Dos prestigiosas instituciones de educación superior en California llegaron el miércoles a acuerdos con grupos judíos o individuos que presentaron denuncias por presunto antisemitismo derivado de protestas pro-palestinas en los campus durante 2023 y 2024.
La Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley), anunció que pagará 60.000 dólares a una socióloga e investigadora de danza israelí por un incidente ocurrido en el otoño de 2023, en el que la instructora afirmó no haber sido invitada a impartir un curso a pesar del éxito de la clase.
Yael Nativ, quien fue profesora visitante en 2022, demandó ante un tribunal estatal, alegando que fue rechazada debido a su nacionalidad israelí. En ese momento, las protestas contra la guerra de Israel en Gaza se intensificaban en el campus tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.
Una investigación formal del campus el año pasado determinó que había sufrido discriminación. Nativ presentó la demanda después de solicitar a la universidad que diera seguimiento a los resultados de la investigación, readmitiéndola y tomando medidas para prevenir incidentes similares en el futuro. Alegó que no recibió una respuesta adecuada.
La universidad también emitió el miércoles una disculpa a Nativ y anunció que ha sido invitada a impartir el mismo curso “en un semestre de su elección”.
“Respeto y agradezco la decisión de la Dra. Nativ de llegar a un acuerdo en este caso”, declaró el canciller de UC Berkeley, Rich Lyons, en una declaración. “Se le debe la disculpa que ofreceré en nombre de nuestro campus. Esperamos darle la bienvenida de nuevo a la Dra. Nativ a Berkeley para que vuelva a enseñar”.
Acuerdo con Pomona College
En Pomona College, el campus llegó a un acuerdo no monetario sobre una denuncia federal presentada el año pasado ante el Departamento de Educación, alegando violaciones de las leyes de derechos civiles durante su respuesta a las manifestaciones pro-palestinas. Durante una tensa protesta en 2024, los manifestantes ocuparon una oficina administrativa, lo que provocó arrestos. Posteriormente, el colegio trasladó su ceremonia de graduación a Los Ángeles debido a un campamento instalado en el escenario del campus donde originalmente estaba programada.
Algunos estudiantes judíos afirmaron que las protestas crearon un “ambiente hostil” para ellos y acusaron a los líderes universitarios de no responder plenamente a sus denuncias ni de hacer cumplir las normas de libertad de expresión y no discriminación del campus.
El colegio anunció que contratará a un coordinador de derechos civiles del Título VI, creará un “grupo de trabajo, comité o consejo asesor” sobre la vida judía y el antisemitismo, exigirá capacitación sobre el Título VI, abogará por la colaboración con instituciones educativas israelíes y palestinas, y actualizará las políticas sobre protestas, el uso de mascarillas y la identificación. El Título VI es la parte de la ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional.
Además, Pomona dijo que considerará la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto cuando determine si una conducta es antisemita. Esta definición es controvertida para algunos grupos, incluidos los judíos de izquierda, que argumentan que establece una red demasiado amplia para definir acciones y palabras antisemitas. El colegio actualizará sus páginas web sobre no discriminación para indicar que la palabra “sionista” a menudo se utiliza como un código para “judío” y, dependiendo de las circunstancias fácticas, puede ser evidencia de una intención antisemita.
Ambos acuerdos contaron con la participación del Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos Bajo la Ley, que representó a la profesora israelí y presentó una denuncia el año pasado ante el Departamento de Educación con respecto a Pomona College. En el caso de Pomona, Hillel (una organización de vida estudiantil judía) y la Liga Antidifamación también formaron parte de la denuncia.
Si bien la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación participó en la mediación, el acuerdo en el caso de Pomona fue un acuerdo privado entre las partes.
La presidenta de Pomona College, Gabi Starr, declaró en un comunicado que la institución llegó a un acuerdo “porque el colegio se toma en serio su obligación de evaluar las denuncias de discriminación y de ver si hay medidas adicionales que podamos tomar para fortalecer un entorno de aprendizaje acogedor y de apoyo para nuestros estudiantes y para todos en Pomona”.
Starr afirmó que en “cada etapa de las discusiones durante los últimos meses, el colegio ha enfatizado que cualquier acuerdo debe proteger la libertad de expresión (incluida la protesta pacífica), la libertad académica y la investigación abierta; y debe ayudarnos a proteger a todos nuestros estudiantes, incluidos los estudiantes judíos e israelíes, de la discriminación y el acoso. En todos los sentidos, el acuerdo alcanzado lo hace”.
En una declaración, el presidente del Centro Brandeis, Ken Marcus, dijo que “las medidas descritas en este acuerdo abordarán el antisemitismo flagrante y escandaloso que enfrentan los estudiantes de Pomona, protegiendo así a los estudiantes de enfrentar un trato similar en el futuro, y esperamos que esto anime a otros a tomar medidas legales contra aquellos que violan nuestros derechos constitucionales”.
Marcus fue el exjefe de la división de derechos civiles del Departamento de Educación durante el primer mandato del presidente Trump y también trabajó para la administración de George W. Bush.
Bajo escrutinio federal
Los campus de Berkeley y Pomona han estado bajo escrutinio de la Casa Blanca de Trump por su manejo de las protestas pro-palestinas, aunque los campus han evitado la magnitud de las investigaciones, las suspensiones de subvenciones y las acciones legales que han enfrentado Harvard y UCLA.
La administración Trump en julio suspendió 584 millones de dólares de las subvenciones de investigación médica, científica y energética de UCLA después de afirmar que el campus había violado los derechos civiles de los estudiantes judíos durante las protestas pro-palestinas del año pasado. Luego exigió una multa de conciliación de aproximadamente 1.200 millones de dólares y amplios cambios en las políticas del campus.
Un juez federal levantó casi todas las suspensiones en respuesta a una demanda presentada por un grupo de profesores de la UC. El mismo juez bloqueó la propuesta de acuerdo de UCLA y dijo que creía que era probablemente ilegal.
La UC no ha firmado ningún acuerdo con Trump y ha declarado que no puede permitirse pagar la multa. Al mismo tiempo, ha indicado que está abierta a conversaciones con el gobierno sobre las preocupaciones de derechos civiles en el campus.
