Sindicatos

Portugal se enfrenta este jueves a una huelga general, la mayor movilización social en los últimos doce años, en protesta contra las políticas del Gobierno. La jornada ha tenido un fuerte impacto en sectores clave como el transporte, la educación, la sanidad, la administración pública, la recogida de residuos y grandes empresas industriales como Autoeuropa, donde participan casi 5.000 trabajadores. El comercio, la hostelería y la construcción, sin embargo, han visto un impacto menor.

Lisboa ha amanecido con un ambiente inusual, similar al de un sábado, pero sin servicio de metro. El tráfico ha sido escaso y la actividad reducida, aunque los trabajadores de la construcción han continuado trabajando y pequeños establecimientos han abierto para vender café y raspadinhas (la lotería instantánea con la que tratan de salir de la pobreza 100.000 portugueses). Supermercados y tiendas de lujo en la avenida de la Liberdade han abierto sus puertas, donde algunas empleadas de limpieza, con salarios que en ocasiones rondan los 8 euros por hora, se han dedicado a los trabajos de mantenimiento.

El paro ha sido total en las empresas de transporte marítimo que conectan la orilla sur del Tajo con Lisboa, así como en la compañía ferroviaria pública Comboios de Portugal y en la aerolínea TAP, donde todos los sindicatos han acordado suspender 220 vuelos. La protesta también ha afectado a otras compañías aéreas como Iberia y Air Europa. En general, la adhesión ha sido masiva en el sector público –incluyendo la suspensión de la actividad informativa en la agencia pública de noticias Lusa– y más limitada en el sector privado, donde la presencia sindical es menor.

La sanidad también se ha visto gravemente afectada, con un seguimiento superior al 90% que ha obligado a cancelar citas y cirugías no urgentes. Tanto los centros de salud como algunas unidades hospitalarias han suspendido su actividad. La mayoría de los colegios del país han cerrado, obligando a muchos padres a quedarse en casa con sus hijos. El teletrabajo se ha convertido en una alternativa para aquellos que no han participado en la protesta contra la reforma laboral presentada por el Gobierno a finales de agosto. El proyecto de ley ha sido recibido con gran oposición por los sindicatos, provocando una unidad inusual entre ellos.

En Portugal, no es habitual que los dos sindicatos mayoritarios, la CGT (Confederación General de los Trabajadores Portugueses), de origen comunista y fundada en 1970, y la UGT (Unión General de Trabajadores), surgida en 1978 de una escisión de la anterior con vínculos a partidos moderados, lleguen a acuerdos estratégicos. En esta ocasión, ambos coinciden en que la reforma laboral propuesta por el Gobierno supone una amenaza para los derechos de los trabajadores y han mantenido una postura firme desde el anuncio del paro, al que se han sumado sindicatos minoritarios y sectoriales.

Incluso la UGT, que mantiene vínculos con el Partido Socialista y el Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha) –liderado por el actual primer ministro, Luís Montenegro– no ha dado marcha atrás a pesar de los intentos del Gobierno por llegar a un acuerdo, que han incluido modificaciones menores en la propuesta inicial, como la eliminación de la exigencia de un certificado médico de lactancia para acceder al permiso. Sin embargo, los sindicatos consideran que estos cambios son insuficientes en un paquete laboral que consideran inaceptable. “Es uno de los mayores ataques de siempre”, ha afirmado Tiago Oliveira, secretario general de la CGTP. Para Mário Mourao, líder de la UGT, la propuesta es “ideológica” y no aborda ni el problema de los bajos salarios ni contribuye a fortalecer a las pequeñas empresas, dos de los principales desafíos de la economía portuguesa.

La propuesta Trabajo XXI modifica leyes, decretos-leyes y cerca de un centenar de artículos del Código de Trabajo. Según la ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, el objetivo principal es adaptar el mercado laboral a las condiciones del futuro y dejar atrás las regulaciones del pasado. La propuesta cuenta con el respaldo total de los empresarios. En una entrevista en la RTP, la ministra negó que la reforma favoreciera a la patronal, aunque sí reconoció que las normas actuales presentan “desequilibrios hacia los trabajadores”. Insistió en que los trabajadores de hoy tienen objetivos diferentes (“nadie busca un trabajo para toda la vida”), un discurso compartido por Armindo Monteiro, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal. “Cada trabajador quiere cosas distintas”.

Si las modificaciones se aprueban, la precariedad laboral podría aumentar, ya que los contratos temporales podrían tener una mayor duración (hasta un máximo de tres o cinco años, según la modalidad) y se abriría la puerta a ampliar la jornada laboral sin compensación económica a través de la creación de un banco de horas individual, negociado entre empresa y trabajador, que permitiría al primero extender la jornada laboral hasta dos horas diarias (hasta 50 horas semanales), con un límite de 150 horas al año. El trabajador solo recibiría el pago de estas horas extraordinarias si la empresa le restituye el tiempo correspondiente.

El pago de estas horas se utiliza a menudo para compensar los bajos salarios, que no han aumentado al mismo ritmo que el coste de la vida. El salario mínimo es de 870 euros. Los últimos datos de Eurostat muestran que Portugal es uno de los diez países de la UE con los salarios medios más bajos para los trabajadores a tiempo completo: 24.818 euros en 2024, frente a los 39.800 euros de media comunitaria.

La tercera medida más criticada por los sindicatos es la derogación del artículo que impedía a las empresas recurrir a la subcontratación de servicios antes de un año después de despedir a sus propios trabajadores, una medida incluida en la Agenda del Trabajo Digno impulsada por el anterior Gobierno socialista. Casi todos los cambios apuntan a una reducción de la protección de los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores despedidos de forma irregular ya no tendrían derecho a recuperar su puesto de trabajo si el juez aprueba la solicitud del empresario de no reincorporarlos por causar perturbaciones en la actividad.

La reforma propuesta también afecta a las medidas de conciliación. Una de las más criticadas es la disminución del tiempo máximo que da derecho a reducir horas por lactancia y la exigencia de presentar un certificado médico que acredite que la trabajadora amamanta a su hijo a partir de los doce meses.