La campaña del No al referéndum argumenta que la reforma pondría la justicia al servicio de la política. ¿Qué hay de cierto en esto? La politización de la magistratura es un hecho innegable.
Ilaria D’Ascanio
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Estimada lectora, no tengo inconveniente en reconocer que la magistratura está, en cierta medida, politizada. Casos como el de Palamara y otros muchos lo demuestran. Sin embargo, esta politización se observa en ambos lados, tanto en la izquierda como en la derecha, con “togas rojas” y “togas negras”. A este respecto, la investigación sobre el Lodo Mondadori reveló magistrados coludidos con Previti, abogado y exministro berlusconiano que fue condenado a 11 años de prisión, posteriormente reducidos a 6. Podría añadir ejemplos presenciados de primera mano, como el juez huraño que ni siquiera respondió al saludo de “Buenos días” del abogado demandante, pero que, en cuanto vio llegar a la abogada de la contraparte, una empresa cercana a Berlusconi, se levantó y le besó la mano. La abogada era hija de un ministro de Berlusconi: no digo más. Reitero que la magistratura es disfuncional, pero aún conserva valiosos márgenes de independencia. Imaginar que los partidos de centro-derecha llevarán a cabo una reforma “para una justicia más justa” requiere un alto grado de ingenuidad. La especialista en volar asnos, Meloni, afirma que votar No nos traerá a casa “inmigrantes ilegales, violadores, traficantes de drogas puestos en libertad”, aspectos que, en realidad, la reforma no aborda. Por otro lado, los propios ideólogos de la reforma nos indican cuáles son sus objetivos: “Hay que votar Sí para deshacernos de la magistratura, que son pelotones de ejecución”, palabras de la mano derecha de Nordio, Giusi Bartolozzi. ¿Se necesita algo más?