El gobierno de Estados Unidos ha señalado que el punto central de la controversia radicó en la falta de garantías suficientes para evitar la creación de armamento nuclear.
El analista Codas Thompson señaló que Donald Trump implementó una estrategia caracterizada como «diplomacia al borde del precipicio».
El régimen de Irán declaró este martes que un acuerdo nuclear con Estados Unidos está “al alcance” y abogó por priorizar la diplomacia en las negociaciones que se iniciarán esta semana en Ginebra.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que un pacto “justo y equitativo” podría alcanzarse si ambas partes priorizan el diálogo.
“Tenemos una oportunidad histórica para lograr un acuerdo sin precedentes que aborde preocupaciones mutuas y genere beneficios compartidos. El acuerdo está al alcance, pero solo si se da espacio a la diplomacia”, declaró Abbas a través de sus redes sociales.
Araghchi subrayó que Teherán mantiene una política constante en lo que respecta al uso de la energía nuclear.
“Bajo ninguna circunstancia desarrollaremos armas nucleares. sin embargo, los iraníes tampoco renunciarán a su derecho a aprovechar la tecnología nuclear pacífica para el bienestar de su pueblo”, indicó el ministro, enfatizando que Irán defenderá en la mesa de negociaciones los mismos principios que han guiado su política nacional.
Las declaraciones del jefe de la diplomacia iraní se producen víspera de una nueva ronda de conversaciones en Ginebra, donde delegaciones de Washington y Teherán buscarán superar el estancamiento que impidió un acuerdo el año pasado.
El viceministro de Asuntos Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, reiteró la disposición de Irán a “tomar todas las medidas necesarias” para alcanzar un acuerdo en el menor tiempo posible.
“Haremos todo lo necesario para que esto suceda. Nos acercaremos a la mesa de negociaciones en Ginebra con total honestidad y buena fe”, aseguró Takht-Ravanchi.
En esta nueva fase, el régimen iraní considera la posibilidad de enviar la mitad de su uranio altamente enriquecido al extranjero, diluir el resto y participar en la creación de un consorcio regional para el enriquecimiento, a cambio de que Estados Unidos reconozca su derecho al uso pacífico de la energía nuclear y elimine las sanciones económicas que afectan al país.
“Un ataque o una agresión contra Irán recibirá la respuesta prevista en nuestros planes de defensa. Un ataque estadounidense sería una apuesta significativa”, advirtió Takht-Ravanchi, aunque insistió en que la prioridad es resolver las diferencias por medios pacíficos.
Desde Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recalcó que la diplomacia es la primera opción del presidente Donald Trump, pero advirtió que “está dispuesto a utilizar la fuerza letal si es necesario”.
Trump ha reiterado en los últimos días que solo aceptará un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y que no dudará en actuar militarmente si considera que Teherán busca una bomba atómica.
“El presidente evaluará todas las alternativas para proteger los intereses de Estados Unidos y de sus aliados en la región”, agregó Leavitt en una rueda de prensa.
Funcionarios estadounidenses informaron que la próxima sesión de negociaciones se celebrará este jueves en Ginebra, con la presencia de enviados especiales de ambas partes y bajo la supervisión de observadores internacionales. Entre las principales exigencias de Washington figura la renuncia de Irán al enriquecimiento de uranio en su territorio, un punto que Teherán considera inaceptable, ya que reclama el derecho soberano a desarrollar tecnología nuclear para fines civiles.
El contexto de las conversaciones está marcado por el despliegue de una fuerza naval estadounidense cerca de las costas iraníes y la advertencia de Trump de que dará a Irán entre 10 y 15 días para alcanzar un acuerdo.
Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto informar a los principales líderes del Congreso sobre el progreso de las negociaciones y la estrategia de Washington en caso de que el diálogo fracase.
La comunidad internacional sigue de cerca las negociaciones, consciente de que el resultado de esta nueva ronda será determinante para el futuro de la relación bilateral y la estabilidad en Medio Oriente. Tanto Washington como Teherán reconocen la oportunidad única de resolver el conflicto por la vía diplomática, en un contexto de alta tensión regional y con la presión de actores externos como la Unión Europea y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que han instado a ambas partes a avanzar hacia un acuerdo sostenible.
(Con información de AFP y Reuters)
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se preparan ante la posibilidad de llevar a cabo operaciones prolongadas, de varias semanas de duración, contra Irán, en caso de que el presidente Donald Trump ordene un ataque, según revelaron dos fuentes oficiales norteamericanas a Reuters. Esta situación podría escalar el conflicto entre ambos países a niveles superiores a los vistos anteriormente.
La información, proporcionada por las fuentes bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la planificación, incrementa los riesgos para las conversaciones diplomáticas en curso entre Estados Unidos e Irán.
Diplomáticos de ambos países mantuvieron conversaciones en Omán la semana pasada, en un intento por reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, después de que Trump reforzara la presencia militar estadounidense en la región, lo que ha generado temores sobre una posible nueva acción militar.
Autoridades estadounidenses informaron este viernes que el Pentágono está enviando un portaaviones adicional a Oriente Medio, junto con miles de soldados, aviones de combate, destructores equipados con misiles guiados y otros recursos con capacidad para realizar ataques y defenderse.
En declaraciones a sus tropas este viernes en una base en Carolina del Norte, Trump admitió que “ha sido difícil llegar a un acuerdo” con Irán.
“A veces uno tiene que inspirar miedo. Esa es la única cosa que realmente resolverá la situación”, afirmó Trump.
Ante preguntas sobre los preparativos para una posible operación militar estadounidense prolongada, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró: “El presidente Trump tiene todas las opciones sobre la mesa en lo que respecta a Irán”.
“Escucha una variedad de perspectivas sobre cualquier tema, pero toma la decisión final basándose en lo que es mejor para nuestro país y para la seguridad nacional”, añadió Kelly.
El Pentágono se negó a hacer comentarios.
El zoológico de Ueno, en Tokio, fue escenario de la despedida de los dos últimos pandas gigantes que residían en Japón, los cuales regresaron a China. Esta decisión fue tomada por el gobierno chino en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas con Japón.
La medida se produce tras declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que afirmó que su gobierno respondería en caso de un ataque de Beijing contra Taiwán. Esta postura parece haber sido el detonante para la retirada de los animales, considerados tradicionalmente como símbolos de amistad y cooperación entre ambos países.
Tras la intervención en Venezuela, la administración Trump mantiene su interés en Groenlandia. El presidente de Estados Unidos y su equipo están considerando la compra del territorio, y una acción militar “siempre es una opción”, según declaró la Casa Blanca este martes en comunicados escritos enviados a Reuters.
La administración estadounidense respondió a una serie de preguntas de la agencia informativa, indicando que Trump considera la adquisición de Groenlandia como una prioridad de seguridad nacional “necesaria para contrarrestar a nuestros adversarios en la región del Ártico”, como Rusia y China.
Para ejercer control sobre el territorio, “el Presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para lograr este objetivo y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió la Casa Blanca.
El apoyo significativo que Groenlandia –un territorio semi-autónomo bajo administración danesa– ha recibido de los líderes europeos de la OTAN no ha disuadido a Trump, según una fuente citada por Reuters. “No va a desaparecer”, afirmó la fuente en referencia a las intenciones del presidente estadounidense. Sin embargo, el gobierno danés dejó clara su postura el lunes: una invasión de Groenlandia supondría el fin de la alianza atlántica, representando un conflicto entre dos miembros fundadores de la organización.
Se están explorando diferentes vías para la compra del territorio por parte de Estados Unidos, pero esta no es la única opción sobre la mesa. También se podría crear un acuerdo de asociación con el territorio, un paso hacia la incorporación de Groenlandia, con una población de alrededor de 57.000 habitantes, a los Estados Unidos.
“La diplomacia es siempre la primera opción del Presidente en todo, y los acuerdos. Le encantan los negocios. Por lo tanto, si se puede llegar a un buen acuerdo para comprar Groenlandia, esa sería definitivamente su primera inclinación”, dijo la fuente.
Durante varios meses, Trump y funcionarios estadounidenses han mostrado interés en controlar Groenlandia, un interés que parece haberse intensificado tras la intervención en Venezuela, que resultó en la destitución del presidente Nicolás Maduro. Además de su ubicación geoestratégica en el Ártico, la isla es rica en minerales utilizados en las industrias tecnológica y de armamento, recursos que Estados Unidos pretende explotar.
Este martes, las señales emitidas por la administración estadounidense llevaron a los líderes europeos a unirse en la defensa de la isla y de Dinamarca. “Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre los asuntos que les conciernen”, se lee en la declaración firmada por los líderes de Francia, Alemania, Polonia, Italia, España, Reino Unido y Dinamarca, a la que se han sumado otros líderes, como el primer ministro portugués, Luís Montenegro.
El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, informó este lunes 22 de diciembre sobre los avances en el proceso de posible extradición de Ali Zaki Hage Jalil, señalado como presunto responsable del atentado terrorista contra el vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas, ocurrido en 1994.
Martínez-Acha recordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió, en noviembre pasado, un comunicado oficial detallando la identificación de Jalil y el inicio de los trámites diplomáticos y judiciales correspondientes.
Según explicó el jefe de la diplomacia panameña, actualmente se encuentra en curso una fase de coordinación interinstitucional para avanzar en el caso. “Continuamos trabajando en este asunto en conjunto con la Procuraduría General de la Nación”, señaló, precisando que la solicitud formal de extradición será formulada por el Ministerio Público. Una vez presentada, la Cancillería se encargará de gestionar el proceso a través de los canales diplomáticos pertinentes.
El canciller enfatizó que el objetivo primordial del Estado panameño es que el sospechoso sea juzgado por la justicia nacional. “Esperamos que este presunto terrorista sea llevado ante los tribunales panameños para responder por sus actos”, afirmó, destacando la relevancia histórica y judicial del caso, dada la gravedad del atentado y el impacto en las víctimas.
Posibles Obstáculos
Martínez-Acha advirtió sobre la posibilidad de encontrar obstáculos durante el proceso de extradición. Las autoridades han recibido información que sugiere que Ali Zaki Hage Jalil también posee un pasaporte venezolano, lo cual podría complicar los trámites una vez que Panamá formalice la solicitud de extradición ante el país donde se encuentre.
A pesar de estas potenciales dificultades, el gobierno panameño reafirmó su compromiso de continuar con las gestiones necesarias. “La solicitud se presentará”, reiteró el canciller, expresando su deseo de que el implicado enfrente “todo el peso de la ley” por lo que calificó como un ataque vil que marcó profundamente a la nación.
El funcionario subrayó que el atentado no solo afectó a ciudadanos panameños, sino que también tuvo una motivación específica de odio, dirigida particularmente contra la comunidad hebrea, constituyendo un acto de carácter antisemita. Esta dimensión, según Martínez-Acha, refuerza la importancia de que el caso no quede impune y sea investigado rigurosamente por la justicia panameña.
Tras permanecer prófugo por más de tres décadas, Ali Zaki Hage Jalil, señalado como uno de los responsables del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, fue detenido el mes pasado por las autoridades venezolanas en la isla de Margarita. La captura fue llevada a cabo por agentes de Interpol Venezuela, en coordinación con las autoridades judiciales panameñas, que habían emitido una alerta internacional para su localización y arresto.
El atentado, ocurrido el 19 de julio de 1994, representa uno de los episodios más trágicos en la historia de la aviación panameña. El avión, que había despegado desde la ciudad de Colón, explotó en pleno vuelo, y desde entonces las investigaciones apuntaron a un posible acto terrorista. La detención de Hage Jalil reabre un caso que durante años permaneció en la impunidad y que ahora podría dar paso a una nueva etapa judicial en la búsqueda de justicia para las víctimas.
Cronología del caso
En agosto de 2019, la Fiscalía Superior de Descarga solicitó al Tribunal Superior la reapertura de la investigación, luego de que el 20 de noviembre de 2017 el entonces presidente Juan Carlos Varela recibiera una carta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que se informaba que los servicios de inteligencia de su país habían confirmado la participación del grupo terrorista Hezbollah en el atentado.
Hezbollah, organización musulmana chií libanesa, es considerada por Estados Unidos como un grupo extremista islámico y está incluida en su lista de organizaciones terroristas.
El tema fue nuevamente abordado en 2018, durante una visita oficial de Varela a Israel. En 2003, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 9, Secretaría N.° 17, de Argentina, envió un exhorto a las autoridades panameñas manifestando su interés en colaborar con la investigación del atentado contra el avión de Alas Chiricanas, al considerar que los responsables podrían estar vinculados a los mismos grupos que perpetraron el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos el 18 de julio de 1994, un día antes del atentado en Panamá.
Tras la captura, las autoridades panameñas mantienen coordinación con la Fiscalía de Asuntos Internacionales para iniciar el proceso de extradición y garantizar que el detenido sea entregado a la justicia panameña.
Brasil ha logrado un nuevo tanto en su relación con Estados Unidos. El gobierno estadounidense retiró este viernes al juez Alexandre de Moraes de la lista de sancionados bajo la ley Magnitsky, donde figuraba junto a individuos vinculados al terrorismo y al narcotráfico. Esta decisión representa la segunda concesión unilateral significativa de Washington en menos de un mes, tras la reciente reducción de aranceles a productos brasileños como carne y café. La medida se considera un resultado positivo para el presidente Lula da Silva y un revés para el expresidente Bolsonaro.
El presidente Lula da Silva calificó la decisión como una “victoria de la democracia brasileña”, argumentando que “no es justo que un presidente extranjero castigue a un juez de un tribunal brasileño que cumple con su Constitución”. Lula celebró este resultado en un evento público al que también asistió el juez Moraes, visiblemente complacido.
La crisis diplomática más severa en dos siglos entre ambas naciones se desencadenó el 7 de julio, cuando el entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó a Brasil de “caza de brujas” contra Bolsonaro, en pleno proceso judicial en el país. Esta acusación, difundida a través de redes sociales, generó sorpresa en Brasil y fue recibida con satisfacción por el entorno bolsonarista.
En los días siguientes, Trump anunció la imposición de aranceles elevados a las exportaciones brasileñas, una medida que, pese a la favorable balanza comercial de Brasil con Estados Unidos, fue presentada como una represalia personal en defensa de Bolsonaro.
Lula respondió a Trump con un mensaje contundente, reafirmando la soberanía de Brasil y rechazando cualquier injerencia externa. La diplomacia brasileña se activó, involucrando a funcionarios de alto nivel y representantes del sector empresarial para entablar un diálogo con Washington.
Brasilia transmitió a la Casa Blanca su disposición a negociar en materia comercial, dejando claro que el caso Bolsonaro era un asunto interno y no debía ser objeto de presiones externas. Paralelamente, se iniciaron contactos discretos entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para aclarar la situación y contrarrestar la desinformación difundida por el entorno bolsonarista.
La persistencia en el diálogo y la diplomacia permitieron abrir la puerta a una reunión directa entre Lula y Trump. Aunque previamente no se conocían, debido a que Trump llegó a la presidencia después de que Lula completara su primer mandato, un breve encuentro en los pasillos de la ONU en septiembre sentó las bases para futuras conversaciones.
Mientras tanto, en Brasil, Bolsonaro y varios altos mandos militares enfrentaban un juicio histórico por presuntos intentos de golpe de Estado. Este proceso judicial, sin precedentes, ha resultado en condenas para varios implicados, aunque uno de ellos se encuentra prófugo en Miami.
En octubre, Lula y Trump mantuvieron conversaciones telefónicas y, posteriormente, una reunión formal de 50 minutos en Malasia, en el marco de la cumbre de la ASEAN. A pesar de sus marcadas diferencias ideológicas, ambos líderes encontraron puntos en común y mostraron disposición a avanzar hacia una solución.
Según fuentes cercanas a la negociación, Trump, conocido por su pragmatismo y su aprecio por los ganadores, habría reconsiderado su postura al observar la solidez del gobierno de Lula y la evolución del proceso judicial en Brasil. El antiguo obrero metalúrgico, con una trayectoria política marcada por la resiliencia y el ascenso al poder, parece haber captado la atención del mandatario estadounidense.
En noviembre, Washington dio un primer paso hacia la distensión al anunciar una reducción significativa de los aranceles a productos brasileños. Ahora, con el levantamiento de las sanciones contra el juez Moraes y su esposa, Brasil espera que se reviertan todas las medidas punitivas impuestas.
La contrapartida que Trump ha exigido a Lula a cambio de estas concesiones aún no se ha revelado.
El intento de injerencia del bolsonarismo en la política estadounidense ha resultado contraproducente. La estrategia de presionar a Washington para proteger a Bolsonaro ha terminado en humillación, ya que el gobierno de Trump ha dado marcha atrás en sus acciones punitivas. Según fuentes estadounidenses, las sanciones y los aranceles ya no sirven a los intereses de Washington, y el expresidente brasileño ha perdido el apoyo de su aliado.