Yakarta, Indonesia – Estados Unidos ha comenzado a retirar personal militar de varias bases en la región, según informes del miércoles 14 de enero de 2026. Esta medida se produce tras las fuertes amenazas de Irán de atacar instalaciones estadounidenses en caso de una intervención militar por parte de Washington.
La escalada de tensión se deriva de las masivas protestas internas que sacuden a Irán, consideradas las revueltas más graves en la historia de la República Islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con tomar medidas contundentes en apoyo a los manifestantes antigubernamentales.
Un funcionario estadounidense, que prefirió permanecer en el anonimato, confirmó que la retirada de personal de las bases principales es una medida preventiva ante la creciente tensión. Qatar declaró que la reducción de personal en la base aérea de Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en la región, es una respuesta directa a la situación regional actual.
Dos funcionarios europeos evalúan que una intervención militar estadounidense es muy probable, incluso en las próximas 24 horas. De manera similar, funcionarios israelíes creen que Trump ha tomado la decisión de intervenir, aunque el alcance y el momento exacto se mantienen en secreto.
Un alto funcionario iraní declaró que su país ha emitido advertencias severas a naciones vecinas como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
«Teherán ha informado a los países de la región que las bases estadounidenses en sus territorios serían atacadas si Estados Unidos ataca a Irán», afirmó el funcionario, citado el jueves 15 de enero de 2026.
Además de las amenazas directas, los contactos diplomáticos entre el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, han sido suspendidos por completo.
Por su parte, Trump, en una entrevista con CBS News, prometió «acciones muy fuertes» si Irán ejecuta a los manifestantes. Instó al pueblo iraní a continuar protestando y a tomar el control de las instituciones estatales, asegurando que «ayuda está en camino».
Según informes del grupo de derechos humanos HRANA, las protestas han causado la muerte de al menos 2.403 manifestantes y 147 agentes del gobierno. Esta cifra supera ampliamente las protestas de 2022 y 2009. El gobierno iraní, por su parte, atribuye la muerte de más de 2.000 personas a «enemigos extranjeros» y los acusa de estar detrás de la destrucción masiva.
A pesar de la magnitud de las protestas, funcionarios occidentales consideran que las fuerzas de seguridad iraníes mantienen el control total y que el gobierno no está al borde del colapso. Actualmente, las autoridades iraníes están acelerando los procesos judiciales y las sentencias contra los manifestantes detenidos, cuyo número supera los 18.000.
La economía iraní se encuentra en una situación precaria tras la reimposición de las sanciones de la ONU debido a su programa nuclear, agravada por los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos el año pasado, que han dañado el prestigio del gobierno de Teherán ante su propia población.
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