El Salvador

Nayib Bukele no aparece en las boletas electorales de este domingo en Costa Rica. Sin embargo, la candidata que lidera las encuestas ha adoptado al presidente salvadoreño como modelo a seguir, mostrando una ferviente adhesión a un sistema de gobierno basado en la concentración de poder, lo que representa un marcado contraste con los valores históricos costarricenses.

La candidata conservadora Laura Fernández, del partido gobernante, supera el 40% de intención de voto, lo que la posiciona para ganar en primera vuelta, aunque un número considerable de votantes aún se encuentra indeciso. Se prevé también que el oficialismo obtenga la mayoría en el Congreso, una ventaja clave para su proyecto de emular el sistema salvadoreño.

Esta manifiesta admiración por un gobierno con escasa vocación democrática plantea un desafío fundamental: la posible alteración de los pilares del Estado costarricense, caracterizado por la tolerancia, el pacifismo y las libertades, bajo la premisa de erradicar la violencia criminal.

“Existe una gran preocupación entre diversos sectores costarricenses, quienes consideran que el sistema democrático, históricamente uno de los más estables y sólidos de la región centroamericana, está en riesgo y se observa una fuerte tendencia a alinearse con la deriva autoritaria que prevalece en toda la región”, declaró a LA NACION la socióloga Elvira Cuadra Lira, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica.

En un país que tradicionalmente ha sido un oasis de paz en el convulso contexto de América Central, el aumento de la violencia criminal se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. La retórica del oficialismo, que evoca la política de encarcelamiento masivo popularizada por Bukele, funciona como un canto de sirena para una audiencia que anhela soluciones rápidas, ante la falta de políticas integrales que aborden la raíz de la crisis.

“Yo no tengo ningún deseo de darle al país un giro autoritario, dictatorial, antidemocrático. Jamás. Mi aspiración es obtener una vasta mayoría en la Asamblea Legislativa para poder encarcelar a estos delincuentes”, se defendió Laura Fernández en un video de campaña difundido en redes sociales, intentando disipar posibles malentendidos sobre sus intenciones.

Este discurso de mano dura contra los “delincuentes” se sustenta en datos preocupantes. El índice de muertes relacionadas con el crimen organizado ha aumentado significativamente en los últimos años en Costa Rica, que se encuentra en la ruta del narcotráfico entre Sudamérica y Estados Unidos y Europa, con puertos en las costas del Caribe y el Pacífico.

Costa Rica enfrenta ahora a su primer grupo delictivo de escala internacional, el Cartel del Caribe Sur, que se ha convertido en el principal distribuidor de marihuana y cocaína en el mercado interno, pasando de ser una banda local a una organización transnacional en tan solo cuatro años.

El oficialismo, por el momento, planea reformar la Constitución, someter al sistema judicial y suspender las garantías individuales mediante la implementación de “estados de excepción” como herramienta para combatir la violencia del crimen organizado, buscando así ampliar sus atribuciones.

El entusiasmo por el modelo de Bukele trasciende a la candidata oficialista. El actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves, fue elegido en 2022 como un candidato ajeno a los partidos tradicionales, una estrategia efectiva en momentos de creciente descontento popular. Actualmente, Chaves goza de altos niveles de popularidad.

Los analistas coinciden en que su aceptación se basa en un liderazgo personalista, un estilo directo y confrontativo, y la habilidad de presentarse como el defensor de los oprimidos frente a las élites corruptas, un arquetipo que recuerda al de otro líder con un nombre similar, Hugo Chávez, un ejemplo de gobernantes autoritarios. Chaves, de derecha; Chávez, de izquierda.

“Rodrigo Chaves ha generado tensiones con diferentes poderes del Estado, como el Legislativo, pero también con el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. También ha provocado tensiones con la prensa independiente. Es preocupante su estrecha amistad con el presidente salvadoreño, cuyo modelo ha manifestado estar dispuesto a adoptar”, explicó Cuadra Lira.

Como símbolo de esta afinidad, Chaves invitó hace dos semanas a Bukele, el principal impulsor de la política carcelaria, a colocar la primera piedra de la futura prisión de máxima seguridad en Costa Rica. Se trata del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construido por Bukele para encarcelar a pandilleros reales y presuntos. Este último tiene capacidad para 40.000 reclusos, mientras que la versión costarricense será más modesta, con capacidad para 5100.

“Para que una megacárcel pueda funcionar en Costa Rica como en El Salvador, sin transparencia sobre quién entra y por qué, sería necesario prescindir del sistema judicial y que el país viva bajo un estado de excepción, con las garantías constitucionales suspendidas y los medios de comunicación sometidos a persecución y acoso”, señaló el escritor nicaragüense Sergio Ramírez en un artículo de opinión.

Miles de exiliados nicaragüenses, que encontraron en Costa Rica un refugio de paz y estabilidad a pesar de sus problemas sociales y económicos, huyendo de la dictadura de Daniel Ortega, observan con preocupación la situación política actual.

Laura Fernández buscará avanzar en ese proyecto inspirado en Bukele y consolidar el modelo salvadoreño. Por ahora, se ha comprometido a terminar la construcción de la cárcel, un objetivo firme, tan sólido como los muros del Helicoide de Venezuela o el Chipote en Nicaragua, donde fueron encarcelados presos políticos, ejemplos de las consecuencias a largo plazo de los gobiernos que desafían los límites del poder.

“A pesar de ser una de las democracias más longevas del mundo, Costa Rica no es inmune a los riesgos y amenazas del populismo autoritario. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos recientes por fortalecer los programas de protección y asistencia social y económica, invertir en desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de las personas, la creciente insatisfacción ciudadana se ha traducido en descontento y desconfianza, que el presidente Chaves ha sabido capitalizar rápidamente”, afirmó la politóloga Argentina Artavia, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.

Según el discurso del oficialismo, si durante el gobierno de Chaves no se logró controlar el crimen organizado, si no se redujeron las muertes violentas, que incluso se han acelerado a niveles sin precedentes, no se debe a la ineficacia del gobierno. Por supuesto que no. La culpa es de otros, de los sospechosos habituales, el Congreso y la Justicia, que, en lugar de velar por el pueblo, ponen trabas innecesarias.

“Para el Poder Judicial y una mayoría en el Congreso, son más importantes los derechos humanos de los presos que los derechos de las víctimas. No comprenden la relación entre los datos, la ciencia y el análisis que demuestran que lo que ocurrió en El Salvador está sucediendo aquí”, declaró Chaves durante la ceremonia de la megacárcel, junto a Bukele.

Para la politóloga Marcela Piedra, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), “en Costa Rica, las garantías individuales –debido proceso, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, presunción de inocencia, control judicial de detenciones, libertad de expresión y protesta, entre otras– no son ‘obstáculos burocráticos’, sino los mecanismos que impiden que el poder público actúe sin control. El peligro radica en que, al instalar la idea de que para tener seguridad hay que renunciar a derechos y controles, se erosiona la democracia”.

“El mensaje implícito es que la ley puede ser flexible cuando obstaculiza los objetivos políticos. Esto erosiona la cultura jurídica costarricense, históricamente basada en la legalidad, la proporcionalidad y el control constitucional”, agregó.

Se avecinan, por lo tanto, cambios constitucionales, declaraciones de excepción frecuentes y, según los analistas, nada que sugiera un límite a un estilo de gobierno que tiende a eliminar los obstáculos. Cada oportunidad será aprovechada.

“En el Poder Judicial, probablemente se reemplacen magistrados durante el próximo período, lo que podría favorecer al Ejecutivo”, señaló Juan Manuel Muñoz, politólogo del CIEP. Y, como era de esperar, esta será otra idea importada: “algo similar ocurrió en El Salvador con Bukele”.