Estambul, Turquía – Durante semanas, la vida privada de figuras públicas turcas ha sido objeto de intensos rumores y escándalos, eclipsando incluso la grave crisis económica que atraviesa el país. Desde conversaciones sobre el consumo de drogas por parte del nuevo presidente del Fenerbahçe con una conocida presentadora de televisión, hasta acusaciones de orgías protagonizadas por un periodista influyente, hijo de un islamista radical, en un apartamento decorado con espejos, la sociedad turca se encuentra absorta en estos chismes, comentados a media voz en cenas y a las puertas de las escuelas.
Las detenciones, que podrían interpretarse como un intento de imponer una moralidad estricta en un país donde la posesión de drogas, incluso para consumo personal, se castiga con penas de prisión de entre dos y cinco años, han generado suspicacias. El consumo de sustancias ilícitas, especialmente cocaína y drogas sintéticas, ha aumentado en los últimos años, convirtiéndose en un símbolo de estatus a medida que Turquía se ha consolidado como una importante puerta de entrada y distribución para Oriente Próximo.
Las primeras grandes redadas, bautizadas por la prensa como “Operaciones contra los famosos”, comenzaron en octubre con la investigación de los influencers Dilan y Engin Polat, ya bajo sospecha por lavado de dinero. De los 19 detenidos en esa operación, ocho dieron positivo en pruebas de drogas. En diciembre se llevaron a cabo tres redadas más, y en enero otras cuatro, involucrando a decenas de artistas, cantantes, actores, modelos, presentadores y empresarios detenidos en hoteles, clubes y discotecas. Aunque algunos han sido encarcelados preventivamente acusados de posesión, suministro de drogas e incluso incitación a la prostitución, la mayoría ha sido liberada, ya sea a la espera de juicio o sin cargos formales, como ocurrió con el actor Can Yaman, quien regresó a Italia tras una breve detención.
Lo que ha alimentado la controversia es la filtración a la prensa y a las redes sociales de nombres, testimonios e incluso grabaciones de cámaras de seguridad del hotel Bebek, así como extractos de interrogatorios policiales. Estas filtraciones sugieren la posible implicación de importantes empresarios cercanos al gobierno de Recep Tayyip Erdogan, vinculados al mundo del fútbol y los medios de comunicación. El exdiputado Mücahit Birinci ha denunciado la falta de confidencialidad en la investigación y ha pedido que se investigue quién está detrás de estas filtraciones.
La aparición de estas informaciones en medios afines al gobierno, como Sabah y Yeni Safak, y la detención de periodistas y presentadores leales al Ejecutivo islamista, han dado lugar a teorías sobre luchas internas dentro del gobierno y una posible purga de cara a una eventual sucesión de Erdogan. El politólogo Selim Koru sugiere que estas operaciones podrían ser un intento de controlar a la exitosa industria audiovisual turca, que exporta series a todo el mundo: “[Erdogan] ha señalado que quiere más control sobre las industrias culturales, y para ello necesita algo con lo que golpear, mostrarle a los famosos que conforman esta industria que el Estado puede ir a por ellos en cualquier momento y sin necesidad de demasiadas pruebas”.
Mientras la atención pública se centra en estos escándalos, una fuente del sector financiero señala que se desvía la atención de temas más urgentes, como las decepcionantes negociaciones salariales entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos, que han resultado en un aumento del salario mínimo por debajo de la tasa de inflación.