La Fiscalía General de la Nación ocupó 47 bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en más de 29.000 millones de pesos, pertenecientes a una red dedicada al tráfico de migrantes en la región del Urabá antioqueño. Según reportes oficiales, las autoridades identificaron que la estructura utilizaba diversos activos estratégicos, incluyendo estaciones de servicio y embarcaciones, para facilitar el tránsito ilegal de personas.
¿Qué bienes fueron afectados por la Fiscalía?
La operación, que impactó directamente la infraestructura logística de la organización criminal, resultó en la incautación de 47 activos. De acuerdo con la información difundida por Blu Radio y El Tiempo, entre los bienes afectados se encuentran inmuebles, vehículos y, notablemente, estaciones de gasolina. Revista Semana destacó que la red incluso contaba con lanchas propias, las cuales fueron confiscadas por las autoridades como parte de la estrategia para desmantelar las capacidades operativas del grupo delictivo.
¿Cómo operaba la red de tráfico de migrantes?
La red utilizaba los bienes ahora en extinción de dominio para coordinar el movimiento de migrantes a través del Urabá antioqueño, una zona crítica en las rutas migratorias del país. Según lo reportado por Chica Noticias y Blu Radio, el valor total de los activos ocupados supera los 29.000 millones de pesos. La investigación permitió establecer que las estaciones de servicio y las embarcaciones no eran solo elementos aislados, sino componentes fundamentales de un engranaje diseñado para el tráfico ilegal de personas, permitiendo el abastecimiento y transporte continuo en la región.
Diferencias en los reportes de los medios
Aunque la cifra total de los bienes es consistente en los reportes —47 activos con un avalúo superior a los 29.000 millones de pesos—, los medios han enfatizado distintos aspectos de la operación. Revista Semana puso especial atención en la incautación de las lanchas, mientras que El Tiempo resaltó el hallazgo de las estaciones de servicio. Esta diversidad en los reportes subraya la complejidad de la infraestructura desmantelada por la Fiscalía, que abarcaba desde el combustible necesario para el transporte marítimo hasta los puntos de apoyo terrestre.