Washington, D.C. – El lunes, The Guardian publicó un reportaje revelador sobre la transferencia, por parte de la administración Trump, de todas las menores inmigrantes embarazadas a un único centro de detención en el sur de Texas, específicamente para negarles el acceso al aborto, debido a la prohibición total en ese estado. Expertos en salud pública y exfuncionarios han condenado estas acciones como violaciones de los derechos humanos.
Este nuevo informe se basa en una investigación conjunta realizada por Texas Newsroom y California Newsroom, publicada por Texas Public Radio (TPR) el mes pasado. Reveló que la administración ha enviado a más de una docena de menores inmigrantes embarazadas a un centro de detención en San Benito, Texas, que funcionarios de salud han señalado como médicamente inadecuado.
Los centros de detención de inmigrantes son conocidos por sus peligrosas condiciones médicas, el maltrato y la atención reproductiva inadecuada. Mujeres embarazadas bajo custodia han denunciado haber sido encadenadas y se les ha negado la atención durante y después de abortos espontáneos. Funcionarios de inmigración también han ignorado, presuntamente, a pacientes que sufren dolor, sangrado o que piden ayuda. Muchas de las jóvenes que llegan a San Benito ya han sufrido violencia sexual y otros traumas extremos, y este centro no está diseñado para brindarles el apoyo que necesitan.
Yvonne Gutierrez, Directora Ejecutiva de Reproductive Freedom for All, emitió la siguiente declaración: “Trasladar a menores embarazadas en plena noche para negarles el aborto es cruel, peligroso e imprudente. Los extremistas antiaborto moverán montañas y utilizarán recursos ilimitados para eliminar la atención que salva vidas. Estas niñas tienen tan solo 13 años, muchas de ellas son sobrevivientes de agresión sexual, y sus embarazos son de alto riesgo por definición. Los ataques antiaborto y antiinmigrantes del presidente Trump forman parte de la misma agenda que se dirige a los más vulnerables. Estas niñas han soportado traumas inimaginables, y ahora Trump las envía a un centro médicamente inadecuado y pone sus vidas en peligro para promover su llamada agenda ‘pro-familia’, sin tener en cuenta el daño colateral que esto causará. Responsabilizaremos a cualquier funcionario electo que apoye estas acciones en noviembre.”
Según informó TPR, fuentes de ORR, junto con más de una docena de exfuncionarios del gobierno, profesionales de la salud, defensores de los inmigrantes y abogados de derechos civiles, temen que la administración Trump esté poniendo en peligro a los niños en el refugio de San Benito para avanzar en un objetivo ideológico: negarles el acceso al aborto en un estado donde está prácticamente prohibido.
Jonathan White, un funcionario federal de salud de larga trayectoria que dirigió el programa de niños no acompañados de ORR durante parte del primer mandato del presidente Trump, admitió que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para atacar y restringir los derechos reproductivos de los menores bajo custodia federal. “Esto es 100% y exclusivamente sobre el aborto”, declaró White a TPR.
Como informó The Guardian, “La ‘total falta de respeto’ por los derechos de las detenidas embarazadas y lactantes es una ‘violación dramática’ del derecho internacional y las prácticas de salud pública que garantizan el tratamiento médico consensual”, dijo Diana Romero, profesora y directora del Centro de Salud Inmigrante, de Refugiados y Global en la escuela de posgrado de salud pública de CUNY.
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Durante más de 55 años, Reproductive Freedom for All (anteriormente NARAL Pro-Choice America) ha luchado por proteger y promover la libertad reproductiva a nivel federal y estatal, incluido el acceso a la atención del aborto, la anticoncepción, la atención durante el embarazo y el posparto, y la licencia familiar remunerada, para todos. Reproductive Freedom for All cuenta con el apoyo de más de 4 millones de miembros de todos los estados y distritos congresionales del país, que representan al 80% de los estadounidenses que apoyan el aborto legal.
