La Comisión Europea ha propuesto un nuevo paquete de apoyo financiero a Ucrania, que incluye un crédito de 90.000 millones de euros a largo plazo. Dos tercios de este crédito se destinarán principalmente a la adquisición de equipamiento militar de países europeos, incluyendo los estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha señalado que se permitirá la adquisición de material bélico de otros países en circunstancias específicas, priorizando siempre las fuentes europeas.
La implementación de esta cláusula de preferencia europea, conocida como “Buy European”, está generando debate entre los estados miembros. Países Bajos han abogado por la máxima flexibilidad para optimizar el apoyo a Ucrania, mientras que Francia se opone a que una parte significativa de los fondos de la UE se utilice para la compra de armamento estadounidense, argumentando la necesidad de fortalecer la industria de defensa europea. El gobierno alemán, por su parte, ha promovido un enfoque similar al propuesto por la Comisión.
Según Von der Leyen, esta ayuda tiene como objetivo fortalecer la capacidad defensiva de Ucrania, que fue invadida por Rusia en febrero de 2022, así como mantener el funcionamiento del estado y los servicios públicos esenciales. “Estamos dando un paso adelante en nuestro apoyo para construir una Ucrania más fuerte y estable”, afirmó.
Este plan se basa en un acuerdo previo alcanzado por los jefes de estado y de gobierno de los países miembros para financiar a Ucrania durante los próximos dos años. El acuerdo incluye la posibilidad de utilizar activos rusos congelados en la UE para el reembolso del crédito, en caso de que Moscú no compense los daños causados por la guerra.
Anteriormente, se había considerado un modelo de financiación que implicaba el uso directo de fondos del banco central ruso, congelados en Bélgica, para otorgar préstamos a Ucrania por hasta 210.000 millones de euros. El canciller alemán Friedrich Merz fue un firme defensor de esta propuesta, pero finalmente no prosperó debido a la oposición de Francia e Italia, y a las preocupaciones legales y políticas planteadas inicialmente por Bélgica.
El crédito de 30.000 millones de euros destinado al presupuesto ucraniano también está sujeto a condiciones. Kiev deberá implementar reformas en áreas clave como los procesos democráticos, el estado de derecho y la lucha contra la corrupción, requisitos que, según Von der Leyen, son “no negociables”. Estas reformas también buscan acercar a Ucrania a una posible adhesión a la Unión Europea.
Para que los fondos lleguen a Ucrania, es necesario el visto bueno del Parlamento Europeo y de los estados miembros de la UE. Von der Leyen expresó su confianza en una rápida aprobación para poder realizar el primer desembolso ya en abril.
Susanne Fürst, portavoz de política exterior y de la UE del partido FPÖ, ha criticado duramente el “silencio del gobierno” austriaco en relación con los costes para los contribuyentes austriacos derivados de la asunción de deuda común de la UE para financiar créditos adicionales a Ucrania. “Lo que se ha decidido bajo el disfraz de la solidaridad europea no es otra cosa que una unión de deuda de alto riesgo con importantes consecuencias de responsabilidad para Austria, y todo ello sin la participación del Parlamento o de la población”, declaró Fürst en un comunicado.
