¿Por qué el despido de una trabajadora social de Tauranga tras ocho meses de licencia médica fue considerado «justificado»?
Un tribunal de Nueva Zelanda declaró este miércoles que el despido de una trabajadora social de Tauranga, tras ocho meses de licencia médica por estrés laboral, fue «justificado» según las leyes locales. La decisión, anunciada por el Employment Court, sienta un precedente en cómo se evalúan los casos de ausentismo prolongado en el sector público neozelandés, donde el costo laboral por licencias médicas superó los NZ$1.2 mil millones en 2023, según datos del Instituto de Estadística de Nueva Zelanda (Stats NZ).
El caso, que involucra a una empleada del Consejo de la Ciudad de Tauranga, se centró en si su ausencia —documentada por certificados médicos— cumplía con los requisitos de «incapacidad temporal» que eximen de despido bajo la Ley de Relaciones Laborales de 2004. El tribunal determinó que, aunque la trabajadora cumplía con los plazos médicos, su empleador demostró que no hubo «esfuerzos razonables» para reintegrarla a sus funciones, un requisito clave para considerar el despido como «injustificado».
Según el veredicto, citado por el NZ Herald, el juez Mark Barrington destacó que la empleada «no proporcionó evidencia clara de que su condición mejoraría en un plazo razonable», un punto crítico en casos similares donde el 43% de las licencias médicas en Nueva Zelanda superan los seis meses, según un informe de 2023 del Accident Compensation Corporation (ACC). El tribunal también subrayó que el empleador había ofrecido ajustes razonables —como horarios flexibles— antes de proceder con el despido.
¿Qué implica esta decisión para otros empleados en licencia médica?
La resolución refuerza un criterio ya establecido en jurisprudencia neozelandesa: la carga de la prueba recae en el trabajador para demostrar que su ausencia es «temporal y justificada», incluso con certificados médicos. Según el abogado laboral Simon Osborne, de Employment Law, esto «envía un mensaje claro a los empleadores de que deben actuar con diligencia, pero también a los empleados de que las licencias prolongadas sin perspectiva de retorno pueden tener consecuencias».
En el sector público, donde el ausentismo representa el 12% del total de costos operativos en áreas como salud y servicios sociales (datos de el Ministerio de Finanzas de Nueva Zelanda), esta decisión podría acelerar revisiones en políticas de reintegración. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ya ha implementado programas piloto para evaluar la capacidad laboral antes de autorizar licencias superiores a tres meses, un enfoque que contrasta con el caso de Tauranga.
¿Cómo afecta esto a las empresas con empleados en licencia prolongada?
Para las empresas, el fallo subraya la necesidad de documentar tres elementos clave antes de tomar decisiones:
- Evaluación médica independiente: El tribunal consideró insuficiente la evidencia presentada por la trabajadora, lo que sugiere que los empleadores deben solicitar informes adicionales cuando las licencias superen los seis meses.
- Oferta de ajustes razonables: En este caso, el empleador demostró que había propuesto modificaciones al puesto antes del despido, un paso que el tribunal valoró positivamente.
- Plazo definido para la reintegración: La ausencia de un cronograma claro para el retorno fue un factor decisivo en la justificación del despido, según el veredicto.
El BusinessNZ advierte que, aunque el fallo no establece un precedente vinculante, podría influir en futuros casos. «Las empresas deben revisar sus protocolos de licencia médica para alinear las prácticas con este estándar», señaló su directora de relaciones laborales, Jane van Zijl. En el sector privado, donde el ausentismo cuesta anualmente NZ$1.8 mil millones (según la Comisión de Productividad), esto podría llevar a un aumento en la contratación de personal temporal durante licencias prolongadas.
¿Qué pasa ahora con la trabajadora social?
La empleada tiene 21 días para apelar la decisión ante la Corte de Apelaciones de Nueva Zelanda. Si la apelación es rechazada, perderá su derecho a indemnización por despido injustificado, según las disposiciones de la Ley de Empleo. Mientras tanto, el Consejo de Tauranga ha confirmado que no planea reincorporarla, citando «razones operativas y de continuidad del servicio».
El caso refleja un desafío creciente en Nueva Zelanda, donde el 38% de los empleados en servicios sociales reportan altos niveles de estrés laboral (encuesta de 2023 del WorkSafe NZ), pero también limita las opciones de los empleadores ante ausencias prolongadas sin perspectivas claras de retorno.
Para más detalles sobre los derechos de los empleados en licencia médica en Nueva Zelanda, consulte la guía oficial del Ministerio de Empleo.
Una publicación compartida por Tauranga City Council (@taurangacity) el 15 de mayo de 2024👍
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