Senat

¿Piezas de un tesoro devueltas a Malí? ¿Efectos personales de un emir del siglo XIX devueltos a Argelia? Ante la afluencia de solicitudes de restitución, el Senado adoptó el miércoles una ley marco para facilitar la salida de bienes coloniales de las colecciones francesas. Este texto gubernamental, esperado desde hace tiempo y pospuesto en varias ocasiones, fue aprobado por unanimidad en la cámara alta y ahora se transmite a la Asamblea Nacional.

La concreción de una promesa del presidente Emmanuel Macron lanzada en Uagadugú en 2017, el proyecto de ley pretende regular el complejo proceso de restitución de bienes adquiridos por Francia de manera “ilícita”, a menudo durante el período colonial. A largo plazo, permitirá proporcionar una respuesta más eficaz y documentada a los países que solicitan la restitución de obras u objetos actualmente conservados en los museos franceses.

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“Esta ley nos brinda la oportunidad histórica de afirmar el deseo de Francia de fortalecer los lazos culturales que la unen con el mundo” frente a las “tentaciones nacionalistas” y los “discursos de repliegue”, celebró la ministra de Cultura, Rachida Dati. La candidata a la alcaldía de París probablemente presenta aquí su última ley antes de dejar el gobierno para dedicarse a su campaña.

El fin del «derecho del más fuerte»

Debido al principio de inalienabilidad de las colecciones públicas, el retorno de objetos culturales a sus países de origen solo podía  hasta ahora realizarse de forma gradual, a través de leyes específicas. A veces, se privilegiaba un “préstamo” o un “depósito” a una restitución completa para evitar pasar por el Parlamento. Con frecuencia, esto se debía a anuncios presidenciales en función de visitas diplomáticas, un enfoque a veces calificado de “arbitrario” o de “derecho del más fuerte”.

Este fue el caso recientemente con un “tambor parlante” confiscado a Costa de Marfil desde 1916, el “Djidji Ayokwe”, cuya restitución fue posible gracias a una ley del verano de 2025. “Debemos poner fin a este “derecho del más fuerte”, en favor de un método riguroso”, enfatiza la senadora centrista Catherine Morin-Desailly, que está a la vanguardia de este tema en el Senado.

En un enfoque bipartidista, los senadores votaron para que sea obligatoria la consulta a una “comisión nacional permanente” y a un “comité científico bilateral”, en función de criterios precisos que certifiquen el carácter ilícito o no de la apropiación. “La idea no es vaciar los museos franceses, sino llegar a una autenticidad en la respuesta de Francia, sin negación ni arrepentimiento, sino en el reconocimiento de nuestra historia”, explica Catherine Morin-Desailly.

«Mirar la historia de frente»

El proyecto de ley se refiere únicamente a los bienes adquiridos entre 1815 y 1972, es decir, entre el inicio del segundo imperio colonial francés y la entrada en vigor de una convención de la UNESCO que establece un régimen de restitución en el derecho internacional. Estos límites, así como los criterios seleccionados, han sido objeto de debate. “Debemos mirar la historia de frente (…) Todo remite a un sistema colonial que organizó, facilitó y legitimó la extracción masiva de bienes culturales”, insistió la senadora ecologista Mathilde Ollivier, quien habría preferido que la responsabilidad colonial de Francia se asumiera más claramente en este texto.

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Esta nueva metodología podría permitir el tratamiento de varias solicitudes ya presentadas por diferentes países. El informe del Senado enumera una docena, algunas de las cuales son muy generales, otras más precisas. Argelia, por ejemplo, solicita efectos personales del emir Abdelkader, héroe anticolonial, y Malí, piezas del tesoro de Segú. Benín, que ya ha recibido 26 objetos en los últimos años, también ha presentado otras solicitudes, como la de una estatua del dios Gou.

Dado que varias antiguas colonias están ahora dirigidas por regímenes hostiles a Francia, esta ley también tiene un carácter diplomático sensible. En su recorrido, sin embargo, aún debe superarse un obstáculo: el Consejo Constitucional. Existe incertidumbre desde que un dictamen del Consejo de Estado consideró que la restitución de bienes procedentes de legados y donaciones debía responder a un “interés general superior”. Sin embargo, tanto el Senado como el gobierno consideran que este riesgo de inconstitucionalidad es limitado. Esta ley complementa un tríptico legislativo, tras dos leyes marco adoptadas en 2023, la primera dirigida a los bienes saqueados por los nazis y la segunda a los restos humanos.