Západní břeh Jordánu

El gobierno israelí aprobó este domingo una serie de medidas destinadas a fortalecer el control israelí sobre Cisjordania y facilitar la compra de terrenos en la zona a colonos judíos. Israel iniciará un controvertido proceso de registro de tierras en gran parte del territorio palestino ocupado, lo que podría llevar a la toma de control de extensas áreas de Cisjordania para futuros desarrollos. La Autoridad Palestina calificó este procedimiento como una anexión de facto, según informaron las agencias AP y Reuters.

La reacción negativa de la comunidad internacional se había desatado ya la semana anterior, tras la aprobación de otra serie de propuestas por parte del gabinete de seguridad, que buscan facilitar a los colonos judíos la adquisición de tierras en Cisjordania y otorgar a las autoridades israelíes más poder sobre la población palestina.

La decisión, anunciada inicialmente en mayo del año pasado, abre el camino para la reanudación del proceso de “regulación de derechos de propiedad”, que había estado congelado en Cisjordania desde la Guerra de los Seis Días de 1967. En la práctica, esto significa que una vez que Israel inicie el proceso de registro de tierras en una determinada área, cualquier persona que reclame la propiedad deberá presentar documentos que lo demuestren, según AP.

La organización israelí no gubernamental Peace Now, que monitorea y critica la expansión de los asentamientos judíos en territorio palestino, afirmó que este proceso probablemente resultará en “enormes expropiaciones de tierras” en detrimento de los palestinos.

“Este es un paso muy dramático que permitirá al Estado tomar el control de casi toda el Área C”, declaró Hagit Ofran, directora del programa de monitoreo de asentamientos de Peace Now. El Área C representa el 60 por ciento del territorio de Cisjordania, que, según los acuerdos alcanzados con los palestinos en la década de 1990, está bajo control militar israelí total.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, en un comunicado citado por AP, afirma, sin aportar pruebas, que la Autoridad Palestina “promueve prácticas ilegales de registro de tierras” en el Área C y que la decisión del gobierno del domingo se tomó en interés de una mayor transparencia y ayudará a resolver las disputas territoriales.

Según Ofran, este proceso podría ser “draconiano” y rara vez transparente, lo que, a su juicio, conduciría a que cualquier tierra que pase por el proceso de registro y actualmente sea propiedad de palestinos, probablemente termine bajo el control del Estado israelí.

“Los palestinos tendrán que demostrar la propiedad de una manera que nunca podrán cumplir”, dijo Ofran a AP. “Y de esta manera, Israel podría tomar el 83 por ciento del Área C, que es aproximadamente la mitad de toda Cisjordania”, advirtió. El proceso de registro podría comenzar este año, añadió.

La propuesta fue presentada por algunos miembros de extrema derecha de la coalición gobernante. “Continuamos con la revolución de los asentamientos y fortalecemos nuestra posición en todas las partes de nuestra tierra”, declaró el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que el registro de tierras es una medida esencial desde el punto de vista de la seguridad.

La oficina del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, calificó la decisión del domingo como una “grave escalada de la situación y una flagrante violación del derecho internacional”, que equivale a una “anexión de facto”. Instó a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de la ONU y a Estados Unidos, a intervenir de inmediato.

Cisjordania, donde viven más de tres millones de palestinos y más de medio millón de israelíes, debe convertirse, según las aspiraciones de los palestinos y una parte importante de la comunidad internacional, en la base de un futuro Estado palestino independiente, pero Israel lo ocupa desde 1967. En el Área C viven, según estimaciones, más de 300.000 palestinos y muchos otros habitan en pueblos cercanos que dependen de tierras agrícolas y pastizales, incluidas parcelas para las que las familias palestinas tienen títulos de propiedad o registros fiscales que se remontan a décadas, según AP.