Un desafortunado viaje en bote por el Danubio, cerca de Tulln, en el verano de 2017, ha cobrado protagonismo en un reciente juicio por espionaje contra Egisto Ott. En la excursión participaban altos funcionarios del gabinete del entonces Ministro del Interior, Wolfgang Sobotka (ÖVP), como parte de un evento de formación de equipos. Lo que comenzó como una actividad de cohesión se convirtió en un incidente embarazoso y ahora es objeto de investigación judicial.
Ott, un inspector jefe suspendido que anteriormente trabajaba en la unidad de inteligencia encubierta del BVT (Oficina de Protección del Estado), está acusado de espiar para Rusia, específicamente para el FSB (Servicio Federal de Seguridad). Él niega las acusaciones, afirmando que las consultas de datos que realizó sobre ciudadanos rusos “desviados” fueron en interés de un servicio de inteligencia occidental asociado, no de Rusia.
Según los relatos, durante el viaje en bote, Katharina Nehammer, entonces miembro del gabinete y esposa del actual Canciller Karl Nehammer, se encontraba en una canoa que volcó debido a un movimiento brusco. Tanto los ocupantes como sus teléfonos móviles cayeron al agua. Se alega que estos dispositivos, y por ende sus datos, llegaron al FSB a través de intermediarios. La acusación sostiene que Ott estuvo involucrado en este proceso.
Entre los afectados por la pérdida de los teléfonos se encontraban el entonces jefe de gabinete, Michael Kloibmüller, y los miembros del gabinete Michael Takacs (actual director de la Policía Federal) y Gernot Maier (actual director de la Oficina Federal de Asilo). Maier testificó recientemente en el juicio.
Maier declaró que Takacs le sugirió que el BVT podría intentar recuperar los datos de los dispositivos mojados, por lo que los teléfonos fueron entregados a esa agencia. Recibió un nuevo teléfono de trabajo al día siguiente o poco después, y semanas más tarde se le informó que los dispositivos perdidos habían sido destruidos por irrecuperables.
La acusación indica que los teléfonos fueron inicialmente entregados a Anton H., un colega de Ott (quien también está acusado), y luego a Ott mismo. En octubre de 2019, los dispositivos llegaron a manos de un detective privado, identificado como P., quien intentó reconstruir los datos. P. también afirmó haber recibido una memoria USB con datos de teléfonos de Ott.
Los investigadores encontraron esta memoria USB durante un registro en el domicilio de P. El detective explicó que planeaba recuperar los datos a través de una empresa israelí especializada en la recuperación de datos, aunque admitió tener dudas sobre el éxito de la operación y haber dado un precio que consideraba que no sería pagado.
En junio de 2022, Ott supuestamente reactivó sus esfuerzos, entregando los dispositivos a intermediarios en un apartamento vienés, quienes, según la acusación, habían sido instruidos por Jan Marsalek, exdirector ejecutivo de Wirecard. Finalmente, los tres teléfonos de los funcionarios del Ministerio del Interior austriaco llegaron al FSB en Moscú, pasando primero por Turquía.
Maier, el jefe de la Oficina de Asilo, testificó que su teléfono contenía alrededor de 5000 contactos. Expresó su temor a que el servicio secreto ruso pudiera “influir en su vida” al enterarse de que su dispositivo había sido trasladado a Moscú con la ayuda de Ott y otros miembros del BVT.
También señaló que había almacenado datos de varios críticos del régimen, ya que era responsable de los temas de migración en el gabinete de Sobotka. Le preocupaba la pérdida de datos privados, ya que utilizaba el teléfono de trabajo para comunicaciones personales con la aprobación de su empleador.
Se ha planteado la posibilidad de que los servicios de inteligencia busquen información personal para comprometer a individuos. Se mencionó la posibilidad de utilizar información sobre la orientación sexual o crear situaciones comprometedoras con mujeres para obtener información o ejercer presión.
Takacs, quien ya testificó en la investigación, declaró que los datos en su teléfono contenían información sensible de varios departamentos del Ministerio del Interior y que la divulgación de esta información al servicio de inteligencia ruso representaba una grave amenaza para la seguridad nacional.
El juicio continuará el jueves.