SEÑOR DIRECTOR:
Un Estado con responsabilidad en la gestión pública reconoce que la seguridad jurídica ambiental no es un impedimento para la inversión honesta y legítima, sino un facilitador. Por consiguiente, la suspensión de decretos destinados a la protección de parques nacionales y especies en riesgo no debe interpretarse como una mera decisión técnica, sino como una señal política de considerable relevancia. La política ambiental debe constituir la base de un Estado sostenible a largo plazo, y no un obstáculo para la administración en turno. La protección de los ecosistemas es una manifestación de soberanía nacional.
El progreso genuino no se mide por la explotación inmediata de los recursos naturales, sino por la capacidad de construir un legado duradero. Aquellos que debilitan su patrimonio natural no solo comprometen el futuro, sino que, en términos económicos, están firmando su propia inviabilidad.
Felipe Kong, académico UDP
Camila Osorio, geógrafa Universidad de Concepción