Bélgica enfrenta una severa crisis en su sistema penitenciario, con 13.397 internos alojados en instalaciones con capacidad para 10.795. Esta situación ha impulsado a Cathy Berx, gobernadora de la provincia de Amberes, a solicitar un marco legal que prohíba explícitamente las condiciones de hacinamiento.
Preocupante realidad a nivel nacional
En Bruselas, 58 reclusos se ven obligados a dormir en el suelo de la prisión de Haren. El problema, sin embargo, se extiende por todo el país. En Valonia, 217 personas duermen a ras de suelo en nueve centros penitenciarios, con situaciones especialmente críticas en Leuze, Marche y Mons (38 internos cada una), Nivelles (28) y Tournai (25). Flandes registra la cifra más alta, con 339 personas durmiendo en el suelo en diez establecimientos.
Un vacío legal que limita la acción
La sobrepoblación carcelaria escapa al control de las autoridades locales. “El código de instrucción criminal establece que una prisión está legalmente obligada a recibir a cualquier persona que presente una orden de detención válida. Esta disposición legal prevalece sobre cualquier reglamento municipal o provincial”, explica Cathy Berx.
Ante esta limitación legal, la gobernadora, con el apoyo de sus homólogos de otras provincias, exige una base legal clara que prohíba específicamente que los detenidos duerman en el suelo. Asimismo, solicita medidas estructurales para abordar la superpoblación, incluyendo el establecimiento de una capacidad máxima para cada centro penitenciario. “Una vez alcanzado ese límite, deberían implementarse automáticamente medidas complementarias”, puntualiza.
La vigilancia electrónica como alternativa viable
Más allá de la urgencia inmediata, Cathy Berx aboga por un debate social más amplio sobre la política penal, con un mayor enfoque en la prevención y las penas alternativas.
Actualmente, alrededor de 1.800 personas están sujetas a vigilancia electrónica en Flandes. Según la gobernadora, “se debería estudiar la posibilidad de que esta medida se convierta en la norma con mayor frecuencia y se imponga como una pena independiente”.