Colorado se prepara para proteger a las empresas de inteligencia artificial de reclamaciones por ejercicio ilegal de la abogacía. La Oficina de Asesoramiento Legal de Colorado ha adoptado una política de “no procesamiento” que prioriza menos la persecución de los desarrolladores de herramientas tecnológicas de asistencia legal, reconociendo que estos desarrolladores, a menudo no abogados, pueden ofrecer asistencia legal vital a personas de bajos y moderados ingresos.
Según Jessica Yates, asesora legal del Tribunal Supremo de Colorado, esta política busca modificar la definición de lo que implica el ejercicio de la abogacía para que las empresas interesadas en desarrollar herramientas basadas en la tecnología puedan hacerlo sin temor a acciones regulatorias. La iniciativa responde a la creciente disponibilidad de herramientas tecnológicas que amplían el acceso a la asistencia legal.