El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pospondrá por cinco días los ataques militares contra instalaciones energéticas iraníes.
Previo a este anuncio, el mandatario había advertido que Estados Unidos atacaría plantas de energía en Irán si el estratégico estrecho de Ormuz no se abría completamente. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) amenazó con atacar instalaciones energéticas en países de la región que albergan bases estadounidenses.
La amenaza de ataques a infraestructura energética ha suscitado interrogantes sobre su legalidad, especialmente considerando el impacto potencial en la población civil. Expertos legales consultados por CNN señalan que existen dos cuestiones clave a considerar: si una acción de este tipo tendría una ventaja militar “concreta y directa”, y si esa ventaja es proporcional al daño causado a civiles y al medio ambiente.
Craig Jones, profesor de derecho en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, expresó que las amenazas de Trump parecen más un acto de represalia que una estrategia con una clara ventaja militar. “La represalia, la retribución, simplemente no es admisible en términos de derecho internacional; no es legal hacerlo”, afirmó.
Incluso si existiera una ventaja militar legítima, Jones enfatizó que esto no garantizaría que la acción cumpla con el “umbral de proporcionalidad”, que exige una evaluación del impacto en la población civil. Las ventajas militares deben “sopesarse frente a los posibles efectos negativos para la población civil, la infraestructura civil, las necesidades energéticas y las necesidades de todo el país”, explicó.
Organizaciones internacionales también han expresado su preocupación. Heba Morayef, directora regional para Medio Oriente y el norte de África de Amnistía Internacional, advirtió sobre el potencial de “daños devastadores a civiles derivados de ataques contra infraestructura energética”, lo que podría constituir una violación del derecho internacional humanitario e incluso crímenes de guerra.
Ben Saul, relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, condenó tanto las amenazas de Estados Unidos como las de Irán de atacar infraestructura energética civil, calificando tales ataques, de llevarse a cabo, como “crímenes de guerra bajo el derecho internacional”.
