Cerca de 150 estudiantes de las escuelas de Redlands abandonaron las clases a principios de este mes en señal de apoyo a los inmigrantes, enfrentando una inesperada consecuencia: la suspensión temporal de privilegios escolares, ya que los administradores hicieron cumplir las normas que prohíben salir de clase sin permiso.

La sanción, que implica la pérdida de acceso a deportes, bailes, presentaciones y otros eventos escolares, contrasta fuertemente con la recepción positiva que el activismo estudiantil ha recibido en otros distritos escolares de California, como el Distrito Unificado de Los Ángeles, donde la mayoría de los miembros de la junta directiva tienen una postura más progresista.

Esta disparidad refleja cómo los funcionarios escolares en varios estados y distritos, tanto en regiones tradicionalmente demócratas como republicanas, han respondido a una ola de protestas estudiantiles que comenzaron a fines de enero, en respuesta a las políticas de aplicación migratoria más estrictas implementadas por la administración Trump.

Los funcionarios escolares de Redlands indicaron que la suspensión de privilegios permanecerá vigente hasta que un estudiante cumpla con ciertas condiciones, como asistir a clases de fin de semana o realizar cuatro horas de servicio comunitario.

“El mensaje del superintendente es claro: nos preocupamos profundamente por nuestros estudiantes y reconocemos que muchos jóvenes están lidiando y participando en temas que ven en las noticias y en su comunidad”, declaró Christine Stephens, oficial de información pública del distrito. “Los estudiantes tienen derecho a expresarse pacíficamente. Al mismo tiempo, el distrito debe cumplir con su responsabilidad de mantener un entorno de aprendizaje seguro y supervisado durante el horario escolar.”

Distritos como los de San Francisco y Sacramento han expresado su apoyo a los derechos de libre expresión de los estudiantes. En Palo Alto, los funcionarios del distrito trabajaron con las escuelas para garantizar que los estudiantes pudieran llevar a cabo su protesta de manera segura.

En el Distrito Unificado de Los Ángeles (LAUSD), no se han establecido sanciones a nivel de distrito por las protestas, y los líderes del distrito comparten la crítica de los estudiantes hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El superintendente Alberto Carvalho, él mismo inmigrante, se ha comprometido a hacer todo lo posible para mantener las escuelas como santuarios para los hijos de familias inmigrantes, y activistas patrullan fuera de las escuelas para ayudar a garantizar el paso seguro al campus para padres y estudiantes.

Sin embargo, los educadores del LAUSD también han alentado a los estudiantes a permanecer en el campus por razones de seguridad. En Los Ángeles, se registraron enfrentamientos físicos entre agentes y manifestantes después de que los estudiantes abandonaran las clases el 5 de febrero y el 13 de febrero, cuando tres agentes federales resultaron heridos después de que algunos manifestantes les arrojaran objetos.

Los líderes estatales y educativos en Texas y Florida han delineado consecuencias significativas para los estudiantes y educadores relacionadas con las protestas estudiantiles. En Texas, los líderes estatales han hablado de posibles suspensiones y expulsiones para los estudiantes, despidos para los educadores y la intervención estatal en los distritos escolares.

La ACLU de Georgia envió una carta el 29 de enero expresando su preocupación al Distrito Escolar del Condado de Cobb después de que amenazara con suspensiones, la pérdida de privilegios de estacionamiento y actividades extracurriculares, e incluso advirtiera sobre las consecuencias para la admisión a la universidad por participar en las protestas.

La ACLU advirtió que el sistema escolar estaría actuando ilegalmente si se tratara de manera especialmente severa a los participantes en las protestas en función de sus puntos de vista.

Los jóvenes activistas

Los estudiantes de secundaria activistas, tanto en Redlands como en otros lugares, han declarado que están dispuestos a enfrentar las consecuencias, si es necesario, para defender sus convicciones protestando contra las acciones de ICE.

“Como organizadores, es de esperar que seamos nosotros quienes enfrentemos la primera oleada de represalias”, dijo Jax Hardy, estudiante de último año de la escuela secundaria Redlands. “Así que, aunque nos decepcionaría mucho que el distrito hiciera tal cosa, para nosotros es importante ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión para oponernos a un gobierno que está invadiendo nuestros derechos humanos.”

Los líderes estudiantiles ven sus protestas como una lección cívica en acción.

“Es necesario actuar, porque, si no lo hacemos, ¿quién sabe hasta dónde escalarán las cosas?”, dijo Aya F, estudiante de tercer año de la escuela secundaria Redlands, quien prefiere usar solo su apellido inicial. “Por eso sentimos que es importante que organicemos esta protesta.”

Redlands se encuentra a unas 96 kilómetros al este del centro de Los Ángeles y tiene una matrícula de aproximadamente 20.000 estudiantes. En noviembre de 2024, una mayoría conservadora fue elegida para la junta escolar de cinco miembros de Redlands Unified School District, alineando a la junta con las principales políticas de la administración Trump. Redlands se unió a un puñado de juntas escolares de California con ideologías similares al aprobar políticas que permitirían a los padres impugnar libros de la biblioteca con contenido sexual y prohibir la exhibición de la bandera del orgullo arcoíris, asociada a la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, el distrito ha declarado que sus acciones con respecto a las protestas no tienen ninguna ideología subyacente.

“La respuesta del distrito no se basa en el punto de vista, el tema o el contenido de la expresión de un estudiante”, afirmó Stephens.

Los estudiantes protestan a pesar del castigo

Algunos estudiantes de Redlands organizaron otra protesta el viernes y los organizadores dijeron que esperaban la participación de estudiantes de siete escuelas intermedias y secundarias. Muchos llegaron de la escuela secundaria Redlands. Portaban carteles con la leyenda “Stop ICE” y banderas mexicanas, y hacían sonar silbatos mientras caminaban durante 15 minutos hasta una intersección del centro que algunos se refieren como “Peace Corner”.

“No había visto tanta gente haciendo algo en Redlands”, dijo James Bojado, estudiante de segundo año, quien también dijo que, durante días, los administradores habían intentado disuadir a los estudiantes con amenazas de disciplina.

Varios vehículos de la policía de Redlands patrullaban la zona de la manifestación, pasando lentamente.

Un hombre con un sombrero gritó: “¿Por qué no ondean la bandera estadounidense? ¿Están avergonzados de América?”

“¡Déjennos en paz!”, respondió una multitud.

“Mi mamá y mi papá son inmigrantes”, dijo Carmen Robles, estudiante de segundo año. “¿Por qué deportar a familias que se preocupan por América a donde vinieron?”

En la manifestación, las demandas de los estudiantes incluían un compromiso inquebrantable del distrito de que ICE nunca se permitirá ingresar al campus. Los estudiantes también pidieron la abolición de ICE y expresaron su deseo de que la junta escolar revoque las políticas que consideran anti-LGBTQ+, incluyendo la prohibición de la bandera y la política de restricción de libros.

Durante la manifestación del viernes en Redlands, hubo unos tensos minutos cuando un estudiante con una gorra MAGA fue golpeado con botellas de agua. El estudiante habló con la policía, pero también dijo que no resultó herido.

Voluntarios adultos estuvieron presentes con el objetivo de mantener la seguridad y un ambiente positivo. La madre Toni Belcher dijo que los estudiantes tienen derecho a ser escuchados.

“Me alegra ver a todos estos niños tratando de que su voz importe”, dijo Belcher. “Si no lo es ahora, lo será… Están empezando temprano.”

Lo que dice la ley

El derecho de los estudiantes a expresarse comienza con la Constitución de los Estados Unidos.

“No pierdes tu derecho a la libertad de expresión simplemente al entrar a la escuela”, según la guía de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). “Tienes derecho a expresarte, distribuir volantes y peticiones y usar ropa expresiva en la escuela, siempre y cuando no interrumpas el funcionamiento de la escuela o violes las políticas neutrales en cuanto al contenido de la escuela.”

Sin embargo, una protesta podría considerarse una interrupción. Pero no se puede aplicar un castigo mayor en función de la naturaleza de las opiniones expresadas.

Redlands Unified cree que está cumpliendo con ese estándar legal.

La ley de California ofrece cierta protección adicional para las protestas estudiantiles, pero no es ilimitada.

Una ley de California, que entró en vigor en 2023, permite a un estudiante de secundaria o preparatoria ausentarse un día de escuela al año como una ausencia justificada para un “evento cívico o político”. Esto incluye, entre otros, “votar, trabajar en las urnas, huelgas, comentarios públicos, discursos de candidatos, foros políticos y cívicos y reuniones públicas”.

La autora del proyecto de ley, la entonces senadora estatal Connie Leyva, dijo en ese momento que la ley “enfatiza la importancia de involucrar más a los estudiantes en el gobierno y su comunidad priorizando las oportunidades de aprendizaje y participación cívica de los estudiantes tanto dentro como fuera de su educación”.

Una salvedad es que la ley exige que “el alumno notifique a la escuela con antelación la ausencia”.

Los estudiantes que ejerzan este derecho deben tener permitido ponerse al día con las tareas escolares perdidas sin penalización. Existen áreas grises potenciales, como si una protesta escolar a gran escala, que los organizadores pretenden que sea dramática, quedaría fuera de esta protección porque los estudiantes no se dan de baja formalmente, por ejemplo.

Un padre de Redlands dijo que notificó a la escuela que su hijo tenía permiso para participar en una protesta anterior después de la protesta. Pero su hijo fue sancionado porque, según el padre, no se le permitió dar permiso a su hijo de forma retroactiva.

La ley estatal exige notificación previa, pero no dice que se requiera el permiso de los padres para ese día de actividad cívica protegida al año. La ley también estipula que las escuelas, a su discreción, pueden permitir ausencias justificadas adicionales para la participación cívica.

El padre, que no quiso ser identificado por temor a represalias, dijo que su hijo fue puesto en una “lista de no admisión” para actividades y eventos extracurriculares.