La asignación de fondos públicos para simplificar la construcción y planificación de proyectos de obra nueva o rehabilitación representa un incentivo, aunque limitado, para las empresas del sector. El programa, dotado con 1,4 millones de euros, podría ser suficiente para impulsar una decena de proyectos piloto a nivel regional.
Sin embargo, el principal obstáculo para la adopción de nuevos conceptos e ideas en la construcción no reside en la falta de recursos económicos, sino en las elevadas barreras legales. A pesar de que la normativa de construcción ya permite desviaciones de los requisitos técnicos para experimentar con nuevas formas de edificación y vivienda, estas opciones rara vez se materializan.
La clave está en la regulación civil
En la práctica, las autoridades de construcción se muestran reacias a conceder excepciones por temor a asumir responsabilidades en caso de problemas. Asimismo, los promotores temen posibles reclamaciones legales por parte de compradores o inquilinos si se apartan de las prácticas estándar. Un impulso real a la simplificación de la construcción podría llegar con la aprobación de la ley federal sobre el tipo de edificio E, que abordaría estas cuestiones de derecho civil.