19 de diciembre de 2025, 5:07 a.m. ET
Legisladores de varios estados están trabajando para ampliar las protecciones contra la deuda médica para los pacientes, incluso después de que la administración Trump revirtiera su postura y comunicara a los estados que no tienen autoridad para tomar medidas sobre la información crediticia.
En Alaska y Michigan, los legisladores están impulsando proyectos de ley para evitar que la deuda médica aparezca en los informes crediticios de los consumidores.
Los fiscales generales de California y Colorado han declarado que respaldarán las leyes de información crediticia promulgadas en sus estados en los últimos años, a pesar de que Colorado enfrenta una demanda de empresas de cobranza que impugnan dichas leyes.
Los legisladores de Indiana y Ohio han abandonado las propuestas para eliminar la deuda médica de los informes crediticios, pero están impulsando legislación que extendería otras protecciones a los pacientes que no pueden pagar sus facturas médicas.
“El 74% de los votantes de Alaska no cree que los informes crediticios deban incluir deuda médica”, declaró la representante estatal Genevieve Mina, demócrata y patrocinadora de una medida sobre la deuda médica. “No voy a esperar a los tribunales en este asunto”.
Se estima que 100 millones de estadounidenses están agobiados por deudas de atención médica. Y un número creciente de estados, tanto republicanos como demócratas, han promulgado leyes para proteger a los pacientes.
Sin embargo, la política federal en torno a esta deuda dio un giro inesperado este año cuando la administración del presidente Donald Trump optó por no defender las regulaciones federales que habrían eliminado la deuda médica de las calificaciones crediticias de todos los estadounidenses. Y en octubre, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Trump declaró que los estados no tienen la autoridad para regular los informes crediticios de los consumidores.
“Es un cambio de rumbo de 180 grados”, dijo Chi Chi Wu, abogada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, que aboga por las personas de bajos ingresos. Calificó a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, ahora dirigida por el arquitecto de Project 2025, Russell Vought, como el “gemelo malvado” de su predecesora bajo el presidente Joe Biden.
La oficina no respondió a las solicitudes de comentarios.
Ocho días después de la nueva guía federal, las empresas de cobranza presentaron una demanda impugnando la ley de información crediticia sobre la deuda médica de Colorado de 2023, la primera que exige la eliminación de parte o la totalidad de la deuda médica de los informes crediticios.
Scott Purcell, CEO de ACA International, un grupo comercial de cobranza y uno de los demandantes en el caso de Colorado, dijo que eliminar la deuda dificulta la evaluación de la solvencia, lo que, según él, llevaría a los acreedores a asumir que todos son una apuesta más arriesgada.
El caso de su organización también argumenta que la ley de Colorado viola la Primera Enmienda al suprimir el “discurso comercial veraz”.
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, demócrata, calificó la demanda de escandalosa en una declaración a KFF Health News. Su oficina, dijo, “se opondrá firmemente a todos los esfuerzos por eliminar las protecciones críticas contra la deuda médica”.
En California, el fiscal general Rob Bonta también se mantiene firme en la ley de su estado, independientemente de cómo los funcionarios federales interpreten ahora los derechos estatales. El demócrata dijo a sus electores en una alerta del 13 de noviembre: “Permítanme ser claro: esta sigue siendo la ley en California”.
En otros estados que aún están considerando leyes de información crediticia, los legisladores están ajustando su estrategia para tener en cuenta la demanda y las acciones de la administración Trump, ya sea abandonando el plan de eliminar la deuda médica de los informes crediticios o modificando dicha legislación.
Wu dijo que su organización previó el cambio federal y ya había instado a los legisladores estatales a que la legislación pendiente sobre la información crediticia fuera más a prueba de demandas, examinando los eslabones ascendentes y descendentes de las agencias de información crediticia. Por ejemplo, Wu dijo, los estados pueden indicar a los propietarios, empleadores u otros usuarios de informes crediticios que no utilicen el historial de deuda médica de una persona en su proceso de toma de decisiones. Y los estados pueden exigir a los proveedores de atención médica que incluyan, en sus contratos con las empresas de cobranza, límites sobre lo que pueden informar a las agencias de información crediticia sobre las facturas que están cobrando.
“A menudo se escucha a los proveedores decir: ‘Oh, bueno, no queremos perjudicar el crédito de nuestros pacientes’”, dijo. “Dígale a las empresas de cobranza: ‘No lo informen’”.
La legislación de Alaska tiene ambos elementos: prohíbe a los propietarios tomar decisiones sobre posibles inquilinos basándose en su historial de deuda médica y prohíbe a los proveedores y empresas de cobranza informar a las agencias de información crediticia sobre la deuda de los pacientes.
En otros lugares, los legisladores estatales han optado por no intentar aprobar disposiciones sobre la información crediticia en proyectos de ley propuestos. El senador estatal de Indiana, Fady Qaddoura, demócrata, presentó una medida sobre la deuda médica que intenta, entre otras cosas, limitar las tasas de interés, limitar la retención de salarios y evitar que las personas pierdan sus hogares por deudas impagadas de procedimientos médicamente necesarios. Pero él y sus colegas tomaron la decisión táctica de excluir la información crediticia, después de que no pudieron incluirla en un proyecto de ley similar el año pasado.
“Se trata de pragmatismo legislativo”, dijo Qaddoura. “Queremos asegurarnos de que no se rechace una ley con muchos beneficios para decenas de miles de familias solo porque una disposición no puede incluirse”.
En Ohio, la representante estatal demócrata Michele Grim hizo un cálculo similar. Ha estado trabajando en una medida para prohibir la retención de salarios por deuda médica, limitar las tasas de interés de dicha deuda al 3% y eliminarla de los informes crediticios. Dijo que ella y otros legisladores recientemente eliminaron la parte de la información crediticia.
“Es mejor aprobar algo que nada”, dijo Grim. “Sigue prohibiendo la retención de salarios, que es una práctica agresiva y más común de lo que se piensa. Y limita la tasa de interés”.
Una investigación reciente de KFF Health News reveló que, solo en Colorado, miles de personas cada año ven sus salarios embargados para pagar facturas médicas, y algunas personas son llevadas ante los tribunales por deudas médicas que en realidad nunca debían.
Los esfuerzos legislativos para proteger a las personas de los efectos de la deuda médica suelen ser bipartidistas, pero eso no significa que se aprueben fácilmente. Incluso antes de que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor revirtiera su postura sobre los informes crediticios, varias medidas encontraron obstáculos en los estados conservadores este año, y la legislación fracasó en Wyoming y Dakota del Sur, que tenía como objetivo eliminar la deuda médica de los informes crediticios.
Los estadounidenses están en gran medida protegidos de que sus puntajes crediticios se vean afectados por pequeñas deudas médicas. En 2023, las tres principales agencias de crédito —TransUnion, Equifax y Experian— optaron voluntariamente por eliminar las deudas médicas inferiores a $500 de sus informes crediticios, y la Asociación de la Industria de Datos del Consumidor, un grupo comercial de las empresas, confirmó que siguen haciéndolo.
Aun así, los legisladores de varios estados han declarado que están decidiendo si y cómo superar la guía federal con legislación que aborde la deuda médica adicional y más grande en los informes crediticios.
“Sabemos que esto tendrá que reforzarse”, dijo Sarah Anthony, senadora estatal demócrata de Michigan, sobre la legislación que está co-patrocinando. No está segura de cómo se verá, aunque los defensores del consumidor, incluida Libby Benton, esperan que la medida siga la estrategia de Wu.
“Estas no son deudas que la gente elija contraer. La gente podría elegir comprar una camioneta enorme y esa es una mala decisión financiera”, dijo Benton, directora del Programa de Derecho de la Pobreza de Michigan. “La gente no elige someterse a una cirugía de bypass cardíaco de emergencia”.
Sin embargo, ambas pueden terminar en un informe crediticio.
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