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Reciba un mensaje de una empresa de cobro con la exigencia de pago inmediato y la amenaza de una demanda puede generar incertidumbre. ¿Es reciente la deuda? ¿Incluye intereses excesivos? ¿O, tal vez, existe la posibilidad de que haya prescrito y, por lo tanto, no sea exigible?
En Costa Rica, cada deuda tiene una fecha de vencimiento, un dato que lamentablemente es poco conocido. Tarjetas de crédito, préstamos e incluso facturas de servicios públicos pueden quedar sujetas a prescripción, lo que significa que, transcurrido un plazo determinado, el acreedor pierde el derecho a iniciar acciones legales para reclamar el pago.
El principal problema radica en la falta de información clara sobre cómo funciona este mecanismo, cuándo se aplica y qué aspectos se deben revisar. A continuación, ofrecemos una explicación detallada.
La prescripción de una deuda permite su extinción cuando el acreedor no realiza las gestiones de cobro dentro del plazo establecido por la ley. En estos casos, el acreedor pierde el derecho a reclamar el pago.
Ernesto Solano, líder legal y de experiencia al usuario de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), explica que esta figura busca brindar certeza jurídica y evitar que una persona sea objeto de cobros indefinidos.
La prescripción establece límites claros para ambas partes, protegiendo a los deudores de cobros perpetuos y obligando a los acreedores a actuar con diligencia.
Angie Portela, gerente legal de APriori Derecho Corporativo, señaló a La Nación que en Costa Rica todas las deudas están sujetas a prescripción, aunque cada una tiene un plazo legal específico.
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Las deudas que prescriben más rápidamente son aquellas mensuales, repetitivas y relacionadas con el consumo básico, con un plazo de un año. Según Portela, esto se debe a que la ley considera que los cobros por servicios esenciales deben gestionarse con prontitud, ya que “no sería razonable que una persona enfrente cobros de agua o luz de hace ocho años”.
Sin embargo, la prescripción no ocurre automáticamente. Solano indica que debe solicitarse ante un juez de la República, quien evaluará el caso y verificará si el plazo de pago ha transcurrido y si no ha existido una notificación de demanda.
En caso de que el juez determine que la prescripción es aplicable, y si ha habido embargos previos, se debe devolver al deudor todo el monto embargado durante ese período.
De acuerdo con Solano, el plazo de prescripción comienza a correr a partir del día siguiente al vencimiento de la deuda. Por ejemplo, si una obligación debe pagarse el primer día de cada mes, el plazo comienza a contar desde el segundo día.
Una vez que transcurre el plazo para el pago y este no se realiza, la deuda se vuelve exigible al día siguiente. A partir de ese momento, el acreedor puede cobrarla legalmente y, por lo tanto, comienza a correr el plazo de prescripción, tal como explica Portela.
En el caso de las tarjetas de crédito, el período se cuenta desde el último pago o la fecha límite impaga; y en los servicios públicos, desde la fecha límite del recibo. En cuanto a los préstamos, desde que una cuota quedó impaga; y en los pagarés, desde la fecha de vencimiento del mismo.
No obstante, según Portela y Solano, la prescripción puede interrumpirse si el deudor reconoce la deuda. Por ejemplo, el plazo se reinicia cuando el deudor solicita al acreedor más tiempo para pagar o cuando el acreedor presenta una demanda, un cobro judicial o un embargo. También se reinicia cuando se firman acuerdos de pago, refinanciaciones o reestructuraciones.
Portela ha identificado prácticas comunes de las empresas de cobro extrajudicial que pueden confundir a los consumidores. Estas empresas suelen enviar correos electrónicos que simulan demandas, con amenazas de embargos automáticos que no tienen respaldo legal.
En estos correos, a menudo afirman que “la prescripción no aplica” cuando sí es aplicable, y aseguran que una llamada telefónica “reinicia el plazo”, lo cual es falso. Incluso, se han detectado casos en los que inventan fechas de mora inexistentes.
Portela añade que estas empresas envían mensajes intimidantes para que el deudor admita la deuda, lo cual sí podría interrumpir la prescripción si la persona reconoce la obligación.
En tales situaciones, la abogada aclara que nadie puede extender los plazos establecidos por la ley: ni bancos, ni financieras, ni tiendas, ni juzgados administrativos. Solo una nueva obligación firmada por el deudor, como un nuevo pagaré, puede modificar los plazos.
Solano, por su parte, recomienda a las personas que busquen asesoramiento legal antes de realizar un pago o llegar a un acuerdo, para determinar si la deuda está prescrita y evitar caer en prácticas engañosas.