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WASHINGTON – La Corte Suprema de los Estados Unidos se enfrentó el 1 de diciembre a la compleja cuestión de cómo detener la copia y distribución ilegal de música sin poner en peligro el acceso a internet de usuarios que no han cometido infracciones.

Durante la sesión, se escuchó el argumento de Cox Communications sobre cómo imponer una gran responsabilidad a los proveedores de servicios de internet (ISP) para prevenir la piratería podría llevar a cortes generalizados del servicio. Joshua Rosenkranz, abogado de Cox, explicó que las compañías de internet no podrían evitar demandas a menos que cortaran el servicio a cualquier usuario que utilizara la misma conexión después de que una dirección IP fuera señalada por una empresa anti-piratería.

“Eso podría afectar a pueblos enteros, universidades u hospitales”, advirtió Rosenkranz, describiendo las posibles consecuencias como “catastróficas”.

El abogado que representa a la industria musical argumentó que Cox está creando un escenario extremo al no tomar medidas razonables contra los infractores reincidentes que comparten archivos de forma peer-to-peer, el método más común de piratería musical.

Cox acusada de ayudar a 60.000 clientes a compartir música ilegalmente

Las principales compañías discográficas y editoriales musicales afirman que Cox ayudó a 60.000 clientes a distribuir más de 10.000 obras protegidas por derechos de autor de forma gratuita, contribuyendo a un problema que le cuesta a la industria miles de millones de dólares al año.

Cox solicitó la intervención de la Corte Suprema después de ser demandada por Sony Music Entertainment y más de 50 otras discográficas. En 2019, un jurado falló a favor de la industria musical y ordenó a Cox pagar 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito con sede en Richmond, Virginia, anuló los daños y perjuicios, ordenando un nuevo juicio basado en violaciones reducidas. La Corte Suprema rechazó la solicitud de las discográficas de revisar si el tribunal inferior tenía razón al anular un tipo de violación de derechos de autor, pero aceptó escuchar la apelación de Cox sobre si la compañía aún puede ser considerada responsable por «contribuir materialmente» a la infracción de derechos de autor.

‘No hicieron nada’

Cox argumenta que, para ser responsable, debe ayudar activamente a la piratería, no simplemente no prevenirla. Sin embargo, los abogados de Sony destacaron un correo electrónico de un gerente de Cox encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA), en el que decía a sus colegas: «¡Que le den al DMCA!».

La jueza Sonia Sotomayor expresó su preocupación por las pruebas que, según ella, demuestran que Cox ni siquiera intentó actuar sobre las notificaciones que recibió de una empresa anti-piratería sobre usuarios que descargaban o distribuían música protegida por derechos de autor.

«No hicieron nada», afirmó.

Rosenkranz, el abogado de Cox, refutó esa caracterización. También argumentó que un proveedor de servicios de internet no puede ser considerado responsable incluso si no actúa cuando se le notifica repetidamente sobre una infracción.

Si ese es el caso, preguntó la jueza Amy Coney Barrett, ¿qué incentivo tiene Cox para detener la piratería?

Rosenkranz dijo que Cox quiere ser una empresa ciudadana responsable.

Cox cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia, X y la ACLU

Cox cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia, empresas tecnológicas como X y Google, y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Un abogado del Departamento de Justicia coincidió en que una decisión a favor de Cox eliminaría el incentivo para que la compañía ayude a detener la piratería. Pero eso no es necesariamente algo malo, dijo el Subsecretario General Adjunto Malcom Stewart, si pudiera evitar la terminación «extremadamente amplia» del servicio.

El juez Samuel Alito insistió en este punto, afirmando que la decisión del tribunal inferior amenaza el acceso a internet para universidades y regiones enteras.

«Realmente no veo cómo funciona su posición en ese contexto», le dijo a Paul Clement, el abogado que representa a las discográficas.

Clement dijo que el tribunal podría establecer excepciones para situaciones como esa.

Cuando Barrett le preguntó qué recurso tiene la industria musical si pierde, Clement dijo que las discográficas estarían en una situación «muy, muy difícil». Las compañías discográficas tendrán poca capacidad para perseguir la piratería a gran escala y es poco probable que obtengan la cooperación voluntaria de los proveedores de servicios de internet, dijo.

Intentar perseguir directamente a los infractores individuales, dijo, es una «solución de cucharadita a un problema oceánico».

Se espera una decisión en el caso Cox Communications v. Sony Music Entertainment a finales de junio o principios de julio.