BALTIMORE, MD – El Fiscal General Anthony G. Brown se unió hoy a una coalición de 24 fiscales generales y gobernadores para presentar una demanda que busca bloquear los últimos intentos del Presidente Trump de imponer aranceles injustos a los consumidores y empresas estadounidenses. La demanda impugna los esfuerzos más recientes del Presidente Trump para imponer aranceles a nivel mundial sin la autorización del Congreso.
“Los tribunales rechazaron el intento anterior del Presidente Trump de imponer aranceles, y sin embargo, el Presidente sigue encontrando nuevas formas ilegales de aumentar los precios de los alimentos y artículos domésticos de los que dependen los habitantes de Maryland”, declaró el Fiscal General Brown. “Nuestra oficina no se quedará de brazos cruzados mientras los presupuestos de los habitantes de Maryland se ven reducidos porque esta administración cree que está por encima de la ley”.
Durante más de un año, el Presidente Trump ha causado caos en la economía estadounidense al imponer aranceles sin la autoridad legal para hacerlo. Inicialmente, el Presidente argumentó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) le permitía imponer aranceles de cualquier monto, sobre cualquier producto, de cualquier país y por cualquier período de tiempo, simplemente declarando una emergencia. Hace dos semanas, la Corte Suprema rechazó ese argumento, concluyendo que los aranceles de la IEEPA eran ilegales.
En lugar de aceptar esa derrota, el Presidente Trump recurrió inmediatamente a una ley diferente que nunca antes se había utilizado: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y anunció aranceles del 15 por ciento sobre la mayoría de los productos a nivel mundial, aparentemente para abordar los déficits comerciales. Sin embargo, la Sección 122 no es aplicable, ya que esa ley autoriza aranceles en circunstancias limitadas, incluso cuando existen “déficits graves y sustanciales en la balanza de pagos”. Cabe destacar que un déficit comercial no es un déficit en la balanza de pagos, lo que significa que una vez más el Presidente está actuando ilegalmente.
Un análisis reciente realizado por investigadores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que casi el 90 por ciento de los costos de los aranceles en 2025 fueron pagados por los consumidores y las empresas estadounidenses. Al imponer otra ronda de aumentos de precios a los consumidores y empresas estadounidenses, el Presidente Trump está apostando por políticas económicas fallidas.
Los consumidores, las empresas y el gobierno del estado de Maryland se encuentran directamente en la mira de estos aranceles. El propio Maryland adquiere bienes importados en todas sus agencias y programas estatales, lo que convierte al estado en un consumidor sujeto a estos costos, al igual que cualquier familia o empresa de Maryland.
La demanda presentada hoy, State of Oregon, et al., v. Trump, et al., que fue presentada ante el Tribunal de Comercio de los Estados Unidos, impugna esta última ronda de aranceles. La denuncia sostiene que estas acciones del Presidente Trump y su administración violan la ley, alteran la separación de poderes constitucional y violan la Ley de Procedimiento Administrativo.
Además del Fiscal General Brown, se unieron a la presentación de la demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Una copia de la denuncia estará disponible en nuestro sitio web.
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