Hydro-Québec ha sido condenada por el Tribunal Administrativo del Trabajo (TAT) a pagar una indemnización de 836 000 dólares tras confirmarse un caso de despido indirecto y acoso psicológico. La sentencia, dictada por la jueza administrativa Dominique G. Jobin, concluye que la empresa estatal ejerció una gestión abusiva que forzó la salida de un ejecutivo de alto nivel, marcando un precedente significativo en la jurisprudencia laboral de la provincia.
Detalles de la resolución judicial
Según lo reportado por La Tribune, la suma de 836 000 dólares otorgada al demandante responde a una serie de daños tanto económicos como morales. El Tribunal determinó que el entorno laboral al que fue sometido el ejecutivo se convirtió en un caso claro de despido indirecto, una figura legal que se aplica cuando las condiciones de trabajo se vuelven insostenibles por acciones deliberadas del empleador, obligando al trabajador a renunciar.
La jueza Jobin subrayó en su fallo la gravedad de las acciones de los supervisores de Hydro-Québec, señalando que la empresa no cumplió con su obligación de proporcionar un entorno de trabajo seguro y respetuoso. El dictamen enfatiza que el proceder de la organización fue determinante para que el empleado perdiera su posición en la compañía.
El contexto del conflicto laboral
El litigio se originó tras años de tensiones dentro de la estructura administrativa de la empresa eléctrica. La evidencia presentada ante el TAT reveló que el ejecutivo fue objeto de un trato que el Tribunal no dudó en calificar como acoso psicológico. Este tipo de sentencias contra entidades públicas como Hydro-Québec suelen generar un intenso debate sobre las prácticas de recursos humanos y la rendición de cuentas en las corporaciones gubernamentales.
La cifra impuesta, superior a los 800 000 dólares, refleja no solo la pérdida de ingresos del afectado, sino también la compensación por el impacto en su salud mental y carrera profesional. Hasta el momento, el caso se posiciona como una de las condenas más severas en el ámbito laboral bajo la jurisdicción del Tribunal Administrativo del Trabajo en Quebec, reafirmando la protección de los trabajadores frente a gestiones erráticas o abusivas por parte de la alta dirección.