El Departamento de Defensa de los Estados Unidos contempla activar de manera involuntaria a abogados militares para que desempeñen funciones como jueces de inmigración y representantes del gobierno en procesos migratorios. Esta medida busca aumentar la capacidad operativa mediante la reasignación de personal legal del estamento castrense.
¿Cómo se implementará esta medida?
De acuerdo con la información disponible, el Departamento de Defensa planea iniciar la activación obligatoria de abogados militares para cubrir vacantes críticas en el sistema de justicia migratoria. Este personal jurídico, que usualmente se encarga de asuntos legales dentro de las Fuerzas Armadas, pasaría a representar al gobierno federal y a ejercer como juez en cortes de inmigración, según los planes actuales de la dependencia.
Objetivos y alcance de la reasignación
La estrategia responde a la necesidad de gestionar el flujo de casos en el sistema judicial de inmigración utilizando recursos humanos ya existentes dentro del gobierno. Al recurrir a abogados militares, el Departamento de Defensa busca acelerar los procesos que requieren representación legal gubernamental y arbitraje judicial, transformando las funciones de estos profesionales del derecho para atender la carga administrativa actual.