Sacramento, California – El presidente Trump anunció este miércoles la retirada de la Guardia Nacional de las ciudades de Los Ángeles, Portland (Oregón) y Chicago, tras una decisión de la Corte Suprema que puso en duda la base legal de su administración para utilizar a las tropas en operaciones de aplicación de la ley a nivel nacional.
Sin embargo, el presidente Trump atribuyó la decisión a una “reducción significativa” de la delincuencia en esas ciudades y dejó abierta la posibilidad de futuras intervenciones federales. La oficina del gobernador Gavin Newsom desmintió la justificación de Trump para retirar las tropas en Los Ángeles, afirmando que la decisión se debió a las recientes victorias legales de California, incluyendo una resolución del miércoles que devolvió el control de la Guardia Nacional al estado.
“Me alegra que el presidente Trump finalmente haya admitido la derrota: siempre hemos dicho que la federalización de la Guardia Nacional en California es ilegal”, declaró Newsom en un comunicado. “Instruyo a los líderes de la Guardia Nacional de California a trabajar con prontitud para que los miembros del estado regresen a sus hogares con sus familias lo antes posible, una vez completada su desmovilización del servicio federal.”
Esta controversia se produce después de que el Departamento de Justicia presentara un documento ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito el martes, en el que retiraba formalmente su solicitud de mantener a las tropas bajo control federal mientras se continúa con la apelación. Posteriormente, el tribunal de apelaciones ordenó este miércoles la devolución del control de la Guardia Nacional de California a Newsom.
La semana pasada, la Corte Suprema de los Estados Unidos asestó una derrota temporal a Trump, bloqueando el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago. Los jueces dictaminaron que el poder de desplegar tropas a nivel nacional solo se otorga al presidente en “circunstancias excepcionales”.
Esta decisión se considera un punto de inflexión en una intensa batalla legal sobre el uso de las tropas de la Guardia Nacional estatal por parte de Trump, quien argumentó que era necesario para sofocar los disturbios relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración. Los abogados del Departamento de Justicia habían argumentado ante los tribunales que, una vez federalizadas, las tropas de la Guardia Nacional podrían permanecer bajo el mando del presidente indefinidamente y que los tribunales no tenían autoridad para revisar su despliegue.
Los funcionarios de California presentaron su demanda en junio después de que Trump movilizara a casi 2,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, a pesar de las objeciones de Newsom, argumentando que el despliegue era “ilegal y sin precedentes”. La mayoría de las tropas fueron enviadas a casa en agosto. Los registros judiciales muestran que alrededor de 300 soldados de California permanecieron bajo control federal, incluidos 100 que aún estaban activos en Los Ángeles a principios de este mes.
Newsom declaró en septiembre que la decisión de Trump de desplegar tropas en Los Ángeles equivalía a un costoso espectáculo político que supuso una carga de casi 120 millones de dólares para los contribuyentes. Esta cifra se calculó a partir de estimaciones proporcionadas por la Guardia Nacional de California, según la oficina de Newsom.
A mediados de diciembre, un video revisado por el Los Angeles Times mostró a decenas de soldados bajo el mando de Trump abandonando silenciosamente el Edificio Federal Roybal en el centro de la ciudad en plena noche, tras una orden del tribunal de apelaciones de retirarse. Ese edificio había sido patrullado por soldados armados desde junio.
A principios de este mes, un juez federal del Distrito Norte de California dictaminó que el presidente había tomado ilegalmente el control de la Guardia Nacional de California durante las protestas por la aplicación de las leyes de inmigración. Esta orden vuelve a estar en vigor tras la orden del miércoles del Noveno Circuito.
El juez del Distrito de los Estados Unidos, Charles R. Breyer, rechazó el argumento de la administración de que, una vez federalizadas, las unidades de la Guardia Nacional podrían permanecer bajo el control presidencial indefinidamente. Advirtió que tal teoría trastocaría el equilibrio constitucional entre el poder estatal y el federal.
El caso de Los Ángeles forma parte de una batalla legal más amplia y de alto riesgo sobre la autoridad del presidente para desplegar fuerzas armadas dentro de las ciudades estadounidenses. Disputas similares que involucran el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón e Illinois están en curso en los tribunales, y varios jueces, incluidos los nombrados por conservadores, han expresado escepticismo sobre las afirmaciones de que tales decisiones están más allá de la revisión judicial.
Los miembros del Congreso también han comenzado a examinar los despliegues, planteando preocupaciones sobre las libertades civiles y el creciente uso de fuerzas militares en entornos civiles.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró a principios de este año que Los Ángeles se habría “quemado” si no hubiera sido por el despliegue de la Guardia Nacional.
El mensaje de Trump este miércoles en su plataforma de redes sociales Truth Social se hizo eco de esas afirmaciones.
“Portland, Los Ángeles y Chicago se habrían ido si no fuera por la intervención del gobierno federal”, escribió Trump. “Volveremos, quizás en una forma mucho diferente y más fuerte, cuando el crimen comience a dispararse nuevamente, ¡solo es cuestión de tiempo!”
Sin embargo, los miembros de la Guardia Nacional solo estaban estacionados para proteger edificios federales en el centro y el oeste de Los Ángeles y rara vez se movían a las calles de la ciudad. A pesar de las afirmaciones de la administración, la delincuencia violenta y la delincuencia contra la propiedad disminuyeron aproximadamente un 8% en la ciudad este año, según los registros del Departamento de Policía de Los Ángeles.
Aunque las protestas causaron daños significativos a la propiedad en una pequeña sección del centro de Los Ángeles, los fiscales federales han tenido dificultades para obtener acusaciones contra los manifestantes acusados de atacar a agentes federales.
A principios de este mes, una revisión del Times de presuntos ataques contra agentes federales en varias ciudades donde Trump desplegó o amenazó con desplegar la Guardia Nacional, incluidas Los Ángeles, Chicago y Portland, mostró que la mayoría de los incidentes no resultaron en lesiones a los agentes.
El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró el archivo del martes ante el tribunal de apelaciones, afirmando que su oficina “trabajó noches y fines de semana para defender la Constitución y poner fin a la extralimitación ilegal del poder ejecutivo por parte del presidente”.
“Durante seis meses, los soldados de la Guardia Nacional de California han sido utilizados como peones políticos por un presidente desesperado por ser rey”, dijo Bonta en un comunicado. “Desde la exhibición política en MacArthur Park hasta su participación ilegal en redadas migratorias indiscriminadas, el despliegue militar de tropas de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles ha dejado cicatrices duraderas en las comunidades angelinas. Existe una razón por la que nuestros fundadores decidieron que los asuntos militares y civiles deben mantenerse separados; una razón por la que nuestro ejército, por diseño, es apolítico”.
