NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, lideró una coalición de 17 otros fiscales generales en la defensa del estatus legal de cientos de miles de inmigrantes haitianos, muchos de los cuales residen y trabajan en Estados Unidos desde hace más de una década. La coalición presentó un breve amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en apoyo de una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por intentar terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350,000 haitianos. La Fiscal General James y la coalición argumentan que la terminación del TPS para los haitianos pondría en peligro la seguridad, la salud y la economía de las comunidades en todo el país, y trastornaría la vida de familias que han estado viviendo y trabajando en Estados Unidos durante años.
“Diariamente, los inmigrantes haitianos contribuyen inmensamente a Nueva York, trabajando en nuestras escuelas y hospitales, y dirigiendo pequeñas empresas exitosas”, declaró la Fiscal General James. “Los continuos esfuerzos de esta administración por despojar a cientos de miles de haitianos de su estatus legal pondrán a las familias en peligro y destrozarán nuestras comunidades. Seguiré luchando para proteger los derechos de los inmigrantes y garantizar que los haitianos con TPS puedan seguir viviendo, trabajando y criando a sus familias de forma segura en este país.”
Casi uno de cada cuatro titulares de TPS a nivel nacional es haitiano. La Fiscal General James y la coalición sostienen que eliminar el TPS para los haitianos causaría caos en la vida de cientos de miles de familias, incluidas las numerosas ciudadanas y ciudadanos estadounidenses que viven con un familiar haitiano con TPS. En 2022, 87,000 niños y 116,000 adultos estadounidenses vivían con un titular de TPS haitiano. Los padres con TPS se verían obligados a elegir entre abandonar a sus hijos y regresar solos a Haití, llevar a sus familias a un país peligroso y desconocido, o permanecer en Estados Unidos sin estatus legal y con el temor constante de ser separados y deportados a Haití en cualquier momento.
Según explican la Fiscal General James y la coalición en el breve amicus curiae, cancelar el estatus legal de los titulares de TPS haitianos pondría en peligro sus permisos de trabajo, perjudicando las economías y la salud pública de los estados. Al menos 56,000 neoyorquinos son haitianos que tienen TPS, y la terminación de su estatus legal afectaría una importante fuente de ingresos fiscales para el estado. Los titulares de TPS haitianos pagan más de 140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales de Nueva York y contribuyen con más de 800 millones de dólares a la economía del estado. Además, poner fin a la autorización de trabajo para cientos de miles de haitianos con TPS privaría a muchos de ellos y a sus familias de su seguro médico patrocinado por el empleador. Sin estatus legal, los inmigrantes haitianos y sus seres queridos serían menos propensos a buscar tratamiento en hospitales y clínicas, donde la administración Trump ha aumentado la aplicación de la ley de inmigración.
La Fiscal General James y la coalición instan al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a rechazar la moción del gobierno federal para suspender la decisión del tribunal de distrito que impide al DHS terminar con el TPS para más de 350,000 haitianos mientras el caso continúa.
A la Fiscal General James se unen en la presentación de este breve los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
La Fiscal General James ha tomado constantemente medidas para proteger a los inmigrantes que tienen TPS de los intentos de la administración Trump de despojarlos ilegalmente de su estatus legal. En noviembre de 2025, la Fiscal General James lideró a 15 otros fiscales generales en la presentación de un breve amicus curiae para defender el TPS para los inmigrantes haitianos y venezolanos. En septiembre de 2025, la Fiscal General James colideró una coalición de 18 otros fiscales generales en la presentación de un breve amicus curiae ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia defendiendo el TPS para los inmigrantes haitianos. En julio de 2025, la Fiscal General James colideró una coalición de 14 otros fiscales generales en la presentación de un breve amicus curiae defendiendo el TPS para los inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.