La vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general para los presos políticos del país. Rodríguez hizo el anuncio durante un acto en el Tribunal Superior de Justicia, indicando que la propuesta será presentada a la Asamblea Nacional “para favorecer la convivencia en Venezuela”.
“Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, afirmó Rodríguez, destacando que la decisión fue tomada en conjunto con Nicolás Maduro. El anuncio se produce casi un mes después del inicio de liberaciones parciales a raíz de la detención del expresidente el pasado 3 de enero.
La noticia ha generado esperanza entre las familias de los detenidos. Sandra Rosales, esposa de Dionis Quintero, quien se encuentra recluido en el calabozo policial de Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, expresó a EFE: “Deseamos un cambio, un cambio radical tanto para la sociedad como para la estructura política”.
Mariglys Guzmán, quien aguardaba noticias afuera del mismo calabozo, manifestó su esperanza de que todos “puedan disfrutar de los beneficios que se están otorgando”. “Seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror”, añadió Guzmán, cuyo hermano, Luis Daniel, está detenido desde el 29 de marzo de 2023, acusado en un caso de corrupción relacionado con la petrolera estatal PDVSA. Según Guzmán, su hermano no trabajó directamente con la empresa, sino que fue vinculado al caso por su relación con un empresario asociado a PDVSA.
La futura ley busca anular las causas judiciales de los presos políticos y cerrar procesos que, según organizaciones de derechos humanos, han sido utilizados durante años como herramienta de presión contra opositores y activistas. Hasta el momento, las excarcelaciones han sido lentas y carentes de transparencia. Mientras que el gobierno chavista afirma haber liberado a más de 600 personas, las organizaciones no gubernamentales reducen la cifra a poco más de 300. Además, la mayoría de los excarcelados continúan sujetos a medidas cautelares y restricciones de movimiento.
Rodríguez precisó que la amnistía no incluirá delitos de homicidio, narcotráfico ni delitos comunes, manteniendo así el enfoque en los presos por motivos políticos y excluyendo otros casos que pudieran haberse mezclado en procesos anteriores. Durante su discurso, Rodríguez recordó la muerte de su padre, militante marxista fallecido tras ser torturado en prisión, para reafirmar su compromiso con “más justicia con más tutela jurídica”.
María Corina Machado atribuye el anuncio de la amnistía a la presión de EEUU
La líder opositora María Corina Machado ha señalado que el anuncio de la ley de amnistía es resultado de la “presión” ejercida por el Gobierno de Estados Unidos sobre el Ejecutivo venezolano desde la operación realizada el 3 de enero.
“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino (que) es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de EEUU. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”, respondió Machado al ser consultada sobre su opinión respecto al anuncio de Delcy Rodríguez.
Machado insistió en que lo único que le queda al Ejecutivo venezolano es el “aparato represivo del régimen”, y que su desaparición significará “el fin de la tiranía”. “El aparato represivo del régimen es brutal, ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”, afirmó.
La sociedad civil eleva el tono para reclamar una amnistía completa
El anuncio se produce en un contexto de creciente presión social. Desde la detención de Maduro, familiares de presos, organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición han organizado vigilias y protestas frente a las cárceles para exigir una amnistía completa y el fin de la discrecionalidad en las excarcelaciones. Universidades y colectivos estudiantiles también han intensificado sus acciones, llegando incluso a confrontar públicamente a Rodríguez en eventos recientes.
Defensores de los derechos humanos estiman que entre 600 y 700 personas permanecen encarceladas en Venezuela por motivos políticos, mientras que más de 9.000 están sujetas a medidas judiciales y miles se encuentran en el exilio o la clandestinidad. La oposición insiste en que una transición política no podrá consolidarse mientras existan detenidos por razones políticas y causas abiertas sin garantías.
El debate sobre la amnistía coincide con la iniciativa presentada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que hace una semana registró una propuesta de ley para comenzar a “pasar página” a más de una década de represión. Su borrador fija como punto de partida el año 2014, coincidiendo con el inicio de las protestas masivas contra Maduro, y propone incluir a activistas, periodistas, militares perseguidos y ciudadanos con procesos abiertos.
Si la Asamblea Nacional aprueba la ley la próxima semana, como prevé Rodríguez, se trataría del gesto político más significativo desde el inicio de las excarcelaciones y del primer intento de devolver seguridad jurídica a quienes han sido procesados durante años por motivos políticos.
