Devaughn Ward, en su primer año como defensor del pueblo del Departamento de Corrección, ha estado investigando los servicios y beneficios específicos que el Programa de Asistencia Legal a los Reclusos (ILAP, por sus siglas en inglés) —con un costo cercano al millón de dólares— proporciona a la población carcelaria del estado.
La solicitud de Ward no estaba fuera de lugar.
De hecho, el contrato actual exige que el contratista del estado, Bansley Law Firm LLC, liderado por el abogado Walter C. Bansley IV desde 2015, proporcione datos sobre sus actividades cuando lo solicite cualquier agencia estatal.
Sin embargo, cuando Ward solicitó información, Bansley se negó a proporcionarla.
Ward envió entonces una carta a Angel Quiros, el Comisionado del Departamento de Corrección, solicitando la suspensión del contrato con Bansley Law Firm hasta que la empresa proporcionara los datos. También demandó a la firma en un intento de obtener una orden judicial que la obligara a revelar la información, dado que Bansley ni siquiera había respondido a la citación.
Ese caso aún está pendiente en el Tribunal Superior de Hartford.
Quiros respondió el 17 de noviembre, sin rechazar la solicitud de Ward ni tomar medidas en el caso.
En cambio, Quiros informó que se había reunido con el abogado Walter C. Bansley IV y que habían acordado que la firma proporcionaría más datos, incluido el tiempo que tardan los abogados de ILAP en responder a las solicitudes de asistencia.
Quiros no respondió a la pregunta principal de Ward: ¿Qué está haciendo ILAP para justificar más de 800.000 dólares anuales por servicios legales? Por lo tanto, Ward reiteró la pregunta en una segunda carta fechada el 19 de noviembre. Esa carta se envió también a la Oficina del Gobernador Ned Lamont, que no ha respondido.
Los registros cuentan la historia
Pero el argumento más amplio de Ward —que necesitamos saber más sobre lo que hace ILAP— es solo parcialmente correcto. Gran parte de la evolución —o involución— del programa es evidente al comparar año tras año sus informes anuales. Ese análisis revela que la población carcelaria de Connecticut está recibiendo muchos menos servicios de los que recibía cuando ILAP comenzó en 1995, sin una reducción correspondiente en la compensación del estado.
El programa está obligado a presentar informes anuales. Y el análisis de los informes anuales de 2004 muestra una marcada disminución de los servicios prestados. Los informes de años anteriores a 2004 no están disponibles.
El hallazgo más llamativo es la transformación del programa de un servicio directo de alto volumen a un proveedor de materiales de autoayuda de menor volumen. En otras palabras, ILAP es ahora principalmente un centro de investigación y recopilación de formularios, no asistencia legal como muchos lo imaginan.
El mejor indicador de que el programa sigue siendo poco activo en los problemas legales de los presos es el número de comparecencias ante los tribunales.
Las comparecencias ante los tribunales de los abogados de ILAP se redujeron a cero en 2010, cuando la Oficina de Sydney T. Schulman aún tenía el contrato. Ese número se ha mantenido en cero desde entonces, lo que sugiere un cambio fundamental en la forma en que el programa cumple su contrato con el estado.
El contrato para el Programa de Asistencia Legal a los Reclusos no exige la representación de una persona encarcelada en un procedimiento judicial o en asuntos de derecho de familia, como el divorcio o la terminación de la patria potestad. Pero no es solo la falta de comparecencias lo que preocupa. Lo notable es el colapso casi total de la litigación, las demandas que necesariamente se dirigirían contra el Departamento de Corrección o el estado por no proporcionar la atención médica adecuada, por no proteger a las personas bajo custodia estatal de la violencia o incluso por no proporcionarles gafas de lectura.
ILAP también cambió la definición durante el ejercicio fiscal 2017-2018 de lo que significa iniciar un caso. Antes del ejercicio fiscal 2017, “casos iniciados” significaba que ILAP había presentado documentos en nombre de un recluso como su abogado de referencia. Desde 2017, ILAP define iniciar un caso como ayudar con los formularios, pero no necesariamente presentarlos. ILAP no rastrea si los presos presentan los formularios que proporciona para iniciar un caso.
Como resultado, los datos recopilados bajo “casos iniciados” no significan que ILAP haya iniciado nada, ni que nadie haya iniciado nada. Continuar informando sobre estas interacciones como “casos iniciados” es, en el mejor de los casos, engañoso y, en el peor, fraudulento.
Incluso si la definición no hubiera cambiado, la disminución de los casos iniciados es notable.
ILAP informa que inició 124 casos judiciales en 2017-2018, el año en que cambió la definición. En el ejercicio fiscal 2023-24, solo se iniciaron dos casos. En el ejercicio fiscal 2024-25, hubo uno, lo que constituye una reducción del 99% —100% si el preso nunca presentó los documentos— en la litigación desde 2017.
¿Contempló Bansley Law Firm representar a los presos?
Al menos con el contrato anterior con la oficina de Schulman, la firma contemplaba la necesidad de representar a una persona encarcelada.
La firma de Schulman solicitó y recibió un número de juris —un número de identificación interno utilizado por la Rama Judicial de Connecticut para abogados y firmas— para su trabajo de servicios legales cuando la firma era el contratista elegido para ILAP.
Cualquier caso presentado utilizando el número de juris de ILAP de Schulman es un caso que llegó a la firma a través de ILAP. En los registros del Tribunal Superior, el número de juris de ILAP de Schulman está actualmente asociado con solo tres casos cerrados: dos son divorcios, uno de 2010 y otro de 2012, y el tercero parece ser un asunto de familia en apelación que involucra a un menor (los registros están sellados y las identidades eliminadas). Esto no es definitivo para todos los casos que Schulman’s ILAP podría haber iniciado; es posible que otros casos presentados por ILAP hayan sido eliminados o que ILAP haya representado a personas en otros tribunales, como el de sucesiones o un tribunal de otro estado.
Pero tres parece un número pequeño dado el número de consultas que Schulman’s ILAP recibió entre 1995 y 2015; según los gráficos presentados por la firma al departamento, la firma recibió alrededor de 10.000 consultas por año de los presos de 2004 a 2014. Eso es aproximadamente 100.000 solicitudes durante solo la mitad del mandato de la oficina de Schulman como contratista de ILAP.
Los tribunales federales no rastrean los casos de los abogados por números de juris estatales, pero Schulman apareció en cuatro casos federales presentados contra la ex Comisionada del Departamento de Corrección, Theresa Lantz, entre 2003 y 2008. Lantz se jubiló en 2009.
Una inspección más cercana revela que la firma de Schulman fue demandada en esas acciones y que ILAP no las inició.
Pero Bansley Law Firm nunca solicitó ni recibió un número de juris de ILAP separado.
El número de juris habitual de Bansley Law Firm aparece en dos casos y no representa a los presos en ninguno de ellos. La firma es demandada en uno donde el preso Jose Ramos acusa a ILAP de conspirar para tomar la propiedad de Ramos; el juez superior Steven Jacobs desestimó el caso el 2 de junio. El otro caso es el presentado por Ward solicitando a ILAP que demuestre lo que está haciendo.
La carta del 17 de noviembre de Quiros a Ward señaló que las decisiones de la Corte Suprema que constituyen la ley no exigen que ILAP represente a los presos. Muchos tribunales han estado de acuerdo con esa evaluación. No todas las consultas de un preso deben resultar en litigios.
Pero esa ya no es realmente la pregunta, especialmente dado que ILAP no ha representado a una persona encarcelada durante unos 15 años. La pregunta sigue siendo si el contrato de Bansley Law Firm por más de un cuarto de millón de dólares es prudente dado lo que el estado está recibiendo a cambio.
Basado en algunas métricas de los informes anuales de ILAP, el programa —que es el método actual del estado para proteger uno de los derechos constitucionales de la población carcelaria— no vale la pena.