Los legisladores de Tennessee aprobaron esta semana una medida para reformar la controvertida ley sobre amenazas de violencia masiva en el estado. Esta normativa había provocado que niños fueran acusados de delitos graves debido a bromas o malentendidos.
Se espera que el gobernador Bill Lee firme el proyecto de ley, el cual establecerá que los funcionarios escolares solo deben reportar amenazas estudiantiles a la policía si estas son «creíbles», es decir, que exista una expectativa razonable de que se lleven a cabo. Anteriormente, cualquier administrador escolar que no reportara una amenaza de violencia masiva podía ser procesado por un delito menor.
Este cambio surge tras la presión de defensores de los derechos civiles y una investigación realizada por ProPublica y WPLN. Los reportes indicaron que muchos de los niños procesados eran estudiantes de color o personas con discapacidades; el año pasado, uno de los menores acusados de un delito grave tenía apenas 6 años.
Entre los casos documentados por ProPublica y WPLN, destaca el de un adolescente autista con discapacidad intelectual que dijo a su profesor que su mochila explotaría si alguien la tocaba. A pesar de que la policía solo encontró un conejo de peluche en su interior, el joven fue arrestado y acusado de realizar una amenaza de violencia masiva. Actualmente, la madre del menor ha interpuesto una demanda contra el distrito escolar.
Otro caso reportado terminó en un acuerdo de 100,000 dólares contra una escuela chárter pública de Chattanooga. En una demanda federal, la familia argumentó que la institución reportó erróneamente a su hijo de 11 años, quien padece autismo, ante la policía.
Asimismo, varios padres presentaron una demanda contra las Escuelas del Condisdo de Williamson, cerca de Nashville, alegando que sus hijos fueron suspendidos y arrestados injustamente tras ser acusados de hacer amenazas de violencia masiva. Aunque la junta escolar intentó desestimar el caso, un juez determinó en un fallo inicial que las familias tenían una «reclamación plausible», permitiendo que el proceso continúe.
El senador Ferrell Haile, coautor del proyecto de ley, expresó en una audiencia de comité a finales de marzo que su objetivo es evitar que estudiantes con discapacidades sean arrestados innecesariamente por declaraciones que «no tienen capacidad de ejecutar». Haile mencionó que se inspiró en la historia de un alumno de quinto grado con una discapacidad en su distrito quien, en un momento de frustración, hizo un comentario en la escuela. A pesar de que el oficial de policía escolar manifestó no querer arrestarlo, la ley lo obligaba a hacerlo independientemente de si la amenaza era creíble, lo que resultó en que los superiores del oficial cargaran al niño con un delito grave.
Durante la audiencia, Haile señaló que en algunos condados se había convertido en una práctica estándar procesar cada amenaza, incluso si se consideraba que no era creíble.
Esta postura representa un giro para Haile y la mayoría de los republicanos de Tennessee, quienes hasta el invierno pasado se negaron a respaldar un lenguaje similar. De hecho, en 2025, el senador había propuesto un proyecto para extender la ley de amenazas graves a otros lugares, como iglesias, preescolares y agencias de cuidado infantil.
En el pasado, cuando un colega demócrata le sugirió aplicar los cargos solo a quienes tuvieran la intención de ejecutar las amenazas, Haile se opuso, argumentando que los fiscales y la policía, y no los consejeros o directores escolares, debían determinar la credibilidad de la amenaza. Haile no respondió a las solicitudes de comentarios recientes.
Aunque los defensores celebran la modificación, advierten que no es una solución definitiva, ya que la ley de Tennessee aún no exige que la policía evalúe si una amenaza es creíble antes de proceder con un arresto o cargo contra un joven.
“Esta no es una solución total a las amenazas de violencia masiva”, afirmó Zoe Jamail, defensora de la infancia del Instituto Raphah. “Sin embargo, es un gran paso adelante al señalar la intención de la legislatura de que las amenazas no creíbles no deberían ser procesadas”.
