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El Departamento de Justicia propuso el miércoles una nueva norma que busca impedir que los colegios de abogados estatales investiguen y sancionen a los abogados del DOJ acusados de violar los requisitos éticos estatales. Bajo esta norma, la Fiscal General Pam Bondi podría congelar las investigaciones de los colegios de abogados estatales hasta que el departamento haya llevado a cabo su propia revisión independiente de cualquier alegación, un proceso opaco que podría prolongarse indefinidamente. Utilizando este nuevo poder, Bondi podría esencialmente desestimar cualquier investigación estatal sobre violaciones éticas por parte de los abogados del DOJ, incluidas acusaciones de que estos abogados mientieron ante los tribunales, permitiendo “revisiones” que podrían durar indefinidamente. Si se aprueba, la norma sacaría a la luz a los numerosos abogados del DOJ que supuestamente incumplieron sus obligaciones éticas al defender a la administración Trump.

En el episodio adicional de esta semana de Amicus de Slate Plus, las coanfitrionas Dahlia Lithwick y Mark Joseph Stern discutieron la amplia propuesta de Bondi y sus escasas posibilidades de prosperar en los tribunales. A continuación, se presenta una vista previa de su conversación, editada y condensada para mayor claridad.

Dahlia Lithwick: Hemos visto muchas quejas presentadas ante los colegios de abogados estatales contra un gran número de los “supervillanos” del Departamento de Justicia de Donald Trump, incluida la propia Pam Bondi, Todd Blanche, Ed Martin y Emile Bove, quien ahora es juez. En una coincidencia verdaderamente extraordinaria, el New York Times informó el jueves que la fiscal federal interina, con idas y venidas, Lindsey Halligan, también enfrenta una investigación ética en Florida, su estado natal, por parte de su colegio de abogados. Pero el DOJ ahora está diciendo, evidentemente: No, no, no, nadie puede ser investigado nunca más. ¿Cómo funciona eso?

Mark Joseph Stern: Primero, permítanme recordarles que no existe un colegio de abogados federal, lo cual es un punto importante a tener en cuenta. Los colegios de abogados estatales otorgan licencias y supervisan el ejercicio de la abogacía. Por lo tanto, cuando los abogados violan la ética, son los colegios de abogados estatales quienes intervienen e imponen sanciones. El Departamento de Justicia tiene su propio proceso para investigar y sancionar a sus abogados acusados de violar la ética, pero eso no sustituye a las investigaciones y sanciones de los colegios de abogados estatales. El DOJ no puede imponer el mismo tipo de sanciones profesionales, incluida la inhabilitación.

Y, sin embargo, como usted dijo, Bondi ahora está reclamando el poder de impedir que los colegios de abogados estatales investiguen a los abogados del DOJ por violaciones éticas en el ejercicio de sus funciones. Afirma que, como fiscal general, “tendrá derecho a revisar las acusaciones en primera instancia” y obligar a los colegios de abogados estatales a “suspender cualquier investigación o procedimiento disciplinario paralelo hasta que se complete la revisión”. Esto significa que podría congelar las investigaciones reales de los colegios de abogados estatales sobre los abogados del DOJ, las que conllevan sanciones profesionales reales, iniciando su propia “investigación”. Pero su investigación sería una caja negra que podría ralentizarse indefinidamente. Y mientras su falsa investigación federal esté en curso, podría impedir que los colegios de abogados estatales emprendan cualquier tipo de investigación sobre los abogados que enfrentan quejas o tomen cualquier tipo de medida contra ellos.

Esto puede parecer una pregunta muy ingenua, pero voy a hacerla de todos modos. Parece que si el gobierno federal pudiera simplemente detener las investigaciones de los colegios de abogados estatales sobre cualquiera de los abogados que trabajan para el Departamento de Justicia, lo habría estado haciendo desde hace mucho tiempo. Pero no lo ha estado haciendo. Nunca se ha hecho. ¿Es esto legal? ¿Es lícito?

No, el gobierno no lo ha estado haciendo, porque sería ilegal. Y déjenme explicarles por qué: una ley federal conocida como la Enmienda McDade establece que los abogados del DOJ “estarán sujetos a las leyes y normas estatales… en la misma medida y de la misma manera que otros abogados en ese Estado”. Por lo tanto, cuando un abogado del DOJ tiene licencia en Florida, como Halligan, debe cumplir con los requisitos éticos del colegio de abogados de Florida.

El Departamento de Justicia de Bondi argumenta que los abogados del DOJ aún pueden estar protegidos de las investigaciones de los colegios de abogados estatales porque esta ley establece que el fiscal general puede “establecer normas” para “garantizar el cumplimiento” de la Enmienda McDade. Pero la norma que está proponiendo no “garantizaría el cumplimiento” de la ley, ¡la derogaría! Una vez más, el Congreso estableció claramente que los abogados del DOJ están “sujetos” a las normas de los colegios de abogados estatales “de la misma manera” que cualquier otro abogado en el estado. Eso significa, obviamente, que están sujetos a las normas del colegio de abogados, lo que necesariamente incluye la autoridad del colegio para hacer cumplir esas normas.

Entonces, ¿cómo pretende el DOJ hacer cumplir este plan?

Bueno, la propuesta en sí es extremadamente ambigua en cuanto a cómo, exactamente, el DOJ suspendería realmente las investigaciones de los colegios de abogados estatales. Simplemente establece que el departamento “tomará las medidas apropiadas para evitar que las autoridades disciplinarias del colegio de abogados interfieran con la revisión de las acusaciones” por parte del fiscal general. Eso casi con seguridad significa acudir a un tribunal federal para obtener una orden judicial contra la investigación del colegio de abogados estatal.

Pero aquí está el problema, y es algo que la propuesta no aborda en absoluto: la Corte Suprema ha prohibido expresamente tales órdenes judiciales. En un caso llamado Middlesex County Ethics Committee v. Garden State Bar Association, la corte dictaminó por unanimidad que los tribunales federales deben evitar interferir con los procedimientos disciplinarios legítimos y en curso de los colegios de abogados estatales, porque los estados tienen un “interés extremadamente importante en mantener y asegurar la conducta profesional de los abogados que tienen licencia”.

Por lo tanto, según Middlesex, el poder judicial federal debe abstenerse de entrometerse en estos procedimientos hasta que se completen. Si el Departamento de Justicia intentara hacer cumplir esta nueva propuesta para detener una investigación de un colegio de abogados estatal, chocaría directamente con este precedente, y los tribunales casi con seguridad se negarían a escucharla. Sinceramente, me sorprendió que la propuesta ni siquiera reconociera este obstáculo insuperable. Pero supongo que eso es simplemente el tipo de asesoramiento legal descuidado y deshonesto que ha llevado a algunas de estas quejas éticas en primer lugar.

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