El juez principal del Tribunal de Distrito de EE. UU., James Boasberg, impuso este lunes un nuevo plazo a la administración del expresidente Donald Trump en relación con la deportación de migrantes venezolanos que, según se alega, se realizó “sin el debido proceso”.
Newsweek se comunicó con la Casa Blanca por correo electrónico el lunes por la noche en busca de comentarios.
¿Por qué es importante?
La reciente decisión de Boasberg presiona a la administración Trump para que responda a las acusaciones de violar el debido proceso en la deportación de detenidos venezolanos. Los migrantes fueron expulsados de Estados Unidos en marzo después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley históricamente reservada para escenarios de guerra, en un esfuerzo que su administración justificó como una medida para atacar a miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
La inmigración, la autoridad ejecutiva y el debido proceso siguen siendo temas profundamente divisivos en la política estadounidense, y este caso podría establecer precedentes importantes sobre cómo se trata a los no ciudadanos bajo órdenes ejecutivas extraordinarias. La decisión también podría influir en los debates en curso sobre la legalidad y el alcance de los poderes migratorios presidenciales.
Lo que debes saber
El Departamento de Estado había designado a la banda criminal venezolana como una “Organización Terrorista Extranjera”. La administración deportó rápidamente a 137 personas, descritas por funcionarios como miembros de la banda, a una prisión en El Salvador. Boasberg determinó que no se les proporcionaron audiencias ni la oportunidad de impugnar su deportación.
Se presentaron desafíos legales, argumentando que a los migrantes se les negaron derechos garantizados por la ley estadounidense.
En su orden, Boasberg declaró que “el Tribunal permitirá al Gobierno articular qué medidas propone para facilitar el regreso de los Demandantes”. El juez principal de Washington, D.C., también señaló que “el remedio debe adaptarse para satisfacer el daño que ha ocurrido. El Tribunal considera que el único remedio que daría efecto a su concesión de la moción de los Demandantes sería ordenar al Gobierno que deshaga los efectos de su remoción ilegal facilitando una oportunidad significativa para impugnar su designación y la validez de la Proclamación”.
Boasberg ordenó a la administración Trump que “presente su propuesta para facilitar el regreso de los Demandantes a los Estados Unidos o para proporcionarles audiencias que satisfagan los requisitos del debido proceso” antes del 5 de enero, según la orden.
Lo que dicen
Rob Luther, profesor de derecho de la Universidad George Mason, en X el lunes: “Predigo que en 2026, el juez Boasberg hará historia como el decimosexto juez destituido por la Cámara de Representantes de EE. UU.”
Boasberg, en la orden en parte: “La Corte Suprema ya ha acordado unánimemente que facilitar el regreso de un individuo a los Estados Unidos es un remedio adecuado, uno que no altera la autoridad exclusiva de la Rama Ejecutiva en asuntos exteriores”.
¿Qué sigue?
La administración Trump podría apelar la orden de Boasberg.
