El fin de la salderingsregeling, previsto para el 1 de enero de 2027, está generando preocupación entre los propietarios de paneles solares en los Países Bajos. Según información oficial, desde esa fecha ya no será posible compensar la electricidad excedente producida con el consumo proveniente de la red, lo que afectará directamente la factura energética de los hogares y pequeñas empresas con instalaciones fotovoltaicas.
Hasta el 31 de diciembre de 2026, la salderingsregeling permite que los usuarios con paneles solares compensen kilovatio por kilovatio la electricidad que devuelven a la red con la que consumen, evitando el pago de costos de energía, transporte y ciertos impuestos sobre esa cantidad. Sin embargo, a partir de 2027, ese mecanismo desaparecerá y los propietarios recibirán únicamente una compensación por la electricidad devuelta, cuyo importe mínimo será el 50% del tarifa base de suministro, aunque las compañías energéticas podrán ofrecer un porcentaje superior.
Además, desde 2027 las empresas suministradoras podrán aplicar cargos por la devolución de electricidad basados en sus costos reales, los cuales deberán justificar ante el cliente. Este cambio podría resultar en menores ingresos por la energía excedente vertida a la red, según indican fuentes especializadas en el sector.
El gobierno neerlandés justifica la eliminación de la regla argumentando que el sistema de saldering genera costos para las empresas energéticas, lo que a su vez puede llevar a un aumento de las tarifas para todos los consumidores, incluidos aquellos que no pueden permitirse instalar paneles solares. Asimismo, señala que la medida busca reducir la pérdida de ingresos fiscales derivada de la exención actual y fomentar un mayor autoconsumo de la energía producida en lugar de su vertido a la red.
Para los contratos energéticos que se extiendan más allá del 1 de enero de 2027, se aplicará un régimen mixto: durante 2026 seguirá vigente la saldería completa, mientras que desde enero de 2027 se implementarán las nuevas condiciones. Expertos y medios especializados recomiendan revisar las ofertas disponibles y comparar cuidadosamente los términos de los contratos, especialmente en lo referente a las tarifas de devolución y los posibles costos asociados, para mitigar el impacto económico del cambio regulatorio.
