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La creciente dependencia de Venezuela de las stablecoins como infraestructura financiera ha cobrado relevancia en los últimos días. La incautación del buque petrolero Skipper, frente a las costas venezolanas y anunciada por el gobierno estadounidense el miércoles, ha reenfocado la atención sobre las vías alternativas que utiliza el gobierno venezolano para movilizar capital en un país cuya economía opera bajo un régimen de excepción desde hace años.

Un reciente análisis de TRM Labs detalla cómo los activos digitales se han integrado estructuralmente en la vida cotidiana de los venezolanos, generando a su vez inquietud entre reguladores y autoridades de seguridad. El informe señala que el uso de stablecoins – en particular, USD Tether (USDT) – se ha consolidado como respuesta a la hiperinflación, la pérdida de confianza en el sistema bancario y las restricciones impuestas por las sanciones. Para millones de venezolanos, estas herramientas se han convertido en un sustituto de cuentas bancarias inestables o inaccesibles, siendo ahora el medio preferido para realizar pagos, recibir remesas y proteger sus ahorros de la continua depreciación del bolívar.

“Durante años, Venezuela ha recurrido a cualquier mecanismo disponible para transferir valor bajo la presión de las sanciones, ya sea a través de transferencias de petróleo en la sombra, intermediarios marítimos o el fallido Petro”, afirmó Ari Redbord, director global de Políticas de TRM Labs.

“La criptografía representa el capítulo más reciente de esta historia. Si bien las stablecoins funcionan actualmente como una infraestructura financiera esencial para los ciudadanos, estos mismos sistemas están bajo escrutinio debido a su potencial uso indebido para evadir sanciones”, añadió.

La incautación del Skipper añade un nuevo elemento a la tensión entre Washington y Caracas. Según informó Bloomberg, el buque, previamente sancionado, fue confiscado cerca de las costas venezolanas. The New York Times añadió que la embarcación navegaba bajo falsa bandera y que un juez estadounidense ordenó su captura debido a su anterior participación en el contrabando de petróleo.

El análisis presentado sitúa estos acontecimientos en un contexto más amplio. La prolongada contracción económica, el declive estructural de la producción petrolera y la informal dolarización han llevado a una parte de la población a buscar sistemas de pago alternativos. La introducción del Petro en 2018 no logró los resultados esperados, pero sí contribuyó a normalizar el uso de infraestructuras digitales y familiarizó a diversos sectores del país con operaciones fuera del sistema bancario tradicional.

A partir de 2020, la combinación de sanciones contra PDVSA y la pérdida de acceso al sistema financiero internacional aceleró la adopción de stablecoins como un mecanismo cotidiano. TRM Labs destaca que esta transición no responde a un interés especulativo, sino a la necesidad de superar las deficiencias estructurales: escasez de efectivo, interrupciones bancarias frecuentes y la alta volatilidad de la moneda local. USDT se convirtió en la herramienta práctica para preservar el valor y realizar transacciones con menores fricciones.

Los datos revelan la magnitud de este fenómeno. Alrededor del 38% del tráfico proveniente de direcciones IP venezolanas hacia plataformas de activos digitales se dirige a un único proveedor global con funciones de intercambio P2P – operaciones directas entre usuarios sin intermediarios financieros tradicionales – lo que evidencia su papel como el principal canal de acceso. También operan plataformas locales con modelos híbridos – billeteras móviles, conversión a moneda fiduciaria y pagos internos – que facilitan las operaciones diarias, aunque pueden introducir riesgos al depender de liquidez en el extranjero o de intermediarios con controles de cumplimiento limitados.

“Tras la incautación del petrolero, está más claro que nunca que Estados Unidos se centra en frenar los flujos petroleros y financieros venezolanos, y utiliza todas las herramientas disponibles para interrumpir la evasión de sanciones y las redes de delitos financieros”, afirmó Redbord. “La criptografía es una pieza clave en este rompecabezas”.

El informe señala que la supervisión interna es uno de los puntos débiles del sistema. Tras la reestructuración de SUNACRIP en 2023 – un proceso en el que el gobierno de Maduro intervino la superintendencia, detuvo a parte de su directiva por presunta corrupción y suspendió el marco regulatorio previo – el país opera con un sistema fragmentado, caracterizado por licencias poco claras, funciones institucionales superpuestas y una capacidad de fiscalización limitada.

Esta indefinición ha favorecido la expansión de intermediarios P2P, brokers informales y proveedores nested que ejecutan transferencias entre distintas jurisdicciones sin estándares sólidos de identificación y verificación.

El estudio identifica patrones que se repiten en economías sujetas a sanciones estrictas: creación de billeteras de corta duración, movimientos de alta velocidad, saltos entre cadenas para reducir la trazabilidad, uso de plataformas híbridas parcialmente integradas al sistema bancario y mecanismos de compensación informal que pueden ser aprovechados por redes dedicadas al comercio energético o al contrabando. Los autores concluyen que estas dinámicas elevan el riesgo de que los activos digitales sean utilizados para operaciones que buscan liquidez en dólares fuera de los canales supervisados.

A pesar de ello, la mayor parte del volumen digital se explica por usos legítimos. Las stablecoins permiten pagar salarios, sostener pequeñas empresas, importar bienes, cancelar servicios y recibir remesas que sustituyen a canales financieros deteriorados. TRM Labs subraya que la adopción masiva responde a una necesidad de estabilidad y no a la intención de evadir sanciones.

El documento concluye que la evolución del entorno digital venezolano dependerá de la persistencia de la inestabilidad macroeconómica, la capacidad del Estado para establecer un marco regulatorio coherente y la expansión de plataformas con vínculos institucionales, lo que podría aumentar la supervisión interna pero también atraer un mayor escrutinio internacional.