La caída de un régimen no siempre se produce a través de urnas o tanques. A menudo, comienza cuando el poder pierde el control del dinero, del miedo y de la narrativa, y se ve obligado a administrar su propia derrota.
En el ámbito de la política internacional, los regímenes no siempre colapsan; a veces son desmantelados. Este proceso no se desencadena por una revolución democrática repentina, sino por la lenta sustitución de sus bases materiales –finanzas, coerción, legitimidad– por una estructura externa que convierte al antiguo poder en un administrador de su propio declive. Desde enero de 2026, Venezuela parece haber entrado en esta zona gris, experimentando el primer caso contemporáneo de desmantelamiento tutelado de un régimen autoritario “desde adentro”, con la energía como principal palanca.
Si bien el episodio parece circunscrito a Venezuela, en realidad sugiere algo más amplio: una prueba piloto del nuevo orden que Washington intenta imponer a un mundo menos liberal, más transaccional y abiertamente competitivo. Si el siglo XXI comenzó con la promesa de la integración global y terminó con las consecuencias de la interdependencia, Venezuela podría convertirse en el laboratorio donde se ponga a prueba una nueva fórmula: estabilidad primero, legitimidad después; asegurar el flujo petrolero, redefinir la soberanía; restaurar las instituciones solo cuando la situación se haya estabilizado.
El regreso de la historia y la ingeniería del orden
En 1989, la caída del Muro de Berlín puso fin a la idea de que la coerción sostenida podía gobernar indefinidamente en contra de la realidad económica. En 2003, la ocupación de Irak intentó demostrar lo contrario: que el poder militar podía reescribir los Estados desde arriba. Ambos episodios –la implosión soviética y la fallida reconstrucción en Medio Oriente– se han convertido en advertencias simétricas: el colapso no garantiza la democracia; la intervención no garantiza un Estado.
Venezuela en 2026 parece una síntesis incómoda de estas lecciones. No se habla de anexión ni de ocupación formal, sino de supervisión operativa: un régimen que conserva la apariencia del poder interno mientras cede, de facto, parte de su soberanía funcional en áreas críticas. La estrategia es quirúrgica: no sustituir de inmediato al antiguo aparato –riesgo de caos– sino capturar sus palancas: dinero, petróleo, coerción y acceso al exterior.
Esta es la lógica de la tutela: evitar el vacío y, sobre todo, impedir que lo llenen las fuerzas que el propio régimen incubó –fracturas militares, insurgencias, economías ilícitas. En otras palabras, la prioridad no es el voto, sino el orden; no es la alternancia, sino la contención del colapso.
Un Estado tutelado, no un Estado ocupado
El concepto de “Estado tutelado” evoca imágenes coloniales. Sin embargo, su versión contemporánea es más sutil. Un país puede mantener la soberanía formal ante la comunidad internacional y, al mismo tiempo, ceder elementos esenciales de su soberanía práctica: control de los flujos financieros, coordinación de la seguridad, condicionamiento de la política exterior, supervisión sectorial.
En el caso venezolano, el petróleo es el punto de anclaje. La energía opera como un mecanismo de estabilización y como un instrumento de tutela. Si el flujo petrolero se garantiza bajo reglas externas, el Estado puede financiar servicios mínimos y reducir la tensión social; si ese flujo se canaliza fuera del alcance de redes predatorias internas, el viejo régimen pierde la capacidad de comprar lealtades, sostener aparatos represivos y mantener la corrupción estructural como sistema de gobernanza.
Aquí reside la paradoja: el poder formal permanece “chavista” –la élite visible, la administración cotidiana– pero el centro gravitacional del poder se desplaza. El resultado no es una transición democrática clásica, sino un interinato funcional: un gobierno provisional cuya misión implícita no es representar, sino mantener el país en pie mientras se reconfiguran las condiciones de posibilidad del Estado.
Los administradores del sistema intervenido
En toda transición real –no en las idealizadas– la continuidad es importante. La pregunta es qué se continúa. En la Venezuela tutelada, la continuidad parece ser administrativa, no soberana. Los hermanos Rodríguez, en esta lectura, ya no serían los arquitectos de un proyecto hegemónico propio, sino administradores de un sistema intervenido. Y figuras como Diosdado Cabello –símbolo de la coerción– quedarían contenidas por un nuevo marco de reglas que reduce su margen de maniobra.
La carta pública atribuida a Delcy Rodríguez, interpretada como una “declaración de supervivencia”, aporta una clave psicológica y estratégica: el régimen no proclama la victoria; racionaliza su rendición. Habla de miedo, de una “pausa forzada”, de treguas compradas con barriles. Es la retórica del poder que ya no manda, sino que intenta negociar su salida sin morir en el intento.
En una organización política que funcionó durante años con una lógica de clan, la traición tiene un precio. Por eso, la supervivencia personal y la continuidad mínima del aparato se vuelven prioritarias. La tutela ofrece una salida: cooperación a cambio de una vida política futura, o al menos de no ser borrados del mapa. El socialismo del siglo XXI no muere con épica; se repliega con cálculo.
La doctrina del nuevo orden: soberanía alta, globalismo bajo
Este esquema venezolano no puede separarse del marco doctrinal que Washington proyecta hacia Europa y el mundo: el retorno de la soberanía como condición, no como obstáculo, de la cooperación. En esta visión, la posguerra fría fue una ilusión: el liberalismo no conquistó el planeta por gravedad moral; el autoritarismo regresó con tecnología, dinero y paciencia estratégica.
El lenguaje de la nueva época es transaccional. La civilización occidental debe actuar como bloque –se afirma– y sus alianzas solo sobreviven si ambos lados son fuertes internamente. La cooperación multilateral deja de ser un altar y vuelve a ser una herramienta: sirve si produce seguridad y prosperidad; estorba si paraliza.
En este mapa, el cuadrante dominante es la soberanía nacional plena: fronteras duras, relocalización industrial, acuerdos bilaterales, aumento de la fricción comercial y un Occidente que opera más como una red de contratos que como una comunidad de valores. La consigna no es “integración”, sino “resiliencia”. Y el precio es un déficit de coordinación global que se acepta como un costo estratégico.
Venezuela, entonces, no sería un caso excepcional, sino un ensayo hemisférico: convertir la energía en un dispositivo de control geopolítico, bloquear el acceso de enemigos estratégicos (China, Rusia, Irán) y reinsertar el país en una arquitectura occidental regulada por licencias, compliance y contratos con jurisdicción segura.
Tres fases: cimientos, estructura, fachada
La tutela no se vende como tal. Se vende como una secuencia técnica.
Fase 1 (2026–2027): los cimientos. Seguridad ciudadana, control territorial, freno del colapso humanitario. Amnistía parcial como válvula de presión –pacificar sin reconciliar– y primeras garantías de derechos civiles mínimos (apertura de espacios, descompresión del miedo). La lógica es simple: sin orden no hay reconstrucción; sin descompresión no hay economía.
Fase 2 (2027–2029): la estructura. Reactivación petrolera con reglas estrictas; retorno de capital bajo marcos contractuales que reduzcan el riesgo de captura. Se busca un umbral productivo que financie la recuperación básica, la rehabilitación de servicios y la estabilización social. Aquí la energía vuelve a ser el corazón: sin flujo no hay Estado; sin reglas, el flujo alimenta al viejo monstruo.
Fase 3 (2029–2030): la fachada institucional. Elecciones, restitución de poderes autónomos, observación internacional y un nuevo pacto social. Nótese el orden: la legitimidad llega al final, como coronación de un sistema ya estabilizado, no como punto de partida.
El dilema fatal: control sin legitimidad
El problema de este diseño es tan antiguo como la política: el control puede comprarse; la legitimidad no.
Un gobierno tutelado puede adquirir estabilidad por imposición externa, por miedo residual y por mejora material. Puede comprar silencio. Pero si la sociedad percibe que la estabilidad fue impuesta –y no pactada– el resentimiento se acumula como una deuda histórica. La transición se convierte en un “equilibrio autoritario estabilizado” con rostro tecnocrático. Y el país queda atrapado: ni democracia plena, ni dictadura clásica; un limbo administrado.
Aquí aparece el riesgo estratégico mayor: una tutela sin participación real de la sociedad civil puede sembrar futuros estallidos. Y la resistencia de élites residuales –sabotaje, economías ilícitas, violencia subcontratada– puede intentar romper el esquema desde dentro.
Incluso el debate sobre figuras como María Corina Machado encaja en esta lógica: su retorno, para no incendiar el tablero, tendría que estar coordinado con el marco tutelar. En la estabilización, la calle tiene límites; la política, cronogramas; y la oposición, una tarea ingrata: presionar por legitimidad sin producir caos.
La pregunta que decide el siglo venezolano
La historia enseña que las transiciones fracasan por dos excesos opuestos: romanticismo institucional (creer que el voto por sí solo reconstruye el Estado) y cinismo estabilizador (creer que el orden por sí solo crea legitimidad). Venezuela está caminando sobre ese alambre.
Si el desmantelamiento tutelado logra convertir el petróleo en bienestar visible –electricidad, agua, salarios, servicios– y al mismo tiempo abre un espacio verificable a las libertades civiles, el país puede llegar al umbral donde las elecciones no sean un detonante, sino un cierre. Pero si la tutela se eterniza, si la economía mejora sin apertura cívica, o si el cronograma se diluye, la estabilización se convertirá en un nuevo régimen: más presentable, más eficiente, igual de ilegítimo.
Al final, el problema no es si Venezuela será estable. Es qué tipo de estabilidad comprará. Una nación no vive solo de treguas; vive de consentimiento. Y el consentimiento no se impone. Se gana. En esa frase –más que en cualquier lámina, licencia o contrato– está la clave del experimento: el día que el centro gravitacional del poder vuelva a coincidir con la voluntad civil, la tutela habrá cumplido su misión. Si no, habrá creado simplemente otra forma –más moderna, más contractual– de la misma vieja dominación.
