Una quinta parte de los adolescentes australianos continúa utilizando TikTok y Snapchat a pesar de la prohibición de las redes sociales impuesta en el país. Datos recientes revelan que, dos meses después de la entrada en vigor de la restricción, más del 20% de los jóvenes entre 13 y 15 años siguen accediendo a estas plataformas.
El informe, elaborado por la empresa de software de control parental Qustodio, indica que si bien el uso de TikTok y Snapchat por parte de este grupo de edad ha disminuido en comparación con los niveles previos a la prohibición, la cifra persiste, poniendo en tela de juicio la eficacia de los sistemas de verificación de edad implementados.
Esta información representa una de las primeras perspectivas sobre el comportamiento en línea de los jóvenes desde que Australia implementó la prohibición, una medida que ahora está siendo replicada por otros gobiernos a nivel mundial. Tanto el gobierno australiano como varias universidades están monitoreando los efectos de la prohibición, aunque sus hallazgos aún no se han publicado.
Según el informe de Qustodio, basado en datos recopilados de familias australianas, “entre los niños cuyos padres no han bloqueado el acceso, un número significativo continúa utilizando plataformas restringidas en los meses posteriores a la prohibición”.
La legislación exige que plataformas como Instagram, Facebook, Threads (de Meta), YouTube (de Google), TikTok y Snapchat impidan el acceso a menores de 16 años, bajo pena de multas sustanciales que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos (35 millones de dólares estadounidenses). La persistencia del uso por parte de menores pone en duda la efectividad de las medidas de control de edad actuales.
Un portavoz del regulador de internet, la eSafety Commissioner, declaró que la oficina está al tanto de los informes sobre el acceso continuo de menores de 16 años a las redes sociales y está “participando activamente con las plataformas y sus proveedores de verificación de edad… Al tiempo que continúa monitoreando cualquier falla sistémica que pueda constituir una violación de la ley”.
