La Asamblea de Representantes del Pueblo ha presentado ante la comisión de legislación general la propuesta de ley número 15 del año 2026, denominada “Seguridad Nacional Educativa”. La iniciativa, impulsada por un grupo de diputados, busca establecer un marco legal unificado para proteger los centros educativos.
La propuesta contempla penas de prisión perpetua para traficantes de drogas y autores de agresiones sexuales a menores dentro de las instalaciones escolares. Además, se establecen condenas de entre 20 y 30 años de cárcel para otros delitos cometidos en el ámbito educativo, incluyendo el acoso escolar, el grooming digital, la extorsión y el reclutamiento de menores para actividades criminales.
La ley, compuesta por 14 artículos, considera al establecimiento educativo como un espacio protegido con una seguridad jurídica específica. Actos como la venta, distribución o facilitación del consumo de drogas, las agresiones sexuales, la introducción de armas blancas u objetos peligrosos, y la formación de redes criminales, tanto dentro como en las inmediaciones de los centros educativos o a través de sus plataformas digitales, se tipificarán como delitos que amenazan la seguridad nacional educativa.
Asimismo, la propuesta prevé la creación de una Dirección General de Seguridad Nacional Educativa, dependiente del Ministerio del Interior, encargada de coordinar la seguridad y el seguimiento de los delitos relacionados con los centros educativos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención e intervención rápida.
El Estado se comprometería, según el texto, a implementar una estrategia nacional anual de protección que incluya programas de apoyo psicológico, acompañamiento sanitario y social, programas de prevención digital y planes nacionales de lucha contra la droga.
Los diputados justifican la iniciativa ante el aumento del tráfico de drogas, los casos de acoso y las agresiones sexuales a menores en el entorno escolar. Argumentan que, si bien el sistema legislativo actual ya contempla disposiciones penales al respecto, estas se encuentran dispersas en el código penal, el código de protección de la infancia y la ley n° 58 relativa a la eliminación de la violencia contra las mujeres, lo que dificulta una protección específica de los centros educativos.
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