Las autoridades iraníes interrumpieron gravemente el acceso a internet en múltiples ciudades, incluyendo Teherán, Shiraz, Tabriz y Kermanshah, en enero de 2026, en medio de protestas a nivel nacional desencadenadas por el colapso económico y la agitación política. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se opone firmemente a los cortes y restricciones de internet, que violan el derecho del público a la información y socavan gravemente la libertad de prensa, y hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que garanticen el libre flujo de información.
Según informes de medios locales e internacionales, las conexiones a internet móvil y fija se vieron inicialmente ralentizadas o interrumpidas intermitentemente, lo que dificultó la comunicación de los periodistas con sus fuentes y las redacciones. Sin embargo, a partir de la noche del 8 de enero, la situación empeoró significativamente. Fuentes indican que el acceso a internet ahora se ha cerrado por completo a nivel nacional, con servicios móviles y de línea fija suspendidos, dejando a Irán en gran medida inaccesible desde el exterior.
La magnitud de los disturbios se ha intensificado junto con el apagón informativo. Las manifestaciones de la noche pasada fueron algunas de las protestas antigubernamentales más grandes que se han visto en Irán en décadas, tras los llamamientos públicos a reuniones nacionales emitidos por Reza Pahlavi, hijo del antiguo Shah de Irán. Los observadores advierten que las autoridades probablemente mantendrán o profundizarán los cortes de comunicación a medida que continúen las protestas en los próximos días.
El 5 de enero, el Ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Irán, Sattar Hashemi, reconoció que más de 10 millones de iraníes dependen de internet para el trabajo y la comunicación, lo que subraya el papel fundamental de la conectividad para los periodistas y los trabajadores de los medios durante períodos de agitación. A pesar de esto, las autoridades han pasado gradualmente de la limitación parcial, que permitía el funcionamiento de algunos servicios nacionales como la banca y el comercio electrónico, a un cierre de comunicaciones casi total.
Los periodistas informan que estas restricciones han interrumpido gravemente la elaboración de informes, han obligado a depender de canales de comunicación inseguros y han aumentado el riesgo de autocensura. Si bien el Ministerio de Comunicaciones de Irán ha atribuido la lentitud de la velocidad de internet a supuestos ciberataques, los analistas y los observadores de los medios señalan que las medidas siguen un patrón familiar de restricciones selectivas durante períodos de agitación política. Esta última ronda, según los informes, ha incluido la interrupción de servicios VPN, lo que limita aún más la capacidad de los periodistas para eludir la censura y comunicarse de forma segura.
El acceso a la información se ha visto aún más restringido por las restricciones de plataforma existentes. Telegram sigue siendo la fuente de noticias más utilizada en Irán, a pesar de ser filtrada por el gobierno, con un número estimado de 45 millones de usuarios que confían en la plataforma para obtener información. Tanto los medios afiliados al estado como los de la oposición operan principalmente a través de canales de Telegram. Instagram también está filtrado, lo que reduce aún más las vías para la información independiente y el debate público.
Junto con las restricciones digitales, las autoridades han intensificado la presión sobre los trabajadores de los medios y la sociedad civil. En la última semana, se ha informado que activistas, cineastas, periodistas e influencers de las redes sociales han sido convocados y advertidos contra el apoyo a las protestas, bajo la amenaza de enjuiciamiento. Los grupos de derechos humanos informan que, antes de las manifestaciones de la noche pasada, más de 45 personas habían muerto y más de 3.000 habían sido arrestadas. Estas cifras aún no reflejan los acontecimientos más recientes.
La FIP ha documentado tácticas similares durante las protestas nacionales de 2019, 2021 y 2022, cuando las restricciones de internet coincidieron con arrestos, intimidación y acoso a periodistas. Estas medidas recurrentes apuntan a un esfuerzo sistemático para suprimir la cobertura mediática independiente durante períodos de agitación política.
La FIP hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que restablezcan inmediatamente el acceso total a internet y garanticen que los periodistas puedan realizar su trabajo de forma segura y sin interferencias. La libertad de prensa y el derecho del público a la información deben ser respetados, independientemente de la situación política.
Anthony Bellanger, Secretario General de la FIP, declaró: “Los cortes parciales de internet en Irán son un ataque deliberado a la libertad de prensa. Se impide que los periodistas hagan su trabajo, se silencian las fuentes y se niega al público información crítica durante un período de agitación nacional. Hacemos un llamamiento a las autoridades iraníes para que restablezcan inmediatamente el acceso total a internet para que los periodistas puedan informar libremente y el público pueda ejercer plenamente su derecho a la información.”
