Médicos preocupados por los cambios drásticos en el calendario de vacunación infantil en Estados Unidos, y el posible riesgo legal que esto podría acarrear, deberían continuar siguiendo las recomendaciones de las sociedades médicas profesionales y “hacer lo correcto” por sus pacientes, aconsejan expertos en derecho y salud pública.
En una perspectiva publicada en JAMA, un grupo de autores, incluyendo a la ex directora de los CDC, Rochelle Walensky, MD, MPH, actualmente en el Massachusetts General Hospital en Boston, buscó calmar la ansiedad generalizada en la práctica clínica después de que el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y su administración redujeran el número de vacunas universalmente recomendadas de 17 a 11 y rebajaran la categoría de otras varias, pasando de ser una recomendación rutinaria a una decisión clínica compartida o un uso basado en el riesgo.
Estas medidas han generado temores entre los clínicos sobre la exposición a demandas por negligencia, las obligaciones de consentimiento informado y la responsabilidad legal si continúan recomendando vacunas que ya no están universalmente respaldadas por los CDC y su Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP).
“Lo más importante que los clínicos deben tener en cuenta es que estas directrices no les obligan a hacer nada diferente y no cambian apreciablemente su riesgo al hacer lo que siempre han hecho”, afirmó Michelle Mello, JD, PhD, de la Universidad de Stanford en California, coautora del estudio, en declaraciones a MedPage Today.
El estándar legal para la negligencia no ha cambiado y no exige una adhesión rígida a ninguna directriz federal específica, señaló Mello.
“En mi opinión, los cambios no aumentan el riesgo de que los clínicos sean considerados responsables por las decisiones de recomendar vacunas”, dijo. “Y la razón de esto es que la ley no exige una adhesión servil a un conjunto de directrices”.
“Requiere que los médicos sean razonables, y existe una amplia jurisprudencia que demuestra que, cuando se tienen múltiples directrices autorizadas que recomiendan cosas diferentes, como ocurre aquí, está bien que un médico señale su dependencia de cualquiera de ellas”, añadió Mello.
Los dos mensajes centrales del ensayo, según Walensky, son que los clínicos siguen teniendo una base legal sólida si continúan siguiendo las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y otras sociedades profesionales importantes, incluso cuando entran en conflicto con las recomendaciones federales, y que estas sociedades deberían seguir emitiendo dichas recomendaciones.
“Y cuando lo hacen, brindan a los clínicos en ejercicio la cobertura para hacer lo correcto”, dijo.
Walensky añadió que quiere tranquilizar a los clínicos y “decirles: ‘Están cubiertos aquí y deben hacer lo correcto recomendando rutinariamente estas vacunas’”.
“Las sociedades profesionales están todas alineadas en este punto”, añadió Walensky. “Lo que ha cambiado son las recomendaciones del ACIP”.
La ley de negligencia se basa en la razonabilidad y la práctica médica aceptada, no en la adhesión estricta a una directriz federal específica, argumentan los autores. Los tribunales han reconocido desde hace tiempo que, cuando las directrices autorizadas entran en conflicto, puede coexistir más de un estándar de atención.
“Lo que siempre nos preocupa no es que los cambios en la ley obliguen realmente a los clínicos a hacer algo diferente, sino que piensen que sí”, dijo Mello. “Y por lo tanto, siempre reaccionan de forma exagerada. No quiero que esto suene despectivo, porque entiendo muy bien por qué reaccionan de forma tan defensiva. Pero puede tener resultados muy negativos para los pacientes, especialmente aquí”.
Bajo el nuevo marco de vacunación infantil, varias inmunizaciones que anteriormente eran universalmente recomendadas ahora están limitadas a grupos de alto riesgo o se han incluido en una designación de toma de decisiones clínicas compartidas. La influenza, el rotavirus, el COVID-19, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el virus sincitial respiratorio se han rebajado de una recomendación rutinaria a un modelo de toma de decisiones clínicas compartidas.
El artículo también aborda si este cambio altera las obligaciones de consentimiento informado de los médicos, otra importante fuente de ansiedad en las clínicas. Tanto Walensky como Mello dijeron que no hay razón para que estas obligaciones sean diferentes ahora.
“Siempre ha habido un proceso de consentimiento informado para estas vacunas”, dijo Walensky. “Nada de esto necesita cambiar desde un punto de vista legal. Puede ser debido al cambio de lenguaje de rutinario a toma de decisiones clínicas compartidas que los pacientes tengan más preguntas”.
“Animaría a los proveedores a abrir más un diálogo porque la gente puede tener más preguntas”, añadió. “Pero en lo que respecta al consentimiento informado específicamente, no hay nada que deba cambiar sustancialmente desde un punto de vista legal”.
La introducción del término “toma de decisiones clínicas compartidas” aún podría cambiar la forma en que algunos clínicos aborden esas conversaciones, dijo Mello.
Ese término “podría sugerir que necesita tener una larga discusión con el paciente antes de que firme en la línea de puntos, por así decirlo”, dijo. “El tipo de cosas que haríamos [si] se estuviera sometiendo a una cirugía de bypass coronario o algo así. No es así. Realmente, realmente no significa eso”.
