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«El fracaso no reside en intentar un desafío difícil, sino en no intentarlo. Lo ocurrido el pasado 18 de diciembre no fue una decisión política de la administración municipal, sino la consecuencia de acciones judiciales y una violación de una ordenanza relacionada con la seguridad del inmueble». Stefano Lo Russo apenas puede pronunciar la palabra “desalojo”, tanto debe dolerle aún. «Lo que no se logra se tilda de ilusorio, mientras que lo que se consigue se celebra como una genialidad», recrimina el alcalde de Turín, casi creyendo que un administrador debe ser juzgado por sus buenas intenciones y no por los resultados concretos. Pero el fracaso del pacto Bene Comune y el consiguiente cierre de Askatasuna estaban escritos en el ADN del centro social.

«Es la fábula de la rana y el escorpión. Lo Russo es una buena persona y se ha ilusionado con encauzarles, pero los antagonistas de Corso Regina Margherita quieren dar batalla, no regularizarse; y cuanto más se cuentan sus violencias, más se exaltan. Y parte de la izquierda los ha instrumentalizado, con fines anti-gubernamentales y en busca de consenso». Giacomo Portas es el líder de los Moderados piamonteses, que sin embargo aquí se sitúan a la izquierda, pero no concede ventajas a su bando. El intento que se está llevando a cabo en estos días en Turín es hacer pasar el concepto de que no se debe tirar al niño con el agua sucia, que Askatasuna desempeña un importante papel social y que un puñado de delincuentes corre el riesgo de destruirlo todo. Sin embargo, cuanto más se investiga, menos se ve al niño y más nos encontramos rodeados de agua sucia. Es difícil pensar que el ex fiscal anti-mafia, Giancarlo Caselli, con sus conocidas simpatías progresistas, hable sin fundamento cuando dice que «Askatasuna tiene estrategias de alcance ilegal y a veces subversivas y la política que no tiene esto claro es irresponsable».

La sensación es que todo este papel social del centro ocupado es «más presunto que efectivo», sintetiza el concejal Silvio Viale, radical y de +Europa, con un sólido pasado en Autonomía Obrera. El político-ginecólogo siempre ha denunciado la violencia de Askatasuna y, casualmente, ha recibido cinco denuncias por violencia de otras tantas chicas del colectivo feminista del centro social, lo que le ha llevado a un proceso en el que ha sido declarado inocente. Solo para que quede claro que los antagonistas no golpean solo en la calle…

ESCARAMUZAS Y BOXEO
En realidad, no existe una asociación Askatasuna. Nada se ha constituido como una entidad formal, de ahí que el famoso pacto con el Ayuntamiento lo firmara en nombre del centro social el Comité de Garantía, el que debía supervisar y no lo hizo. Tampoco es fácil identificar las actividades meritorias que el desalojo y la posterior incautación habrían interrumpido. Por supuesto, en la estructura de Corso Regina Margherita 47, un hermoso edificio de principios del siglo XX con 800 metros cuadrados de parque –valorado entre dos y tres millones de euros– se celebran conciertos, a veces se organizan polentadas o fiestas con alcohol, algún abuelo de la generación del 68 lleva a sus nietos, pero estamos dentro del ámbito de las actividades recreativas.

«A menos que se considere actividad social la ventanilla Prendo Casa, dedicada a la organización de piquetes para impedir el desahucio de inquilinos morosos», critica Maurizio Marrone, consejero regional de Fdi precisamente para las Políticas Sociales, además de la Integración socio-sanitaria. Otra actividad era el gimnasio de boxeo, «donde, sin embargo, en realidad se enseñaba a golpear a los policías», añade el representante de Hermanos de Italia, quien tiene una interesante tesis sobre la izquierda que no condena a Aska. «Antes lo mimaban como un caladero de consenso, ahora deben defenderlo para evitar la caída de Lo Russo, que se ha jugado mucho con el centro y que también es atacado por la izquierda moderada. Porque si se va a elecciones con este problema a la vista, esta vez…». Por eso se intentará cerrar el caso antes de las elecciones de 2027. ¿Cómo? El comité de garantes ha fracasado, demasiado cerca de los militantes más radicales para supervisarlos y condicionarlos. Les tocará a quienes ofrecieron cobertura política a los violentos dar un paso adelante para gestionar el centro social, tras una licitación adecuada: pero ¿quién quiere asumir la tarea de cambiar la naturaleza de los violentos, de los escorpiones ya dispuestos a morder mortalmente a sus salvadores? Cuando Don Ciotti afirma que «Askatasuna también ha sido oxígeno, no todo debe ser criminalizado y, aunque la violencia debe ser condenada, los jóvenes que luchan por el imán (el que bendijo la masacre del 7 de octubre, ndr) tenían objetivos justos llevados a cabo de forma errónea», utiliza su imagen caritativa para proteger a unos matones que se organizan en comandos para crear desorden.

LOS PATROCINADORES DE ASKA
No debe sorprender: la izquierda y la extrema izquierda en Turín son una sola, que agrupa a la CGIL, las ACLI, la ARCI, la asociación Libera; estos son los patrocinadores de Askatasuna. Sin embargo, hay que tener cuidado: no se debe pensar que dentro del centro surge una asociación espontánea dedicada a la asistencia y el voluntariado. Son los partidos y las asociaciones los que prestan su cara para cubrir lo que, especialmente en los últimos tiempos, con asaltos a ferrocarriles, periódicos y comisarías de policía, se ha convertido en un refugio de delincuentes y condenados más que en un centro social de bohemios como era. Las actividades organizadas por “Dopolavoro” y “47”, asociaciones citadas en el pacto Bene Comune con el alcalde, no son más que aperitivos, encuentros musicales, partidos de fútbol organizados y promocionados a través de las redes sociales para recaudar algo de dinero.

Ya, el tema del dinero es otro gran interrogante. La oposición de centroderecha ha preguntado en repetidas ocasiones en el Consejo municipal quién paga los suministros de Askatasuna, cuánto pesa el centro en las arcas públicas. Pero todas las peticiones nunca han obtenido respuestas concretas y claras de la administración. Se sospecha, con fundamento, que las facturas no se pagan o son abonadas por el público. Sin embargo, no se han encontrado rastros de dinero entregado directamente. Hay un par de cooperativas que están vinculadas a militantes del centro y que prestan servicios sociales pagados por el Ayuntamiento, con adjudicaciones por licitación, luego constantemente prorrogadas, pero han ubicado convenientemente su sede en otros edificios, ya que incluso antes de la incautación judicial, no era legal domiciliarse o residir en Corso Regina Margherita 47.