Mientras el enfoque actual está en determinar qué causó las explosiones en Preston Hollow Drive, el abogado de Texas Michael Lyons ya está mirando hacia el futuro y planteando preocupaciones…
SAN ANTONIO – Más de 163,000 solicitudes para las Cuentas de Libertad Educativa de Texas ya se han recibido de estudiantes en todo el estado. Hasta el momento, 19,422 de estas solicitudes provienen de estudiantes de San Antonio.
Kelly Hancock, contralor interino, destacó la “fuerte” demanda tras el lanzamiento del programa. “Esperamos agotarnos en el primer año”, declaró Hancock en un comunicado de prensa. “También estamos sentando una base sólida para que la elección de escuela prospere en Texas durante muchos años”.
Sin embargo, los opositores al programa temen que se asignen demasiados fondos a TEFA en los próximos años. Según un comunicado de prensa de la Asociación de Maestros de Texas del 2 de febrero, “los $1 mil millones que los legisladores gastaron en el primer año del programa de vales aumentarán a aproximadamente $4 mil millones anuales para 2030, según predijo la Junta de Presupuesto Legislativo”.
Las Cuentas de Libertad Educativa de Texas priorizarán a los estudiantes con discapacidades cuyas familias se encuentren al o por debajo del 500% del Nivel Federal de Pobreza (NFP). Al o por debajo del 500% del NFP, equivale a unos $160,750 para una familia de cuatro personas, según se indica en esta página web. Existe una diferencia significativa para las personas en el segundo nivel de prioridad. Las familias en este nivel deben tener ingresos al o por debajo del 200% del NFP, lo que equivale a unos $66,000 o menos para una familia de cuatro personas.
Las familias que califican para el tercer nivel son aquellas con ingresos anuales entre el 200% y el 500% del NFP. Las familias en el cuarto y último nivel pueden tener ingresos anuales iguales o superiores al 500% del NFP. Sin embargo, “se priorizará a los niños que hayan estado matriculados en una escuela pública o escuela chárter de Texas durante al menos el 90% del año escolar anterior”, según el sitio web de TEFA.
La ley estatal exige que los fondos para los estudiantes cuyos ingresos familiares sean iguales o superiores al 500% solo puedan representar el 20% de los fondos asignados a TEFA en ese año escolar.
El programa se promocionó como una oportunidad para familias de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades. Las estadísticas más recientes de la oficina del contralor estatal muestran que aproximadamente el 11% de los solicitantes se encuentran en el grupo de mayor prioridad y el 30% en el segundo grupo de prioridad.
Los distritos escolares locales podrían verse afectados por estos cambios si una mayoría de los solicitantes reciben fondos suficientes para asistir a una escuela privada o recibir educación en el hogar en los próximos años.
La oficina del contralor compiló una lista de cuántas solicitudes provienen de estudiantes que indicaron el distrito escolar público al que normalmente asistirían.
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Northside ISD tuvo 4,102 solicitantes
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North East ISD tuvo 3,386 solicitantes
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Comal ISD tuvo 2,171 solicitantes
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San Antonio ISD tuvo 1,335 solicitantes
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Judson ISD tuvo 1,183 solicitantes
Estas cifras son a fecha del 8 de marzo, pero las solicitudes no se cierran hasta el 17 de marzo.
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SAN ANTONIO – El Concejo Municipal de San Antonio podría pronto modificar el código de la ciudad relacionado con las instalaciones de detención e incluso intentar imponer una suspensión temporal a la construcción de nuevas instalaciones privadas.
Sin embargo, los miembros del concejo y el personal de la ciudad han dejado claro que estos esfuerzos no afectarían la instalación en el centro de la controversia: un almacén de aproximadamente 540,000 pies cuadrados recientemente adquirido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el lado este de la ciudad.
¿Entonces, por qué seguir adelante con estas medidas?
El almacén ubicado en el 542 Southeast Loop 410 fue comprado por el gobierno de los Estados Unidos por más de 66 millones de dólares, e ICE, según informes, planea utilizarlo como un “centro de procesamiento” con capacidad para hasta 1,500 personas.
Estos planes han generado fuertes objeciones tanto de los residentes como de los funcionarios locales. Aparentemente, la ciudad tiene pocas opciones directas, ya que el gobierno federal no está sujeto a las regulaciones de zonificación y los procesos de permisos locales.
El jueves, el concejo municipal aprobó una resolución por 8 votos a favor y 2 en contra, solicitando al personal de la ciudad que les presente propuestas de cambios en el código y las políticas relacionadas con las instalaciones de detención y que inicie el proceso para que el concejo considere una moratoria sobre dichas instalaciones.
Las concejales Misty Spears (D9) y Marc Whyte (D10) votaron en contra de la resolución. El concejal Ric Galvan (D6) no asistió a la reunión del jueves.
La alcaldesa Gina Ortiz Jones se aseguró de aclarar con el abogado de la ciudad, Andy Segovia, que la resolución, que inicialmente no incluía una moratoria, solo cubre las instalaciones de detención administradas por el municipio o por entidades privadas.
«Solo quiero gestionar las expectativas de la gente sobre lo que realmente podemos hacer aquí», dijo.
Los cambios en el código, que podrían ser aprobados por el concejo a partir de abril, podrían incluir una nueva categoría de zonificación, la exigencia de una autorización de uso específica o la prohibición de ubicarlas a cierta distancia de usos de suelo “incompatibles”, como parques.
El personal de la ciudad indicó que una moratoria tardaría más en implementarse y solo podría durar hasta 180 días. También requeriría la aprobación del concejo.
La abogada adjunta de la ciudad, Susan Guinn, informó a los periodistas que ni la zonificación ni la moratoria afectarían la instalación de ICE en el lado este.
El concejal Jalen McKee-Rodriguez (D2), quien representa el área alrededor del almacén, instó a seguir adelante con ambas actualizaciones del código y una moratoria simultáneamente.
Al preguntarle sobre la búsqueda de regulaciones que no afectarían el “centro de procesamiento” planificado, el concejal dijo que cree que ICE está buscando detener a “mucho más” de 1,500 personas.
“Y es probable que busquen arrendar o encontrar otros propietarios privados para establecer centros de detención y expandir la presencia de estas instalaciones, independientemente de si son del gobierno federal o de una entidad privada”, dijo.
El personal de la ciudad dijo que no tienen conocimiento de ninguna instalación de detención de propiedad o administrada por entidades privadas.
Aún así, McKee-Rodriguez dijo a los periodistas: “Si podemos desempeñar un papel preventivo en cualquier problema futuro, lo haremos”.
“Puede que no podamos tomar todas las medidas que queremos, pero tomaremos las que podamos.”
El personal de la ciudad dijo que todavía está investigando otras medidas que podrían afectar el uso del almacén.
Están en conversaciones con un bufete de abogados nacional sobre “si las instalaciones y las actividades cumplen con las leyes federales aplicables, incluidas las leyes ambientales”.
También se está evaluando si se debe presionar por legislación y acciones federales para evitar el uso de la instalación.
McKee-Rodriguez y otros miembros del concejo instaron a los opositores a la instalación a contactar a los miembros del Congreso.
“Ellos están promoviendo y aceptando activamente la creación de estas instalaciones. Y luego nos echan la culpa a nosotros, redirigiéndolos a nosotros, sabiendo que no podemos detenerlos. Y eso les impide sentir esta presión”, dijo McKee-Rodriguez.
Los dos miembros conservadores del concejo, Whyte y Spears, cuestionaron cuán efectivos serían los cambios en el código de la ciudad.
“Mucho tiempo del personal, tiempo del concejo, tiempo del personal del concejo, dinero de los contribuyentes gastado en esto… Solo, supongo, para hacer una declaración”, dijo Whyte.
KSAT envió un correo electrónico a ICE solicitando comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.