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Un jurado de un tribunal civil en Santa Fe (Nuevo México) declaró este martes a Meta responsable de poner en peligro a usuarios menores de edad en sus plataformas, una decisión trascendental que sienta un precedente.

El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en daños y perjuicios, una suma considerable aunque inferior a los aproximadamente 2 mil millones de dólares que solicitaba el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien inició el procedimiento.

Pocos minutos después del anuncio del veredicto, un portavoz de Meta indicó que el gigante de las redes sociales apelará la decisión. “Estamos trabajando arduamente para proteger a los usuarios de nuestras plataformas y somos transparentes sobre los desafíos que implica la identificación y suspensión de usuarios maliciosos y contenidos dañinos”, añadió.

“Ninguna empresa está por encima de la ley”

El fiscal Raúl Torrez había demandado a Meta a finales de 2023, acusándola de poner en peligro a los niños, en particular al exponerlos a contenidos inapropiados y a depredadores sexuales.

“Nuevo México se enorgullece de ser el primer estado en responsabilizar a los operadores de redes sociales por engañar a los padres, permitir la explotación de menores y poner en peligro a los niños”, comentó Raúl Torrez en un comunicado.

Para él, la cantidad otorgada a las víctimas “debería enviar un mensaje claro a los líderes de la tecnología”, “ninguna empresa está por encima de la ley”. “Este es un punto de inflexión para todos los padres preocupados por lo que podría sucederle a sus hijos cuando navegan por internet”, concluyó, “y esta victoria es suya”. El jurado tardó menos de un día en llegar a una decisión, tras seis semanas de debates.

Los dos mil millones solicitados por el fiscal se habían calculado en base al número de usuarios mensuales de Facebook e Instagram menores de 18 años, es decir, poco más de 200.000 personas en Nuevo México.

Durante su alegato final el lunes, la representante del ministerio público, Linda Singer, acusó a Meta de comunicar de manera engañosa sobre sus medidas de protección de menores. También reprochó al grupo de Menlo Park (California) por fomentar el consumo excesivo de sus plataformas por parte de los menores, sabiendo los efectos que podría tener este fenómeno.

Esta argumentación se asemeja a la presentada en un juicio simultáneo en Los Ángeles, que involucra a Meta y a Google, cuyo jurado continúa deliberando este miércoles en su noveno día.

Un impacto en la salud mental de los jóvenes

En el caso de California, una joven solicita una compensación a los dos gigantes tecnológicos, acusados de diseñar sus aplicaciones de tal manera que los jóvenes usuarios pasen el mayor tiempo posible en ellas. Asegura que la frecuentación de Instagram y YouTube, filiales de Meta y Google respectivamente, contribuyó a provocarle depresión, ansiedad y trastornos de la imagen corporal.

Hasta ahora, los operadores de redes sociales habían evitado los litigios gracias a la sección 230 de una ley estadounidense, que los exime de responsabilidad por los contenidos publicados en sus sitios por los usuarios.

Tanto en Santa Fe como en Los Ángeles, los demandantes han adoptado una nueva estrategia, atacando el diseño de las plataformas, en lugar de su contenido, y la falta de prevención sobre los peligros que se corren, similar a las tácticas empleadas con éxito contra la industria tabacalera.

El juicio de Los Ángeles se considera, al igual que el de Nuevo México, una prueba importante para el futuro de miles de demandas similares en Estados Unidos. En el juicio de Nuevo México, el fiscal “no logró su demostración”, argumentó un portavoz de Meta antes de que se pronunciara el fallo. “Continuaremos defendiéndonos vigorosamente y confiamos en nuestros términos de servicio con respecto a la protección de los adolescentes en línea”, declaró el portavoz una vez conocida la decisión.

Además del proceso de apelación, este caso deberá pasar por una segunda fase, en la que se examinará la posición del fiscal de que Meta se ha hecho culpable de alteración del orden público.