El debate sobre la conciliación laboral en Chile se intensifica. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha instado a definir en 90 días el financiamiento de un proyecto de ley que, según ella, es clave para impulsar la economía y el empleo femenino.
Sin embargo, el gobierno del Presidente José Antonio Kast se muestra cauteloso debido a la delicada situación financiera del país. El ministro de la SEGPRES, José García Ruminot, ha señalado que la viabilidad de la iniciativa depende directamente de las finanzas públicas, considerando que Chile cerró 2025 con un déficit fiscal estructural del 3,6% del PIB y una deuda que supera los 13 mil millones de dólares.
Expertos como Pablo Barberis, de la Universidad de Chile, advierten sobre la necesidad de asegurar la sustentabilidad a largo plazo de cualquier medida que se implemente, para evitar agravar la crisis fiscal. Por su parte, Iván Moreira, vicepresidente del Senado, ha criticado la gestión anterior, acusando a la administración de Gabriel Boric de haber dejado vacíos en el financiamiento durante sus últimos días en el cargo.
La directiva del Senado espera que el proyecto se concrete durante este 2026, aunque el principal desafío reside en encontrar una solución financiera que no comprometa la estabilidad económica del país. La resolución de este conflicto marcará el rumbo de la agenda social para los próximos meses.