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La vida pública a menudo se caracteriza por el silencio y la inacción, un camino cómodo pero costoso para cualquier nación. Ante esta realidad, se ha presentado una iniciativa de reforma constitucional ante el Senado, no como un mero trámite, sino como una intervención urgente para establecer evaluaciones periódicas de idoneidad y confianza en quienes aspiran al poder.

La propuesta se basa en un principio fundamental: aquellos que buscan ejercer cargos públicos deben demostrar, con evidencia técnica y científica, su aptitud para ello. El carisma o el éxito electoral no son suficientes; la legitimidad democrática debe ser constantemente revalidada a través de la integridad y la capacidad demostrada.

México enfrenta una situación crítica donde la captura institucional ya no es una teoría, sino una realidad palpable. Los recientes acontecimientos que vinculan a figuras como “El Mencho” con la expansión y el control territorial no son solo un problema de seguridad pública, sino un síntoma de corrupción que ha penetrado en las estructuras de gobierno.

La infiltración del crimen organizado en los niveles Ejecutivo, Legislativo y Judicial solo es posible cuando los mecanismos de control fallan. Esta propuesta busca establecer esos “muros de contención técnica”.

La iniciativa se sustenta en dos pilares principales: una reforma constitucional que exige una evaluación de idoneidad antes del registro y revisiones anuales durante el mandato para todo aspirante a un cargo de elección popular, y una ley secundaria que garantice la transparencia y rigurosidad técnica de estos procesos, protegiendo la privacidad de los datos.

Estas evaluaciones, concebidas como medidas preventivas y no punitivas, incluyen:

• Evaluación médica y toxicológica: para asegurar la aptitud física y la toma de decisiones sin la influencia de adicciones.
• Evaluación psicométrica y cognitiva: para garantizar la estabilidad emocional, un factor clave para la seguridad nacional.
• Polígrafo: para identificar vulnerabilidades sociales que podrían ser explotadas por grupos criminales.
• Evaluación de competencia académica y antecedentes legales: para profesionalizar la política y excluir a aquellos con historiales problemáticos.
• Evaluación de congruencia patrimonial: para rastrear el origen de los recursos y combatir la cooptación.

La historia reciente, con casos como el de Genaro García Luna y la captura de alcaldes involucrados en la extorsión, nos advierte sobre la necesidad de actuar. El Estado tiene la obligación de protegerse de su propia vulnerabilidad.

Exigir estándares de idoneidad no es autoritarismo, sino una medida preventiva para evitar que el destino de millones dependa de individuos sin la honestidad o la estabilidad mental necesarias. La confianza pública debe basarse en la evidencia, no en la fe. El poder, cuando se vuelve opaco, se corrompe. Esta iniciativa busca fortalecer las instituciones y construir un México que ya no tolere la simulación.

La evaluación es un acto de protección, ya que la erosión de la democracia siempre recae sobre los ciudadanos, con el riesgo inminente de caer en un narco-Estado.

POR MARIO VÁZQUEZ ROBLES

COLABORADOR

MAAZ