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El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció este miércoles la retención de 160 millones de dólares en fondos federales destinados a California, en respuesta a la pausa del estado en la cancelación de licencias de conducir comerciales para miles de camioneros inmigrantes. Originalmente, California planeaba revocar 17,000 licencias antes del 5 de enero, pero extendió el plazo tras la amenaza de una demanda colectiva presentada por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes.

Esta acción federal agrava el creciente conflicto entre California y Washington. El Secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró: “Ha llegado el momento de la verdad para Gavin Newsom y California. Nuestras exigencias eran sencillas: cumplir con las normas, revocar las licencias emitidas ilegalmente a conductores extranjeros peligrosos y corregir el sistema para que esto no vuelva a ocurrir. Gavin Newsom ha fallado en hacerlo, priorizando las necesidades de los inmigrantes indocumentados sobre la seguridad del pueblo estadounidense.”

La oficina del gobernador Newsom remitió cualquier solicitud de comentarios a funcionarios estatales de transporte. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) expresó su desacuerdo con la decisión federal, afirmando haber cumplido con las regulaciones estatales y federales. “Rechazamos firmemente la decisión del gobierno federal de retener fondos vitales para el transporte en California. Esta acción pone en peligro la seguridad pública, ya que estos fondos son esenciales para el mantenimiento y la mejora de las carreteras que todos utilizamos a diario”, señaló el DMV en un comunicado.

Los 160 millones de dólares retenidos se suman a los 40 millones que Duffy ya había retirado del estado el año pasado, alegando que California no estaba aplicando los requisitos de dominio del inglés para los camioneros, una acusación que los funcionarios estatales niegan.

El enfrentamiento entre Newsom y Duffy se originó en junio, cuando Duffy llevó a cabo una auditoría nacional de los programas estatales que emitían licencias de conducir comerciales a inmigrantes con autorización para trabajar en el país. Esta auditoría fue desencadenada por un accidente fatal en Florida, donde un camionero de origen punjabi, que se encontraba en el país de manera irregular, causó la muerte de tres personas.

La auditoría federal, realizada por la Administración Federal de Seguridad de Vehículos de Carga (FMCSA), determinó que California había emitido incorrectamente licencias con fechas de vencimiento que excedían las de las visas de trabajo, y solicitó la revocación de 17,000 licencias. La agencia federal también endureció sus normas, dificultando la obtención de licencias para algunos conductores inmigrantes.

El DMV notificó a los conductores en otoño que perderían sus licencias en enero. Sin embargo, la semana pasada, funcionarios estatales anunciaron que retrasarían la cancelación de esas licencias hasta marzo, después de que la Sikh Coalition y la Asian Law Caucus presentaran una demanda colectiva alegando que el DMV no ofreció los recursos adecuados a los conductores afectados, se negó a renovar o emitir nuevas licencias y violó sus derechos.

Bhupinder Kaur, directora de operaciones de United Sikhs, una organización nacional de derechos humanos y civiles, ha declarado a The Times que las cancelaciones afectan de manera desproporcionada a conductores sijs, punyabis, latinos y otros inmigrantes que son esenciales para la economía de transporte de mercancías de California.

El mes pasado, al anunciar la demanda, Munmeeth Kaur, directora legal de la Sikh Coalition, instó al estado a corregir sus errores. “Si el tribunal no emite una suspensión, veremos una devastadora ola de desempleo que perjudicará a las familias y desestabilizará las cadenas de suministro en las que todos dependemos. Estos conductores han pasado años construyendo sus vidas en torno a estas carreras, y ahora se enfrentan a una posible ruina económica sin ninguna culpa propia. Se merecen algo mejor, y California debe hacerlo mejor”, afirmó.