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4 de enero de 2026, 10:32 a.m. MT

El abogado litigante Ben Davis, en su reciente columna, intentó negar el papel que el entorno de responsabilidad médica de Nuevo México está jugando en el empeoramiento de la escasez de médicos en el estado.

Esta situación se enmarca dentro de una tendencia preocupante. A principios de este año, se reveló que Davis había donado 15.000 dólares al grupo de dinero oscuro New Mexico Safety Over Profit (NMSOP). NMSOP publicó un informe lleno de declaraciones falsas, con el objetivo similar de desviar la culpa de la escasez de médicos de las leyes de responsabilidad médica del estado. NMSOP se negó rotundamente a revelar a sus financiadores, hasta que la Comisión de Ética de Nuevo México presentó una demanda de 73 páginas contra el grupo. En respuesta, NMSOP pagó la multa máxima y reveló a sus donantes.

Si bien NMSOP afirmaba en su sitio web ser “una red de individuos y familias perjudicadas por grandes corporaciones, instituciones y sistemas impulsados por las ganancias”, en realidad todas sus donaciones provinieron de abogados litigantes y sus firmas, incluido Davis.

Es comprensible que los abogados que obtienen ganancias demandando a los proveedores de atención médica no deseen que los legisladores reformen esas leyes. Sin embargo, no podremos abordar eficazmente la escasez de proveedores de atención médica en Nuevo México hasta que enfrentemos los hechos sobre las causas subyacentes del problema.

En primer lugar, si bien existe una escasez nacional de médicos, los datos muestran que la situación es significativamente peor en Nuevo México. Al analizar a los médicos que ejercen activamente –a diferencia de aquellos que tienen licencias pero no practican–, el número de médicos activos en Nuevo México es considerablemente inferior al promedio nacional, según datos de la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal.

Un estudio nacional encontró que entre 2019 y 2024, Nuevo México perdió el 8,1% de su fuerza laboral médica (248 médicos), mientras que el número de médicos a nivel nacional aumentó un 7,3% (44.272). Nuevo México también tiene la fuerza laboral médica más envejecida del país, con un 37% de los médicos proyectados para jubilarse para 2030.

Dado que existe una escasez a nivel nacional y la situación de Nuevo México es particularmente grave, nuestro estado debería promulgar una amplia gama de políticas para hacer que el estado sea más atractivo para los médicos que pueden encontrar trabajo fácilmente en cualquier lugar. Por ejemplo, necesitamos unirse a pactos de licencias interestatales, continuar aumentando las tasas de reembolso de Medicaid, derogar el impuesto estatal sobre los servicios médicos y ampliar la cancelación de préstamos estudiantiles para los profesionales de la salud.

Sin embargo, no podemos ignorar el papel esencial del entorno de responsabilidad médica en el agravamiento de la escasez.

Las primas de seguro de responsabilidad médica en Nuevo México son significativamente más caras que en otros estados. Por ejemplo, un cirujano general en Nuevo México paga un promedio de 87.011 dólares anuales por el seguro de responsabilidad médica. Mientras tanto, el costo promedio del mismo seguro en Colorado es de 36.164 dólares y en California de 29.860 dólares.

Esta disparidad se mantiene en diferentes regiones, especialidades y tipos de seguros, incluidos los proveedores que no participan en el Fondo de Compensación al Paciente (PCF) de Nuevo México (lo que socava el argumento de Davis de que el recargo hospitalario del PCF es totalmente responsable de las altas primas en nuestro estado).

Las primas son más altas en Nuevo México porque hay más demandas por negligencia médica y más pagos elevados que en otros estados, según datos de la Base de Datos Nacional de Prácticos.

Estos números son el resultado de decisiones políticas: Nuevo México es una excepción en muchos aspectos de su legislación sobre responsabilidad médica. Por ejemplo, 33 estados exigen a los abogados que cumplan con una mayor carga de prueba antes de que se puedan otorgar daños punitivos; 27 estados limitan los daños punitivos; y 31 estados restringen la búsqueda de jurisdicciones favorables.

Instamos a los legisladores de Nuevo México a seguir el ejemplo de otros estados de tendencia azul como California y Colorado, que han promulgado reformas como la limitación de los honorarios de los abogados, el aumento de la carga de la prueba para los daños punitivos y la eliminación de la búsqueda de jurisdicciones favorables. Para obtener más información sobre estas soluciones y para ponerse en contacto con sus legisladores y solicitar su apoyo, visite www.thinknewmexico.org.

Lauren Leland es investigadora de política de salud en Think New Mexico.