La administración de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos contra el presunto fraude electoral, impulsando la creación de una base de datos nacional de ciudadanos bajo la premisa de la “integridad electoral”. Esta estrategia incluye el uso de órdenes ejecutivas, el nombramiento de un fiscal con mayores facultades y el inicio de diversas demandas judiciales.
En el ámbito operativo, el Departamento de Justicia ha formalizado un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que este acceda a datos sensibles de los padrones electorales estatales. Dicha información será contrastada con un programa de verificación de ciudadanía que ha sido criticado por presentar imprecisiones.
Implicaciones financieras y presión sobre los estados
Como medida de presión hacia los estados que se han negado a entregar sus padrones electorales completos, funcionarios de la administración han planteado condicionar la entrega de cientos de millones de dólares en subvenciones de seguridad nacional. Bajo esta propuesta, los estados deberían compartir sus datos y procesar sus registros de inscripción a través del sistema federal de registros de inmigración para no perder el financiamiento.
Esta iniciativa fue sugerida por Heather Honey, funcionaria del DHS, en una comunicación con líderes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), entidad encargada de administrar dichos fondos. Previamente, el año pasado, FEMA ya había implementado requisitos para que los estados destinaran al menos el 3% de esas subvenciones a la “mejora de la seguridad electoral”.
Paralelamente, el presidente Trump ha promovido durante meses diversas afirmaciones sin fundamento sobre un fraude electoral generalizado con el objetivo de intentar justificar una toma de control federal.
Críticos de estas medidas advierten que la acumulación de vastas cantidades de datos de votantes podría utilizarse para bloquear el acceso al voto de ciudadanos elegibles y generar dudas sobre la legitimidad de las elecciones intermedias de 2026.
