Los expertos sugieren que, para lograr un impacto real, es necesario ajustar los parámetros del proyecto, aumentando el componente fiscal y la inversión en calidad pedagógica. De lo contrario, la reforma podría no lograr “mover la aguja” en el mercado laboral femenino. A pesar de los recientes aumentos en los costos laborales debido a otras reformas, esta iniciativa se destaca por corregir una discriminación histórica contra las mujeres, facilitar su incorporación al trabajo, mejorar la educación infantil e incentivar la maternidad en un país con una baja tasa de natalidad. En definitiva, con una inversión adicional, esta reforma podría ofrecer un balance más favorable que otras iniciativas.